¿Por encima de la Justicia? Del Valle defiende los decretos de Azcué que dejaron a trabajadores en la calle y abre un interrogante mucho mayor

La Municipalidad volvió a apelar un fallo que ordenó reincorporar a un empleado y pagarle los salarios adeudados. El secretario Legal y Técnico insiste en que el Ejecutivo podía anular por decreto las contrataciones que consideraba irregulares, sin recurrir previamente a la Justicia. Pero detrás de los dos casos que ya llegaron a la instancia judicial habría más de 50 reclamos laborales. Algunos trabajadores ni siquiera habían sido funcionarios políticos. La discusión ya no pasa solamente por las decisiones de la gestión anterior, sino que también alcanza al respeto por los derechos adquiridos, los límites del poder municipal y el costo humano de dejar a una persona sin trabajo mientras se discute su situación en los tribunales.

La defensa que hizo Ignacio Del Valle, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Concordia, de las decisiones administrativas adoptadas por el gobierno de Francisco Azcué deja una pregunta difícil de esquivar: ¿puede el Ejecutivo municipal convertirse en juez de sus propias decisiones y quitarle a un trabajador derechos laborales mediante un decreto, simplemente porque considera que su contratación fue irregular?

La pregunta no es menor, y mucho menos después de que la Cámara Contencioso Administrativa de Concepción del Uruguay ordenara reincorporar a un trabajador municipal y pagarle los salarios que dejó de percibir tras ser desvinculado por la actual administración.

En una entrevista concedida al programa Despertá con Nosotros, de Oíd Mortales Radio, Del Valle confirmó que el Municipio presentó una segunda apelación ante el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Su explicación volvió a girar sobre el mismo argumento: las contrataciones realizadas durante la gestión anterior habrían sido irregulares y, por lo tanto, el propio Municipio estaba facultado para dejar sin efecto los decretos que las habían establecido.

Pero es precisamente ahí donde aparece el conflicto jurídico e institucional.

El problema no es solamente si las contrataciones originales estuvieron bien o mal hechas. El problema es quién tiene la facultad de determinar su invalidez y qué procedimiento debe respetarse cuando esas decisiones ya generaron derechos para los trabajadores.

El atajo administrativo que terminó en los tribunales

Del Valle reconoció que el Municipio había evaluado dos caminos: iniciar una acción judicial para que se declarara lesivo el acto administrativo o dictar directamente un nuevo decreto para dejar sin efecto el anterior.

La primera alternativa implicaba acudir a la Justicia y esperar una resolución. La segunda permitía al Ejecutivo avanzar con las desvinculaciones sin aguardar ese pronunciamiento.

El funcionario explicó que optaron por este último camino porque consideraban que los actos originales tenían nulidades absolutas.

Sin embargo, la Cámara Contencioso Administrativa no compartió ese criterio y cuestionó el procedimiento utilizado por la Municipalidad.

La cuestión merece ser explicada con claridad: que una administración considere irregular una contratación no significa que automáticamente pueda desconocer los derechos que esa contratación generó. Una cosa es investigar, revisar y cuestionar un acto administrativo; otra muy distinta es atribuirse la facultad de anularlo unilateralmente cuando existen derechos laborales en discusión.

La existencia de irregularidades, si las hubo, debe demostrarse. Y el procedimiento para corregirlas tampoco puede quedar librado a la voluntad de los funcionarios de turno.

La Justicia demora, pero eso no habilita a pasar por encima del procedimiento

Uno de los pasajes más reveladores de la entrevista fue cuando Del Valle reconoció que la vía judicial de lesividad implicaba esperar los tiempos de la Justicia. “Sabemos que la Justicia no es lo más celera que uno pretende”, sostuvo.

Entonces, el Municipio sí sabía que existía una alternativa judicial para discutir la validez de las contrataciones, pero consideró conveniente avanzar mediante un decreto para evitar esa espera.

Ahora bien, ¿desde cuándo la demora de la Justicia habilita a un gobierno a elegir el procedimiento que más le conviene?

La administración pública no puede funcionar bajo el principio de que, cuando los tiempos judiciales resultan incómodos, el Ejecutivo está autorizado a resolver por su cuenta aquello que debería someter a los tribunales.

Los procedimientos legales no son obstáculos burocráticos que los funcionarios pueden esquivar cuando consideran que tienen razón. Son precisamente los límites que deben respetar quienes ejercen el poder.

