En el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes, la cosecha de cítricos y arándanos convive con un escenario de precarización laboral y consumo de drogas. Según una investigación periodística, encargados y capataces ofrecerían cocaína como parte del pago por las jornadas de trabajo. Los operativos en rutas ya permitieron secuestrar estupefacientes y detener a personas que viajaban en transportes de trabajadores.

En la periferia de Concordia, la jornada de miles de trabajadores rurales comienza antes del amanecer. Entre las 4 y las 5 de la mañana, cerca de un centenar de colectivos y combis ponen en marcha sus motores para trasladar a casi 20.000 trabajadores frutihortícolas hacia distintas explotaciones de la región.

Los destinos incluyen las quintas de cítricos y arándanos del departamento Federación, en localidades como Chajarí y Villa del Rosario, además del sur de Corrientes, particularmente Mocoretá y Monte Caseros. Otro grupo trabaja en la propia Concordia, conocida como la Capital del Citrus.

La mayoría de los cosecheros tiene entre 20 y 35 años y reside en barrios postergados de la ciudad. Uno de ellos es El Silencio, ubicado en las inmediaciones de la ruta provincial 4.

Después de jornadas extenuantes, los trabajadores regresan a sus hogares al caer la tarde. Sin embargo, algunos volverían con menos dinero del que deberían percibir o directamente sin cobrar en efectivo. La razón señalada por una investigación de Análisis Digital es una presunta modalidad que combina informalidad laboral, explotación y narcomenudeo: el pago total o parcial del jornal mediante dosis de cocaína.

El reclamo de una madre y las denuncias sobre los colectivos

La preocupación por lo que sucede durante los traslados quedó reflejada en un mensaje enviado por WhatsApp por una mujer que pidió preservar su identidad por temor a represalias contra su hijo.

“Les escribo para agradecerle a la Policía de Entre Ríos porque gracias a los operativos a los colectivos que van a las quintas mi hijo hay días que no llega tan duro. Investiguen lo que pasa en las quintas”, expresó.

De acuerdo con lo revelado por Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mecanismo funcionaría en un contexto de extrema precariedad laboral. La droga aparecería no solo como una forma de reemplazar el dinero que corresponde por el trabajo realizado, sino también como un recurso para afrontar el cansancio físico y como una herramienta de sometimiento.

Fuentes judiciales consultadas por el programa señalaron que algunos encargados del transporte y capataces ofrecerían pequeñas bolsas de cocaína en lugar de dinero en efectivo.

Cada dosis tendría un valor de entre 4.000 y 5.000 pesos, dependiendo de su pureza.

En la cosecha de naranjas y mandarinas, la remuneración se calcula mediante un sistema de fichas: cada cajón recolectado se paga a unos 500 pesos, según los datos aportados por el Sindicato de la Fruta.

En el caso del arándano, una fruta más delicada que requiere especial cuidado durante la recolección y cuya cosecha convoca mayoritariamente a mujeres, cada bandeja se pagaría alrededor de 2.000 pesos.

En ese escenario, algunos trabajadores aceptarían las dosis durante la misma jornada para intentar resistir el desgaste físico que demanda la zafra.

La investigación también señala que parte de la droga recibida por algunos cosecheros sería trasladada luego a barrios populares para su reventa. De confirmarse esta modalidad, los trabajadores podrían terminar incorporados al último eslabón de las redes de distribución.

Otros peones, en cambio, no recibirían directamente el pago en estupefacientes, pero comprarían cocaína a los propios encargados durante los viajes en colectivo. Según los testimonios recogidos, algunos recurrirían a esa práctica para soportar la jornada y evitar gastar dinero en las viandas que se venden en los campos.

“Se aprovechan de un sector sumamente vulnerable”, afirmó una fuente con acceso directo a causas judiciales por narcomenudeo.

La misma fuente sostuvo que las redes de venta de drogas habrían encontrado en el transporte de cosecheros un circuito para comercializar estupefacientes, distribuirlos y captar nuevos revendedores.

Operativos policiales en las rutas 4 y 14

Ante el aumento de las denuncias y la detección de estas prácticas, la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, a cargo de José María Rosatelli, junto con la División Drogas Peligrosas, reforzó los controles sobre las rutas provinciales y nacionales 4 y 14.

Los procedimientos incluyen la interceptación de colectivos y combis que trasladan trabajadores hacia los establecimientos rurales. Según la información publicada, los controles diarios sobre cerca de 100 vehículos permitieron secuestrar armas de fuego, detener a personas con pedidos de captura y decomisar estupefacientes preparados para el consumo.

Uno de los procedimientos que tomó estado público al comienzo de la semana fue la detención de una mujer que viajaba en un colectivo de cosecheros con 60 dosis de cocaína.

