Otro revés judicial para Azcué: la Justicia ordenó reincorporar a un empleado municipal y pagarle los salarios adeudados

La Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió que la Municipalidad de Concordia deberá reincorporar a un trabajador que había sido dado de baja por decisión del Ejecutivo y abonarle todos los haberes que dejó de percibir desde febrero de 2024 hasta su efectiva restitución al cargo.

El fallo representa un nuevo revés judicial para la gestión del intendente Francisco Azcué y cuestiona el procedimiento utilizado por el Municipio para dejar sin efecto una situación administrativa que había generado derechos a favor del empleado.

Uno de los puntos centrales de la sentencia es que la administración municipal no puede revocar unilateralmente un acto administrativo que otorgó derechos y adquirió firmeza, aun cuando considere que existieron irregularidades en su origen.

Los abogados patrocinantes del trabajador, María de los Ángeles Petit y Matías Llados, explicaron que, ante cuestionamientos sobre la legitimidad de un acto administrativo firme, la Constitución de Entre Ríos, en su artículo 60, y la legislación vigente establecen que corresponde al Poder Judicial determinar su invalidez.

En ese sentido, sostuvieron que el Municipio debía promover una acción judicial de lesividad para obtener la anulación del acto, en lugar de disponer directamente la baja del trabajador mediante un decreto.

La Cámara cuestionó las facultades del Ejecutivo

De acuerdo con lo explicado por los abogados, la Cámara consideró que el decreto mediante el cual se dejó sin efecto la situación administrativa del empleado presentaba graves vicios de competencia y objeto.

En particular, entendió que el Ejecutivo municipal se atribuyó facultades reservadas al Poder Judicial y desconoció la estabilidad de un acto administrativo que había adquirido firmeza.

Por ese motivo, la resolución no se limita a ordenar la reincorporación del trabajador. También dispone que la Municipalidad deberá pagar los haberes que dejó de percibir desde febrero de 2024 hasta el momento en que se concrete su efectiva restitución al cargo.

A esos montos se les deberá aplicar una actualización del 8% mensual más la Tasa Activa del Banco Nación, según lo establecido en el pronunciamiento judicial.

La apelación y el impacto económico para el Municipio

La sentencia tiene 20 páginas y todavía no se encuentra necesariamente firme. La Municipalidad cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar el recurso correspondiente, por lo que es esperable que el Ejecutivo intente llevar la discusión a una instancia superior.

Los abogados señalaron que los procesos contencioso-administrativos suelen extenderse durante períodos prolongados y que recién comienzan a resolverse demandas correspondientes a 2024.

En ese contexto, advirtieron sobre las consecuencias económicas que podrían afrontar las arcas municipales a medida que avancen las causas iniciadas por trabajadores afectados por las decisiones adoptadas durante la actual gestión.

"Antes de la finalización de esta gestión, la Municipalidad tendrá que enfrentar los resultados de una política de ajuste sobre el empleado público totalmente ilegítima y responder con sumas millonarias la improvisación legal del tratamiento de este tema", expresaron Petit y Llados.

El pronunciamiento también deja planteado un criterio jurídico sobre los límites de las facultades del Poder Ejecutivo municipal para revisar sus propios actos administrativos y la obligación de respetar las garantías del debido proceso.

La discusión judicial, por lo tanto, excede la situación particular de un trabajador: pone en cuestión el procedimiento elegido por el gobierno de Azcué para instrumentar determinadas bajas dentro de la administración municipal.