El Gobierno dará de baja 900 mil planes sociales y los reemplaza por vouchers

El Gobierno nacional anunció que dará de baja alrededor de 900 mil planes sociales y los reemplazará por un sistema de vouchers destinados a capacitación laboral, en el marco de una reforma estructural del esquema de asistencia vigente.

Según pudo reconstruir Diario El Enfoque, la medida alcanza principalmente al programa “Volver al Trabajo” (heredero del Potenciar Trabajo) y apunta a modificar el enfoque de las políticas sociales, dejando atrás la transferencia directa de ingresos para avanzar hacia un modelo basado en la formación y la inserción laboral.

Un cambio de modelo en la asistencia social

De acuerdo a lo informado, los beneficiarios dejarán de percibir el pago mensual como hasta ahora y pasarán a acceder a vouchers que deberán utilizar en instancias de capacitación. La asistencia, en este nuevo esquema, estará condicionada a la participación en cursos y programas de formación.

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es “terminar con la intermediación” de organizaciones sociales y promover la empleabilidad. En esa línea, la iniciativa se inscribe dentro de la política de ajuste del gasto público y búsqueda del equilibrio fiscal, con un ahorro estimado de unos 60 mil millones de pesos mensuales.

Dudas sobre el impacto social inmediato

No obstante, la decisión abre interrogantes sobre su impacto social inmediato. El esquema que será eliminado funcionaba como un ingreso básico para cientos de miles de personas, muchas de las cuales se desempeñan en la economía informal. En ese contexto, la transición hacia un sistema basado en capacitación genera dudas respecto a su efectividad en el corto plazo.

Además, aún no se encuentran completamente definidos aspectos clave de la implementación, como el monto de los vouchers, la red de instituciones que brindarán los cursos y la articulación concreta con oportunidades laborales.

El desafío: transformar capacitación en empleo

En términos políticos, la medida consolida el rumbo del Gobierno nacional en materia social: reducir la asistencia directa a adultos en edad de trabajar y priorizar mecanismos orientados al desarrollo de habilidades y la inserción en el mercado laboral.

El desafío, según analistas, será lograr que la capacitación se traduzca efectivamente en empleo, en un escenario económico donde la informalidad y la falta de oportunidades siguen siendo factores determinantes.