Organizaciones socioambientales de Entre Ríos reclaman a legisladores el rechazo a la Ley Ómnibus

Más de una treintena de colectivos de toda nuestra provincia se pronunciaron contra en la carta dirigida a los diputados nacionales que representan a Entre Ríos. "No existe razón alguna, ni argumento válido suficiente para retroceder siglos en materia ambiental", expresaron.

POLÍTICA 30 de enero de 2024 El Enfoque El Enfoque
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Más de 30 organizaciones sociales, ambientales y gubernamentales de Entre Ríos rechazaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 70/23, la denominada Ley Ómnibus y el Protocolo Antipiquetes impulsado por el presidente Javier Milei.

En una carta dirigida a los legisladores entrerrianos, más de una treintena de organizaciones firmantes detallaron punto por punto los principales retrocesos en materia de derecho con especial consideración a las modificaciones ambientales.

Mediante la carta, los colectivos exigen a los legisladores que como representantes del pueblo argentino rechacen de plano y en su totalidad el proyecto de Ley Ómnibus pues consideran que las propuestas del DNU son "profundamente inconstitucionales".

Las medidas violentan el Estado de Derecho, atacan la República y pretenden llevarse puesta la institucionalidad democrática, que además representa una enorme regresión ambiental al afectar el espíritu mismo de las leyes ambientales y los acuerdos internacionales a los cuales nuestro país ha suscripto, manifestaron en el escrito. "No existe razón alguna, ni argumento válido suficiente para retroceder siglos en materia ambiental", expresaron además.

La carta

La carta dirigida a los diputados nacionales por Entre Ríos se transcribe a continuación:

"Señoras y Señores Diputados Nacionales por la Provincia de Entre Ríos

Nos dirigimos a ustedes en relación al Proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, enviado por el Poder Ejecutivo Nacional para su tratamiento en sesiones extraordinarias. No obstante, y ante todo debemos decir que expresamos nuestro rechazo global al protocolo “antipiquetes” (Resolución  43/2023), el DNU (N°70/2023) y el proyecto de Ley Ómnibus, los cuales resultan manifiestamente inconstitucionales. El primero en tanto que a través de una resolución ministerial niega el derecho a la protesta, en un sentido que tornaría ilegales la casi totalidad de las expresiones de reclamos que legítimamente se llevan adelante en nuestro país, incluidos los propios del movimiento socioambiental. Esto con el agravante de que el Proyecto de Ley Ómnibus pretende agravar las penas de dichos supuestos «delitos» modificando el Código Penal a tal fin. Por su parte el DNU, sin acreditar ni necesidad ni urgencia en las materias incluidas se atribuye funciones legislativas y el proyecto de ley incluye modificaciones que significan una inadmisible regresión en cuestiones no solo ambientales, sino también sociales, culturales y laborales. En particular, al atribuir al presidente potestades legislativas sobre el conjunto de los temas centrales que hacen a la vida de nuestro pueblo y el futuro del país, y al atentar contra un sinfín de derechos adquiridos por los sectores populares.

Expresamos nuestra profunda preocupación por las propuestas de modificación que introduce la Ley Ómnibus sobre emblemáticas leyes ambientales construidas en el consenso democrático por este mismo Congreso Nacional, que implica una escandalosa regresión ambiental en franca contradicción con el artículo 41º de la Constitución Nacional y los más diversos y vigentes acuerdos convencionales. Nos adelantamos en esta breve introducción a exigirles, como representantes entrerrianos del pueblo argentino, que rechacen de plano y en su totalidad el proyecto de Ley Ómnibus, con especial consideración a las modificaciones ambientales propuestas en la citada Ley, que seguidamente detallaremos, por ser manifiesta y profundamente inconstitucionales, violentar el Estado de Derecho, atacar la República, llevarse puesta la institucionalidad democrática y representar una enorme regresión ambiental al afectar el espíritu mismo de las leyes ambientales y los acuerdos internacionales a los cuales nuestro país ha suscripto.

