Entre Ríos quedó afuera del nuevo esquema nacional para concesionar rutas con peaje

El Gobierno nacional oficializó el Decreto 253/2026, que habilita a un grupo de provincias a tomar el control de tramos de rutas nacionales bajo el sistema de concesión por peaje. Entre Ríos no figura entre las jurisdicciones incluidas en esta primera etapa.

La medida, firmada por el presidente Javier Milei, delega facultades en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz para que puedan licitar, adjudicar y administrar obras viales en sus territorios.

Litoral con asimetrías

El dato tiene impacto regional: Santa Fe y Corrientes sí fueron incluidas, mientras que Entre Ríos quedó al margen del esquema, pese a su ubicación estratégica en los corredores del Mercosur.

La ausencia no es menor. El decreto apunta a que las provincias puedan gestionar obras, definir concesiones y financiar trabajos a través del cobro de peajes, una herramienta clave en un contexto de fuerte retracción de la obra pública nacional.

Qué cambia con el decreto

El esquema permite que las provincias:

- Liciten y adjudiquen concesiones viales

- Ejecuten obras de mantenimiento, ampliación y reparación

- Financien los trabajos mediante peajes

Aun así, el Estado nacional mantiene la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal, además del control técnico a través de Vialidad Nacional.

Las concesiones podrán extenderse por hasta 30 años y deberán cumplir con criterios de transparencia, competencia y equilibrio económico.

Entre Ríos, sin lugar en la primera etapa

El decreto deja abierta la posibilidad de que otras provincias se sumen más adelante, pero deberán solicitarlo formalmente y presentar proyectos viables.

Por ahora, Entre Ríos no aparece entre las que avanzaron en ese proceso, lo que abre interrogantes sobre si hubo gestiones previas o si la provincia quedó relegada en la negociación con la Nación.

Un cambio de modelo

La medida se inscribe en la política del Gobierno de reducir la intervención directa del Estado nacional y transferir funciones a las provincias, especialmente en infraestructura.

En ese escenario, quedar afuera implica algo más que una omisión administrativa: otras provincias ya quedaron habilitadas para captar inversiones y definir el futuro de sus rutas, mientras Entre Ríos todavía no forma parte del esquema.