Del silencio por más de 100 bajas de contratos a una cesantía con nombre y apellido: el giro en la estrategia comunicacional del Municipio

La cesantía de un empleado municipal difundida este jueves por la Municipalidad de Concordia volvió a poner en escena el debate sobre la política de personal  y la crisis de la gestión del intendente Francisco Azcué. Sin embargo, el caso también dejó al descubierto un marcado contraste en la forma en que el Ejecutivo decidió comunicar dos situaciones que, aunque vinculadas al empleo público, recibieron tratamientos institucionales completamente diferentes.

Esta semana, más de un centenar de trabajadores contratados dejaron de pertenecer a la planta municipal. La decisión generó incertidumbre durante los días previos y terminó de confirmarse el miércoles 1 de julio, cuando muchos de los empleados descubrieron que ya no podían registrar su ingreso en el sistema de control horario, mientras que otros fueron notificados mediante mensajes de WhatsApp.

Pese al impacto social y político de la medida, el Municipio no difundió un comunicado oficial explicando los motivos de las desvinculaciones, los criterios utilizados para definirlas ni la cantidad de contratos que no serían renovados.

La ausencia de una explicación institucional alimentó el debate público y derivó en fuertes cuestionamientos de la oposición, sindicatos y distintos sectores políticos.

El Concejo intervino

La tensión alcanzó su punto más alto durante la sesión del Concejo Deliberante, donde el tema ocupó buena parte del debate político.

Frente a los cuestionamientos, el cuerpo resolvió por unanimidad convocar al secretario de Hacienda y Coordinación de Gabinete, Pablo Ferreyra, para que brindara explicaciones sobre la política de personal aplicada por el Ejecutivo y los fundamentos de las recientes desvinculaciones.

La convocatoria reflejó la dimensión política que había adquirido el tema, incluso dentro del propio oficialismo, cuyos concejales acompañaron la citación.

Un cambio de agenda

Horas después de esa sesión, la Municipalidad difundió una gacetilla oficial anunciando la cesantía del empleado Gustavo Gutiérrez.

En el comunicado, el Ejecutivo informó que el agente acumuló más de cincuenta inasistencias injustificadas y que, durante el horario en que debía cumplir funciones para la Dirección de Higiene Urbana, desarrollaba una actividad privada atendiendo una peluquería céntrica.

La comunicación oficial identificó al trabajador con nombre y apellido, precisó el área donde prestaba servicios, mencionó que anteriormente había sido asesor de la concejal Claudia Villalba y sostuvo que la decisión forma parte de una política destinada a fortalecer los controles internos, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que cada agente cumpla efectivamente con sus obligaciones.

La difusión modificó el eje del debate público. La discusión, hasta entonces concentrada en las más de cien bajas de contratos y en los pedidos de explicaciones al Ejecutivo, pasó a centrarse en un caso individual presentado por la propia administración como ejemplo de las medidas de control que impulsa sobre el empleo municipal.

La respuesta de la defensa

La reacción no tardó en llegar.

La abogada Cielo Petit, defensora de Gustavo Gutiérrez, sostuvo que la versión difundida por el Municipio es "parcial, sesgada e interesada" y recordó que el expediente ya se encuentra judicializado.

Según la letrada, durante el sumario administrativo se desconocieron certificados médicos, no se produjeron pruebas solicitadas por la defensa y se omitió valorar documentación presentada durante el trámite. También denunció que su defendido fue víctima de persecución política y cuestionó la exposición pública del caso antes de que exista una resolución judicial definitiva.

La defensa sostiene que la legalidad del procedimiento será ahora revisada por la Justicia.

Dos formas de comunicar una misma política

Más allá del expediente puntual, el episodio dejó planteado otro interrogante.

Mientras las recientes bajas masivas de contratos fueron ejecutadas sin una comunicación institucional que explicara sus fundamentos, el Ejecutivo optó por difundir con amplio detalle la cesantía de un agente de planta, identificándolo públicamente y describiendo las conductas atribuidas durante el sumario administrativo.

Ese contraste abrió un nuevo debate sobre la estrategia comunicacional adoptada por la gestión en medio de una de las mayores controversias vinculadas al empleo público desde el inicio del mandato de Azcué.

A ello se sumó un nuevo capítulo político. El coordinador de Gabinete, Pablo Ferreyra, quien debía concurrir este viernes al Concejo Deliberante para responder las consultas de los concejales, informó horas antes de la convocatoria que no podría asistir debido a compromisos de agenda, por lo que el cuerpo deberá definir una nueva fecha para su comparecencia.

En ese contexto, la discusión ya no se limita únicamente a la situación de un trabajador o a la validez de un sumario administrativo. El foco también se trasladó a la forma en que el Ejecutivo comunica sus decisiones en materia de empleo público y al impacto político que esas decisiones generan en una administración atravesada por el debate sobre la reducción de personal.

Un debate que trasciende un caso

Abogados que patrocinan a empleados municipales sostienen que el caso de Gutiérrez no constituye un hecho aislado y aseguran que existen otros expedientes judicializados en los que se cuestionan procedimientos administrativos similares. Desde el Ejecutivo, en cambio, sostienen que cada decisión responde a situaciones particulares.

Más allá de las responsabilidades que eventualmente determine la Justicia en cada expediente, el interrogante que comienza a aparecer es si los casos conocidos hasta el momento constituyen hechos aislados o forman parte de una modalidad administrativa que se repite en distintos procesos de desvinculación de personal.

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