Trata laboral: juzgan al dueño y al capataz de un campo de Concordia por explotar a trabajadores misioneros

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal de Paraná. Los imputados están acusados de captar, trasladar y someter a cinco personas a condiciones laborales y habitacionales indignas en un predio rural de Puerto Yeruá.

Ante el Tribunal Oral Federal de Paraná comenzó el juicio oral contra Yamil Ale Abdala, propietario de una explotación rural, y Sandro de la Cruz Vázquez, quien se desempeñaba como capataz, acusados del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de cinco trabajadores oriundos de la provincia de Misiones.

Los hechos investigados ocurrieron en un campo ubicado en Puerto Yeruá, en cercanías de Calabacillas, dentro del departamento Concordia, y salieron a la luz tras una inspección de la AFIP Paraná (actual ARCA) que permitió desarticular la situación de explotación. El debate oral es presidido por la jueza Noemí Berros.

La acusación fiscal

En su dictamen, el Fiscal General José Ignacio Candioti sostuvo que Abdala y De la Cruz Vázquez captaron, trasladaron, acogieron y recibieron a cinco personas mayores de edad (identificadas como O.A.M., D.A.M., P.R.M., F.O.M. y D.S.M.D.B.) provenientes de Irigoyen y Eldorado, Misiones, con el objetivo de obtener un beneficio económico a partir de su trabajo.

Según la acusación, los hechos se desarrollaron entre el 7 y el 28 de septiembre de 2022, hasta que una inspección estatal puso fin a la situación. La captación se habría realizado mediante propuestas laborales engañosas y abuso de confianza, aprovechando la extrema vulnerabilidad social y económica de las víctimas. Se les prometió trabajo estable, alimentos, herramientas y una vivienda digna, condiciones que nunca se cumplieron.

En uno de los casos, además, existía un vínculo familiar con uno de los imputados, lo que (según la Fiscalía) fue utilizado para generar confianza.

Engaños, aislamiento y explotación

Como parte del ardid, De la Cruz Vázquez habría enviado a los trabajadores una fotografía de un campo desmalezado, que no correspondía al lugar real donde debían trabajar, sino a otro predio en buenas condiciones. Una vez en el lugar, las víctimas fueron sometidas a tareas forestales y de desmonte en un contexto de aislamiento geográfico, precarización extrema y control permanente.

Además de las tareas acordadas, debieron realizar trabajos de limpieza previos que no habían sido ofrecidos ni abonados. Las jornadas se extendían de lunes a lunes, sin descanso y bajo una relación de dependencia absoluta.

Condiciones de vida indignas

La Fiscalía calificó las condiciones habitacionales como inhumanas. Los trabajadores debieron construir sus propios refugios con palos, tablas y lonas, armando chozas con piso de tierra, sin camas adecuadas y con colchones deteriorados. No contaban con baños, cocina, electricidad, gas ni agua potable.

Para higienizarse utilizaban una laguna ubicada a un kilómetro, mientras que el agua para consumo era provista por un vecino. La Secretaría de Trabajo de Entre Ríos constató la ausencia total de condiciones mínimas de higiene y seguridad, lo que representaba un serio riesgo para su integridad psicofísica.

Salarios irregulares y malos tratos

En materia salarial, el pago prometido no se cumplió. Los trabajadores percibían montos parciales, variables y muy por debajo del salario mínimo, cobrando entre 15 y 35 pesos por metro lineal de madera, con diferencias arbitrarias entre ellos.

Además, se les exigía una permanencia mínima de 35 a 45 días para poder cobrar, se les descontaban gastos por traslado y alimentos, y se los obligaba a seguir trabajando aun cuando las herramientas se rompían. Según la acusación, Abdala se negaba a reparar las motosierras o pretendía cobrarles el arreglo a las propias víctimas.

El expediente también da cuenta de malos tratos físicos y verbales. Testimonios incorporados señalan que De la Cruz Vázquez habría ejercido violencia y amenazas, incluyendo intentos de agresión y persecuciones cuando los trabajadores reclamaron mejores condiciones.

El rol de los imputados

Para el Ministerio Público, Sandro de la Cruz Vázquez no era un simple trabajador, sino que actuaba como capataz o encargado, impartía órdenes y representaba al propietario del campo. Un funcionario de la AFIP declaró que fue Vázquez quien autorizó la inspección en nombre de Abdala, confirmando su rol jerárquico.

La Fiscalía concluyó que el conjunto de engaños, aislamiento, restricciones a la movilidad, condiciones habitacionales paupérrimas y violencia constituyen indicadores claros del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

En ese marco, De la Cruz Vázquez fue procesado por trata de personas agravada por la vulnerabilidad y la cantidad de víctimas, en concurso con el delito de reducción a la servidumbre, mientras que Abdala fue señalado como responsable en su carácter de propietario y beneficiario de la explotación.

Cómo sigue el juicio

Este martes está prevista la declaración de las víctimas, cuyos testimonios ya fueron registrados parcialmente mediante Cámara Gesell. El miércoles declararán seis testigos ofrecidos por la Fiscalía, entre ellos funcionarios de ARCA, del Ministerio de Trabajo y profesionales psicólogas que intervinieron en la asistencia a los trabajadores.  (Análisis Digital)