Más de 50 reclamos: ¿casos aislados o un criterio de gobierno?

Los dos expedientes mencionados por Del Valle no representan toda la dimensión del conflicto laboral que se abrió en la Municipalidad de Concordia.

Según información vinculada a los reclamos que llevan adelante distintos letrados consultados por Diario El Enfoque, existirían decenas de presentaciones relacionadas con desvinculaciones y situaciones laborales cuestionadas durante la actual administración.

Aunque cada expediente tiene sus particularidades y deberá ser analizado judicialmente, la cantidad de reclamos plantea una pregunta que el gobierno municipal debería responder: ¿estamos ante una serie de situaciones individuales o frente a un criterio administrativo que se aplicó de manera generalizada?

Mientras Del Valle concentra buena parte de su argumentación en dos exfuncionarios de la gestión anterior que habrían pasado a planta permanente antes del cambio de gobierno, otros reclamos involucrarían a trabajadores que ni siquiera habían ocupado cargos políticos.

Es decir, no todos los casos pueden colocarse dentro del mismo relato de supuestos beneficios concedidos a funcionarios salientes.

La discusión, entonces, excede la disputa política entre la administración de Azcué y sus antecesores. También involucra a trabajadores que sostienen haber adquirido derechos laborales y que terminaron fuera de sus puestos por decisiones del actual gobierno.

Los decretos duran segundos. Las consecuencias pueden durar años

Hay algo que parece quedar relegado detrás de las explicaciones técnicas de los funcionarios y eso es el costo humano de estas decisiones.

Cuando un trabajador es desvinculado, no pierde solamente un puesto dentro de la estructura municipal, sino que también pierde ingresos, estabilidad, previsibilidad y la posibilidad de sostener económicamente a sí mismo y/o a su familia.

Debe afrontar gastos, deudas, incertidumbre, angustia, estrés y las consecuencias que toda esta situación puede tener sobre su salud mental y, en muchos casos, el desgaste de iniciar un proceso judicial para recuperar algo que considera que ya le correspondía. Y, aun cuando finalmente la Justicia le dé la razón, el tiempo perdido no se recupera con una sentencia.

Los salarios adeudados pueden ser objeto de una condena y eventualmente pagarse, pero nadie devuelve los años de incertidumbre, el sufrimiento familiar, el deterioro económico ni el impacto personal de sentirse expulsado injustamente de su trabajo.

Tampoco se recupera fácilmente la dignidad de una persona que debe acudir a los tribunales para que se reconozca una situación laboral que considera legítimamente adquirida.

Por eso, reducir estos conflictos a una discusión entre decretos de una gestión y decretos de otra es desconocer la dimensión humana de las decisiones administrativas.

Del Valle puede discrepar con la Justicia, pero debe respetar sus límites

En la entrevista, el secretario Legal y Técnico sostuvo que el municipio no comparte el criterio de la Cámara Contencioso Administrativa y defendió que el propio organismo que dictó un acto puede subsanar sus nulidades sin necesidad de una declaración judicial.

Tiene derecho a sostener esa interpretación y a recurrir las resoluciones que considere equivocadas. Para eso existen las instancias de apelación.

Pero una cosa es defender una posición jurídica y otra es transmitir que la voluntad del Ejecutivo puede imponerse sobre los derechos de los particulares hasta que algún tribunal consiga corregirla.

La Municipalidad no está por encima de la ley. Tampoco sus abogados y funcionarios tienen atribuciones para decidir, por su sola interpretación, que un trabajador carece de derechos que la Justicia podría reconocerle.

Si las contrataciones fueron irregulares, que se investigue. Si hubo responsabilidades, que se determinen. Si corresponde declarar la nulidad de determinados actos, que se utilicen los procedimientos legales.

Lo que no puede naturalizarse es que, bajo el argumento de corregir decisiones de una gestión anterior, el costo de esa disputa termine recayendo sobre trabajadores y familias que quedan obligados a defender judicialmente su fuente de ingresos.

Gobernar no es solamente tener la facultad de firmar decretos. También es saber que esa facultad tiene límites. Y cuando esos límites se desconocen, no es el funcionario que firma el decreto quien primero paga las consecuencias: es un ser humano que se queda sin empleo.

Otro revés judicial para Azcué: la Justicia ordenó reincorporar a un empleado municipal y pagarle los salarios adeudados