Como representantes de la voluntad popular del pueblo entrerriano y en defensa de los intereses de la Nación, deben resguardar la vigencia de las Leyes Ambientales que pone en crisis esta ley Ómnibus, haciendo especial hincapié en el resguardo de la independencia del poder legislativo, indispensable para la calidad democrática y republicana de nuestro país. En este marco, además del rechazo a las modificaciones ambientales, sostenemos que las instituciones de la democracia proveen el mejor camino para conducir nuestras demandas (ambientales en este caso) y por ende tampoco pueden permitir como legisladores nacionales la cesión de facultades del cuerpo que integran al poder ejecutivo. La Constitución Nacional es clara en las facultades que implican a cada cuerpo a los fines de balancear poderes y no prever mandatos autoritarios y/o antidemocráticos, desobedecerla por cualquier funcionario público es un acto de traición a la patria (como establece el artículo 29 de la CN). Existen holgados argumentos jurídicos, sociales, ambientales, culturales, económicos y políticos que fundan ese rechazo, y que a nuestro entender se basan en las siguientes premisas básicas que, como legisladores/as, deben cumplir y hacer cumplir a sus pares:

– Defender las demandas sociales y ambientales de sus territorios, conforme el compromiso que asumieron con su banca, como también lo impone nuestra Constitución Suprema y textos fundamentales de las Provincias;

– Acompañar las sentidas luchas y resistencias de las organizaciones ambientales y sociales, vecinos y vecinas de sus pagos, sus pueblos, que exigen la defensa de los ecosistemas forestales, cuencas hídricas y diversidad biológica y cultural para garantizar así la justa transferencia de bienes comunes de las presentes generaciones a las futuras, en cumplimiento del principio de solidaridad intergeneracional (art. 41º CN);

– Honrar el legado de sus colegas parlamentarios/as que antecedieron en la cámara alta y baja del Honorable Congreso Nacional, sancionando leyes que hoy representan el corazón de la legislación ambiental argentina (Ley de Glaciares, Ley de Bosques, Ley de Quemas, Ley de Tierras Rurales, etc), y que han sido el resultado de enormes movilizaciones eco-territoriales (muchas de ellas, entrerrianas) que ya pertenecen a toda la sociedad argentina;

– Definir sí sus intereses políticos y económicos están para servir a las mayorías populares de nuestro país y cuidar la salud de nuestros cuerpos-territorios (Madre Tierra o Pachamama) o para favorecer la renta y la riqueza de los grupos económicos nacionales y transnacionales concentrados que promueven el extractivismo que primeriza nuestra economía y quienes serían los únicos beneficiados de estas regresivas reformas ambientales;

Pasamos ahora a destacar los problemas específicos en el proyecto:

Ley 26.639 de Glaciares

Glaciares y ambientes periglaciares, ahora protegidos, ya no lo estarán y podrían ser destruidos, de aprobarse el texto del dictamen. Las modificaciones propuestas allí para cambiar las definiciones de glaciar y ambiente periglaciar tienen un claro objetivo de reducir notoriamente el área protegida. Esta regresión de proyección ambiental será utilizada para avanzar con actividades extractivistas (megaminería fundamentalmente) sobre estos ecosistemas, lo que constituye un ataque directo a uno de los patrimonios naturales más preciados de nuestra nación, los cuales albergan el 70% del agua dulce que dispone nuestro país.

Afirmamos, en este sentido, que la modificación propuesta por el PEN representa una amenaza al espíritu de esta ley, que fue sancionada gracias a la lucha colectiva de toda la comunidad que comprende la importancia de proteger las cuencas hídricas de nuestro país. Es imperativo priorizar la preservación de nuestros bienes naturales, que representan un bien común estratégico a largo plazo, por sobre intereses económicos de corto plazo. En un contexto de crisis hídrica global, retroceder en materia de protección de las altas cuencas, es un error crucial, no sólo a nivel ambiental, sino también en una dimensión geopolítica de los bienes vitales.

Solicitamos el rechazo a estas modificaciones, ya que su aprobación pondría en grave riesgo la integridad de nuestros glaciares y comprometería irreversiblemente el equilibrio ambiental de nuestras regiones cordilleranas.

La historia y la responsabilidad con las generaciones futuras nos exigen actuar con determinación para evitar el colapso de estos ecosistemas únicos e indispensables para la vida en nuestra región y el planeta.

