La polémica por la nueva tanda de contratos no renovados en la Municipalidad de Concordia dejó de ser únicamente un conflicto con los trabajadores para transformarse en un hecho político e institucional.

Mientras el Ejecutivo municipal continúa sin brindar una explicación oficial sobre las más de 100 desvinculaciones denunciadas por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Concejo Deliberante dio este jueves una señal que no pasó inadvertida: por unanimidad, concejales del oficialismo, de la oposición y de La Libertad Avanza resolvieron convocar al secretario de Hacienda y Coordinación de Gabinete, Pablo Ferreyra, para que explique cómo y por qué se ejecutó la medida.

La decisión marcó un punto de inflexión en el tratamiento político del conflicto.

El oficialismo tomó distancia

Uno de los momentos más significativos de la sesión se produjo cuando la concejal oficialista Eliana Lagraña expresó públicamente que la no renovación de contratos "no fue una decisión de la que los concejales oficialistas hemos formado parte" y sostuvo que Ferreyra, junto a su equipo, fue quien llevó adelante la ejecución de la medida.

Sus declaraciones reflejaron un cambio de escenario respecto de episodios anteriores, cuando desde el propio oficialismo se defendían las decisiones del Ejecutivo frente a cuestionamientos similares.

La convocatoria al funcionario fue acompañada por la totalidad del cuerpo deliberativo, lo que trasladó el debate desde el plano gremial al ámbito institucional.

Un debate que ya había comenzado

La situación se produce pocos días después de que Diario El Enfoque publicara un análisis sobre los cambios internos registrados en el gabinete municipal y los interrogantes que comenzaban a surgir respecto de la conducción política de la gestión.

Desde entonces, distintas señales públicas reforzaron ese escenario.

El ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, planteó la necesidad de fortalecer los espacios de diálogo dentro de la coalición gobernante, mientras que la presidenta del PRO Entre Ríos, Nancy Ballejos, sostuvo que el frente que llevó a Francisco Azcué al gobierno "no puede ser solamente un frente electoralista, sino también un frente de gestión", además de reclamar una mesa política más amplia y con mayor participación.

Si bien ninguno de esos dirigentes cuestionó directamente al intendente, sus declaraciones coincidieron en un mismo punto: la necesidad de ampliar los consensos y fortalecer el funcionamiento político de la coalición gobernante.

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El silencio continúa

En paralelo, la Municipalidad mantiene silencio sobre las desvinculaciones denunciadas por ATE.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuántos contratos no fueron renovados, cuáles fueron las áreas alcanzadas ni qué criterios se utilizaron para adoptar la decisión.

Ese vacío de información fue uno de los aspectos más cuestionados durante la sesión del Concejo, donde concejales de la oposición remarcaron que el Ejecutivo tampoco brindó explicaciones públicas sobre una medida que, según denuncian, afecta a trabajadores de distintas áreas municipales.

El silencio de los gremios también quedó bajo la lupa

A la controversia por las desvinculaciones también se sumó el escaso protagonismo de los principales gremios municipales. Durante la sesión del Concejo Deliberante, concejales de la oposición cuestionaron la ausencia de representantes sindicales en el recinto y reclamaron una posición más firme frente a la pérdida de puestos de trabajo. En la misma línea, desde ATE señalaron públicamente que, más allá del acompañamiento de su organización a los trabajadores afectados, no hubo pronunciamientos ni medidas visibles por parte de otros sindicatos municipales, una situación que comenzó a generar interrogantes y comentarios dentro del ámbito político y entre los propios empleados comunales.

Más que un conflicto laboral

Lo ocurrido parece marcar un cambio en el desarrollo del conflicto.

A la denuncia gremial por las desvinculaciones se sumaron ahora pedidos institucionales de explicaciones, la decisión del oficialismo de convocar a un funcionario clave del gabinete y nuevas señales políticas que vuelven a poner bajo análisis la forma en que se adoptan las decisiones de mayor impacto dentro del Ejecutivo municipal.

El debate, de esta manera, comienza a exceder la discusión sobre la reducción de personal y se instala sobre otro interrogante que gana cada vez más espacio en el escenario político local: cómo se construyen las decisiones dentro de la gestión y cuál es el nivel de consenso político que hoy las acompaña.