Reforma previsional: un ex presidente del STJ advirtió que la ley podría desatar una ola de juicios por inconstitucionalidad

El debate por la reforma previsional sumó una nueva voz de peso institucional. El ex legislador y ex presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, formuló severas objeciones al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y advirtió que varios de sus artículos podrían ser declarados inconstitucionales.

En declaraciones al programa Debate Abierto Radio, el ex magistrado sostuvo que el Gobierno pretende justificar la iniciativa bajo una supuesta situación de emergencia que, a su entender, "no existe" en términos jurídicos.

"Es falaz hablar de emergencia cuando el déficit de la Caja no es un hecho imprevisto, sino un problema estructural de hace 40 años que la Nación debería estar cubriendo en función de los convenios vigentes", afirmó.

Para reforzar ese argumento, ejemplificó que una emergencia responde a situaciones extraordinarias e inesperadas, "como un choque en una esquina o la caída de un rayo", y no a un desequilibrio financiero histórico.

"Una verdadera barbaridad"

Otro de los aspectos que cuestionó fue la posibilidad de delegar facultades al gobernador o al presidente de la Caja de Jubilaciones para reglamentar aspectos de la futura ley.

En ese sentido, calificó esa previsión como "una verdadera barbaridad" y sostuvo que decisiones de esa naturaleza deben permanecer bajo la órbita del Poder Legislativo.

Además, interpretó que la iniciativa busca dificultar futuras declaraciones de inconstitucionalidad y anticipó que la norma será objeto de múltiples impugnaciones judiciales.

"Habrá una catarata de juicios"

Castrillón consideró que, si el proyecto es aprobado sin modificaciones, se producirá una presentación masiva de amparos por parte de jubilados y futuros beneficiarios.

Según explicó, la modificación en el cálculo de los haberes (que tomaría 20 años de aportes en lugar de 10) implicará una reducción de las futuras prestaciones y afectará derechos adquiridos.

"No es lo mismo lo que me pagan hoy que lo que pretenden pagarme después", sostuvo.

También cuestionó el impacto económico

El ex presidente del STJ también relativizó el beneficio fiscal que obtendría la provincia con la reforma.

Según estimó, el ahorro rondaría los 5.000 millones de pesos, una cifra que consideró reducida frente a un déficit mensual cercano a los 42.000 millones.

Por otra parte, cuestionó que algunos legisladores oficialistas hayan iniciado sus propios trámites jubilatorios antes de la eventual entrada en vigencia de la reforma.

Finalmente, también puso en tela de juicio la intervención del Fiscal de Estado durante el tratamiento legislativo, al señalar que su función institucional es representar jurídicamente al Poder Ejecutivo y defender la norma en caso de futuras impugnaciones, por lo que entendió que su opinión no puede considerarse neutral.