El Poder Judicial de Entre Ríos redujo de un año y siete meses a 40 días hábiles el tiempo promedio para obtener una declaratoria de herederos mediante un sistema de automatización de procesos sucesorios. El dato forma parte de los avances tecnológicos que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) presentó ante autoridades nacionales, según la información enviada a Diario El Enfoque por el organismo judicial.

La experiencia fue uno de los ejes de una reunión de trabajo en la que participó la vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Gisela Schumacher, convocada para intercambiar perspectivas sobre la actualización y modernización del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El encuentro fue impulsado por el director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Cardone. También participó Osvaldo Gozaíni, director de un curso de capacitación de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Un trámite que pasó de meses a semanas

El sistema de automatización de sucesiones fue desarrollado para transformar la gestión de los procesos civiles y comerciales en la provincia. Según informó el STJ, el trabajo demandó tres años e involucró a integrantes de la judicatura y de las áreas administrativas, especialmente del sector de informática.

El resultado informado por el Poder Judicial es una reducción del tiempo promedio para obtener la declaratoria de herederos: de aproximadamente 19 meses a 40 días hábiles.

El cambio apunta a agilizar una instancia judicial relevante para quienes necesitan resolver cuestiones sucesorias. El desarrollo también plantea aspectos relacionados con la seguridad jurídica de la información, la custodia de los datos y la adaptación de las herramientas digitales a las necesidades específicas de la Justicia.

Inteligencia artificial y abordaje de la violencia

Durante una exposición realizada el 24 de septiembre en la ciudad italiana de Bari, Schumacher presentó dos desarrollos del Poder Judicial entrerriano: la automatización de procesos sucesorios y el Sistema Integral de Abordaje de Violencia (SIAV), incluidos sus módulos en implementación y los proyectados.

La presentación se realizó en el IV Curso Internacional de Alta Especialización, dedicado al vínculo entre el derecho y la inteligencia artificial, organizado por la Facultad de Derecho de la UBA y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Bari Aldo Moro.

La experiencia entrerriana despertó interés por la posibilidad de desarrollar herramientas tecnológicas propias para mejorar la gestión judicial.

El desafío de controlar las decisiones automatizadas

La actividad también incluyó una conferencia del vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay, Federico Lacava, junto al profesor Piergiuseppe Otranto.

Bajo el título ¿Hacia una civilización de agentes inteligentes?, ambos abordaron los riesgos sistémicos que podrían surgir de la interacción entre agentes de inteligencia artificial cada vez más avanzados y las dificultades que plantea su supervisión humana.

Lacava también analizó los desafíos del control judicial de las decisiones administrativas tomadas mediante algoritmos complejos.

El debate abre una cuestión que va más allá de la incorporación de nuevas tecnologías: cómo aprovechar la automatización para agilizar los procedimientos sin debilitar el control humano, la transparencia ni las garantías jurídicas.

Para Entre Ríos, el desafío será sostener los resultados de estas herramientas y evaluar su impacto concreto en el funcionamiento cotidiano de los tribunales y en los tiempos de respuesta para la ciudadanía.