Ley 26.562 Control de Actividades de Quema

Aumento de 30 a 90 días para la autorización de quema. Esto representa, de manera tácita, la aprobación y la desregulación de las quemas en todo el territorio nacional. Este cambio sigue siendo erróneo ya que nunca debiera haber una actividad de  uema sin autorización expresa de autoridad competente. La necesidad de controlar actividades que perjudican la salud de la población, que tienen un impacto ambiental significativo y que pueden desencadenar megaincendios (como ya es habitual en el contexto de agravamiento de la crisis climática), afectan de manera directa a las economías regionales y el entramado social.

La modificación permitiría el avance sin control de quemas para el desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones y cultivos, por sobre ecosistemas nativos. Además, este proyecto de ley desconoce el impacto sobre la salud humana que han sufrido provincias como la nuestra y las hermanas Santa Fe y Corrientes, tras la llegada del humo proveniente de las quemas. En este sentido, desprotege a la población dejándolos desamparados frente a las consecuencias de los incendios descontrolados.

Esta iniciativa socava décadas de avances en legislación ambiental y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano, poniendo en riesgo la biodiversidad y la seguridad de las comunidades.

Solicitamos el rechazo a éstas modificaciones que provocaría la liberación de los territorios al uso indiscriminado del fuego, con las ya conocidas consecuencias económicas, sociales y ambientales que aparejaría.

Ley 26.331 de Bosques Nativos

A pesar de las modificaciones respecto de la redacción original, la desfinanciación de la ley y otros cambios impuestos siguen representando una amenaza significativa a la preservación de nuestros bosques, comprometiendo la biodiversidad y la sostenibilidad de nuestros ecosistemas.

Debilitar los mecanismos de preservación constituye una amenaza inminente para la riqueza biológica y la estabilidad climática de nuestras regiones forestales. La eliminación de salvaguardias ambientales y la apertura a prácticas destructivas compromete irreversiblemente la biodiversidad única de nuestros bosques y afecta directamente a las comunidades que dependen de estos ecosistemas para su  sustento. Es imperativo que, en lugar de debilitar las protecciones forestales, se refuercen y promuevan prácticas sustentables que velen por la salud de estos pulmones verdes, esenciales para nuestra supervivencia y para la sostenibilidad de los servicios ecosistémicos que brindan a nuestra sociedad.

Solicitamos, en consecuencia, el rechazo categórico de las disposiciones que amenazan la integridad de nuestros valiosos bosques. La responsabilidad con el ambiente y con las futuras generaciones demanda una acción decidida en favor de la preservación de estos ecosistemas vitales.

Transición Energética

La llamada transición energética no puede ser desvinculada de un análisis crítico de las prácticas gubernamentales que subyacen en esta legislación. Nos negamos a aceptar una transición que, en su ejecución, socava los derechos ambientales y la participación ciudadana, subordinando la protección del ambiente a intereses económicos a corto plazo. Sostenemos entonces que una transición auténtica debe ir más allá de simples cambios en la matriz energética; debe trascender hacia un paradigma que respete y promueva la justicia social y ambiental. Abogamos por un proceso inclusivo y transparente que priorice la descentralización del poder y otorgue a las comunidades locales un papel protagónico en la toma de decisiones que afectan directamente sus vidas y entornos. Nos comprometemos a resistir cualquier transición que sacrifique la salud del planeta y la equidad social en aras de intereses particulares, y exigimos un enfoque que sitúe a las personas y al ambiente en el centro de la transformación energética.

Ley de semillas

La adhesión a la Convención Internacional sobre la Protección de Nuevas Variedades Vegetales (UPOV 91) representa la privatización de las semillas, convirtiendo un el principal elemento de la producción de alimentos, que hoy es de libre acceso, en un bien restringido para quienes llevan a cabo la actividad agrícola. Favorece a corporaciones transgénicas que se apropian de las semillas para patentarlas y destruir las bases de la agricultura basada en la reproducción y mejoramiento natural de semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad desde hace más de 10.000 años.

Adherir perjudica fuertemente a quienes producen la mayor parte de los alimentos que se consumen en el mercado interno, realizado por pequeñas y medianas producciones a partir de semillas nativas, criollas y no transgénicas. Además, no solo afecta a los más vulnerables, sino también favorece a las grandes empresas multinacionales de transgénicos, aumentando la brecha de desigualdad social.

