El STJ declaró nulo el proceso que destituyó a Cecilia Goyeneche

En una decisión de alto impacto institucional, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) declaró la nulidad del proceso que culminó con la destitución de Cecilia Goyeneche como Procuradora Adjunta y fiscal anticorrupción de la provincia.

La resolución deja sin efecto el trámite desarrollado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos que, en mayo de 2022, había decidido removerla del cargo por supuesto mal desempeño. Según pudo saber Diario El Enfoque, el máximo tribunal provincial debió emitir este nuevo pronunciamiento en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que previamente había hecho lugar al recurso extraordinario presentado por la ex fiscal.

El máximo tribunal nacional entendió que el procedimiento estuvo afectado por irregularidades constitucionales vinculadas a la integración de los órganos que intervinieron durante el proceso.

Cuestionamientos al debido proceso

En su fallo, la Corte fue contundente al señalar que existieron “vicios en la integración del órgano juzgador en sus distintas etapas y en el órgano acusador”, lo que configuró “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio”.

En términos prácticos, la nulidad declarada implica que el trámite debe retrotraerse al momento previo a la conformación del primer órgano juzgador cuestionado. De esta manera, el procedimiento que concluyó con la destitución de Goyeneche quedó jurídicamente invalidado por defectos estructurales.

El máximo tribunal nacional remarcó además que las irregularidades detectadas tenían entidad suficiente para “variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento”.

Un nuevo STJ para dictar el fallo

Un aspecto institucional relevante es que la decisión debió adoptarse con una integración distinta del STJ respecto de la que intervino originalmente.

Los vocales que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejara sin efecto aquella sentencia. Por ese motivo, el tribunal provincial debió recomponerse para dictar un nuevo fallo.

Los magistrados que resolvieron declarar la nulidad de lo actuado fueron María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera.

El nuevo pronunciamiento recuerda expresamente que las decisiones de la Corte Suprema resultan “moralmente vinculantes para todos los jueces y tribunales del país”, especialmente cuando se trata de la interpretación de derechos y garantías constitucionales.

El origen del conflicto

La destitución de Goyeneche había sido resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento al considerar que incurrió en “mal desempeño” y “conducta incompatible con la función” por no excusarse oportunamente en la causa conocida como “Beckman”.

En ese expediente se investigaba una presunta asociación ilícita vinculada a contratos irregulares en la Legislatura entrerriana. El jury cuestionó que la fiscal no se apartara pese a su vínculo con el contador Pedro Opromolla, investigado en la causa.

Goyeneche sostuvo durante todo el proceso que su actuación no afectó la objetividad de la investigación y que la excusación se produjo cuando el vínculo adquirió relevancia procesal.

Un caso atravesado por tensiones políticas

El jury contra Goyeneche se desarrolló en paralelo con las investigaciones por corrupción que encabezaba la fiscalía anticorrupción de Entre Ríos. Entre ellas, las causas que terminaron con la condena del exgobernador Sergio Urribarri.

En ese contexto, distintos sectores del ámbito judicial y académico interpretaron su desplazamiento como un mensaje disciplinador hacia quienes investigan al poder político.

La nulidad declarada ahora por el STJ no implica un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones. Sin embargo, reinstala un principio central: incluso en los procesos de juicio político, las garantías constitucionales del debido proceso no pueden ser ignoradas.