La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) solicitó al Servicio Penitenciario provincial que derogue la circular implementada durante la pandemia que limita el ingreso de visitantes a las unidades penales. El planteo se realizó durante una reunión en la que también se analizaron las condiciones de alojamiento de los internos y la capacidad del sistema de monitoreo electrónico, que actualmente supervisa a 216 personas y funciona prácticamente al límite de sus recursos.

Del encuentro participaron los vocales Miguel Ángel Giorgio y Daniel Carubia, y la vocal Claudia Mizawak, junto a funcionarios del Gobierno provincial y autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados con las condiciones de detención, entre ellos la alimentación, el régimen de visitas, el acompañamiento social y las posibilidades de acercamiento familiar de las personas privadas de libertad.

El reclamo por el régimen de visitas

Uno de los puntos centrales fue la continuidad de las restricciones para el ingreso de familiares y allegados a las unidades penales, establecidas mediante una circular durante la pandemia.

Desde el Servicio Penitenciario se explicó que la limitación de visitantes responde a cuestiones de seguridad y funcionamiento institucional. Según se informó, una ampliación significativa de los ingresos podría generar mayores dificultades en las tareas de identificación, control y verificación de los vínculos familiares.

Sin embargo, la Sala Penal pidió dejar sin efecto esa disposición y reclamó que se garantice el régimen de visitas conforme a lo establecido en la legislación vigente.

El planteo pone nuevamente en discusión las restricciones que continúan aplicándose a las visitas en los establecimientos penitenciarios, pese a que la medida fue adoptada originalmente en el contexto de la emergencia sanitaria.

Alimentación y acercamiento familiar

Otro de los aspectos consultados fue la alimentación diaria de las personas detenidas. Las autoridades penitenciarias informaron que cada unidad cuenta con un presupuesto para adquirir insumos a proveedores locales, con los cuales se confeccionan menús semanales. También se contemplan dietas especiales por razones de salud, bajo supervisión del área de Sanidad.

En cuanto al contacto familiar, se indicó que el Servicio Social realiza entrevistas periódicas con los internos y gestiona, cuando corresponde, traslados a unidades penales más cercanas a sus domicilios.

También se mencionó la implementación de videollamadas como una alternativa para sostener el vínculo con familiares, especialmente cuando las distancias dificultan las visitas presenciales.

El monitoreo electrónico funciona casi al límite de su capacidad

Durante la reunión también se presentó un informe sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario, que actualmente supervisa a 216 personas distribuidas en 28 localidades entrerrianas.

El organismo dispone de 240 dispositivos, de los cuales 216 están instalados y en funcionamiento. Los 24 restantes integran la reserva técnica: 16 se encuentran en reparación y solamente ocho están disponibles para reemplazos y contingencias.

La distribución de las personas supervisadas comprende a 39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4, 153 condenados con arresto domiciliario bajo modalidad GPS y otras 24 personas alojadas en unidades penales que cuentan con autorizaciones para realizar salidas laborales o familiares.

El informe advierte que la capacidad de incorporación de nuevos dispositivos se encuentra prácticamente agotada.

Concordia, segunda ciudad con más personas monitoreadas

La distribución territorial muestra una importante concentración de casos en las principales ciudades de la provincia.

Paraná encabeza el registro, con 85 personas supervisadas, seguida por Concordia, con 60. Luego aparecen Concepción del Uruguay, con 17, y Gualeguaychú, con 10.

El Centro cuenta con 12 funcionarios destinados a las tareas de supervisión y cinco técnicos. El servicio funciona durante las 24 horas, los 365 días del año, mediante guardias rotativas.

La actividad que demanda el sistema también refleja la dimensión de la tarea: se registran aproximadamente 6.000 eventos diarios, de los cuales entre 400 y 500 requieren atención, evaluación o intervención de los operadores.

Entre las funciones se encuentran el seguimiento de alertas, las comunicaciones con las personas monitoreadas y sus referentes, las verificaciones policiales y el control de los desplazamientos autorizados.

El dispositivo también interviene ante emergencias médicas y situaciones que podrían comprometer la seguridad de las víctimas, en coordinación con organismos judiciales, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas policiales.

La supervisión electrónica permite que determinadas personas cumplan medidas judiciales fuera de los establecimientos penitenciarios, bajo mecanismos tecnológicos de control, y contribuye a reducir la ocupación de plazas carcelarias.

No obstante, los datos presentados ante el STJER muestran que el sistema cuenta con un margen muy reducido para incorporar nuevos casos, en un contexto en el que también se encuentran bajo análisis las condiciones de alojamiento y el funcionamiento de las unidades penales de Entre Ríos.