La encargada de una cuadrilla de cosecha llevaba 60 envoltorios de cocaína ocultos en sus partes íntimas

Una de las hipótesis investigativas es que se dirigía hacia los campos para pagar salarios, vender droga directamente a los trabajadores o reclutar jóvenes para la comercialización de estupefacientes en barrios de Concordia.

En otro operativo, realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), fueron detenidos dos encargados que viajaban en un transporte de trabajadores. Durante el procedimiento se habrían encontrado 45 dosis de cocaína, teléfonos celulares y una libreta con anotaciones que registrarían entregas de droga en reemplazo del dinero.

Estos procedimientos exponen una problemática que excedería la circulación de estupefacientes por las rutas y alcanzaría también las condiciones laborales y los mecanismos de contratación de los trabajadores rurales.

El Sindicato de la Fruta reconoce la gravedad del problema

La situación también fue abordada por el Sindicato de la Fruta. En diálogo con Cuestión de Fondo, su asesor legal, Alejandro Jacobi, reconoció que el consumo de drogas y la presunta utilización de estupefacientes como forma de pago afectan a los trabajadores de la región.

Consultado sobre el diagnóstico de la organización sindical, Jacobi sostuvo:

“Es una realidad que nos está afectando a todos. La droga está en todos lados y la actividad de los trabajadores de la fruta no se escapa a esto. En especial respecto a esta nueva modalidad donde a la jornada se le paga con estupefacientes y no con dinero. Esto fue detectado por el sindicato y a su vez por el Ministerio de Trabajo, donde se ha puesto en conocimiento a todas las autoridades de lo que está pasando”.

Inspecciones y trabajadores sin registrar

Sobre las medidas de fiscalización que se están coordinando, el representante sindical advirtió que la informalidad constituye uno de los principales obstáculos para abordar el problema.

“Se están haciendo operativos para tratar de focalizar esta situación. Pero hay un problema de fondo muy grande: el 98% de los trabajadores está totalmente en negro. Desde el sindicato estamos haciendo las denuncias respectivas ante el Ministerio de Trabajo y sabemos que se está recorriendo el campo con inspectores para tomar las medidas del caso”, explicó.

La cifra mencionada por Jacobi refleja, según el sindicato, la magnitud del empleo no registrado en el sector. Esa condición deja a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad frente a posibles abusos y dificulta la fiscalización de las relaciones laborales.

Una práctica que tendría varios años

El asesor legal también señaló que el problema no sería nuevo. Según su relato, existen antecedentes de varios años en los barrios de Concordia.

“Esto viene de hace varios años. En la campaña anterior, recorriendo barrios por militancia política, veíamos que cuando bajaban las cosecheras de arándanos iban directamente a lo del 'tranza' a hacer colas interminables para comprar estupefacientes. Lo que ganaban en el jornal diario lo gastaban inmediatamente ahí. Te hablo de una práctica que ya lleva 4 o 5 años asentada”, afirmó.

Su testimonio ubica el fenómeno más allá de los operativos recientes y plantea interrogantes sobre la evolución del consumo de drogas entre los trabajadores rurales, el destino de sus ingresos y la presencia de redes de venta en los barrios populares.

Transportes, controles y caminos alternativos

Jacobi también se refirió a las condiciones en las que se trasladan los cosecheros y a los intentos de eludir los controles.

“Ese es otro punto de los operativos. Hay muchos caminos alternativos que se utilizan para eludir los controles policiales y de la justicia. Si se los detecta en la ruta sin las condiciones habilitantes, se los frena al costado y se los incauta. Pero el problema más grave y de fondo sigue siendo el flagelo de la droga, donde lamentablemente se ha detectado muchísima cantidad”, expresó.

De acuerdo con lo señalado por el sindicato, los procedimientos no solo buscan detectar estupefacientes, sino también verificar si los vehículos que transportan trabajadores cuentan con las habilitaciones correspondientes.

Una problemática que requiere respuestas más allá de la Policía

La combinación de empleo no registrado, controles insuficientes dentro de los establecimientos rurales y presuntas redes de narcomenudeo configura un escenario de especial preocupación en el norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes.

Las denuncias sobre pagos con cocaína plantean un problema que no se limita a la persecución del tráfico de drogas. También involucra las condiciones de contratación, la protección de los derechos laborales, la fiscalización de las quintas y la atención de las adicciones.

El propio diagnóstico expuesto por el Sindicato de la Fruta apunta a la necesidad de una intervención coordinada entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal, la Secretaría de Trabajo, la organización sindical y profesionales especializados en el abordaje de las adicciones.

El desafío será determinar el alcance real de las prácticas denunciadas, identificar a los responsables cuando corresponda y garantizar que quienes trabajan en la cosecha reciban una remuneración legal por su tarea, sin quedar expuestos a mecanismos de explotación o a redes de comercialización de drogas.

Diario El Enfoque, información de Análisis Digital