Esta adhesión impacta en el precio de los alimentos, pone trabas a las producciones sanas, seguras y soberanas. Por este motivo debe ser desestimado el artículo, atendiendo a los reclamos que desde hace décadas las organizaciones socioambientales, campesinas e indígenas a partir de entender que las semillas no son una mercancía sino un derecho universal de los pueblos.

Ley 26.815 Manejo del Fuego

Se derogan las prohibiciones de cambio de uso del suelo después de un incendio, lo cual representa una clara regresión en la protección de los ecosistemas, promoviendo actividades que se dicen “productivas” pero que pueden tener consecuencias ambientales devastadoras. Los humedales, pastizales y bosques serán los principales perjudicados que, además, fueron los protagonistas de los últimos grandes incendios intencionales para cambios de uso de suelos.

Conclusión:

Por todo lo expresado ratificamos lo expuesto en la parte inicial de nuestra carta, instando a que en su carácter de legisladores/as rechacen las modificaciones a las leyes ambientales detalladas y la cesión de facultades propias del cuerpo legislativo al ejecutivo, que la denominada Ley Ómnibus contiene, honrando la memoria histórica y los consensos democráticos alcanzados desde el retorno a la democracia.

No existe razón alguna, ni argumento válido suficiente para retroceder siglos en materia ambiental, en contramano a los actuales debates regionales e internacionales atravesados por la crisis climática, ecológica y energética que exige proactividad del Estado en la defensa de nuestros bienes comunes y políticas públicas estratégicas para abordar el cuidado del ambiente en los términos del Art. 41º de nuestra carta fundamental.

Exhortamos a todos los legisladores/as nacionales a rechazar categóricamente dichas modificaciones, a resguardar la vigencia del Estado de Derecho Ambiental, la construcción de un Estado moderno que reafirme los compromisos climáticos y ambientales efectivizando el derecho a la progresividad ecosocial y la prohibición de retroceder en perjuicio de la naturaleza y los bienes comunes que – como ustedes saben, necesitamos como sociedad para desarrollar nuestros proyectos de vida en los territorios que amamos y que, honrando la vida, defendemos.

Para que puedan ver a sus hijos y nietos a los ojos y decirles que ustedes no son responsables ni pasibles de la pena de los infames traidores a la patria por haber otorgado la suma del poder público, ni facultades extraordinarias por las que la vida y fortuna del pueblo Argentino queden a merced de persona alguna.

Estimados legisladores y legisladoras tienen la responsabilidad histórica de rechazar las reformas legales ambientales descriptas y evitar que en nombre de la libertad de mercado y la promoción de las inversiones, nuestro país ingrese en un camino sin retorno, de daños ambientales irreversibles en el mediano y corto plazo, con impactos concretos en la vida urbana y rural de la población, que en términos sociales se traducirá en mayores niveles de pobreza, desigualdad e indigencia en cada uno de los territorios que honraron representar y defender, ya que lo social es ineludible de lo ambiental, y viceversa.

Adhesiones

Multisectorial por los Humedales Paraná

Unidad de Vinculación Ecologista – Fundación La Hendija

Fauna Cultural y Ambiental

Radio Comunitaria Sapukay

Colectivo Docente

Mujeres Tramando

Fundación Eco Urbano

Partido Comunista Argentino

Cuidadores de la Casa Común

Multisectorial golfo San Matías

Taller Flotante

INTA

Nuestramerica Movimiento Popular

Multisectorial Santa Catalina

Red Ecosocialista MST

Fundación Inalafquen

Somos Humedales Victoria

Una Huella Verde

Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas

Colectivo de Acción por la Justicia EcoSocial

Foro Ecologista de Paraná

SOESGyPE

Grupo Güerta y Energía

Nodo Brote Nativo

Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta

Vecinos por Humedales del Río Uruguay

Río Feminista

Guardaparques de Entre Ríos

Colectivo ambiental Basta es Basta Basavilbaso

Colectivo EcoSocial

Democracia si

Acción Ambiental Baradero

Asamblea Arbolado Paraná

Docentes Por la Libertad de los Ríos

Reserva Laguna Verde

Organizaciones que realizan su trabajo a lo largo de toda la Provincia, desde Paraná, Victoria, Villa Elisa, Concordia, Concepción del Uruguay, San Salvador, Federal, Villaguay, Santa Elena, Larroque, Islas del Paraná, Colón, Colonia Avellaneda, entre otras".

CONCORDIA

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