Buscan fortalecer la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley a través de la educación

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y el Consejo General de Educación (CGE) firmaron este martes un convenio marco de cooperación destinado a fortalecer el acceso a la educación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.

El acuerdo busca garantizar que quienes, siendo menores de edad al momento del hecho investigado, se encuentren imputados, acusados o hayan sido declarados penalmente responsables por la comisión de un delito, puedan acceder a propuestas educativas, capacitación laboral y formación profesional que favorezcan su integración social.

La iniciativa contempla el desarrollo de acciones conjuntas entre ambos organismos para ampliar las oportunidades de formación, facilitar la continuidad de las trayectorias educativas y promover herramientas que permitan a estos jóvenes incorporarse al sistema educativo o retomar sus estudios.

Además, prevé instancias de capacitación permanente para equipos técnicos, supervisores y directivos de las instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento de los adolescentes alcanzados por el programa.

Las acciones específicas serán definidas mediante convenios particulares, en los que se establecerán los objetivos, plazos y modalidades de implementación de cada iniciativa.

El convenio fue suscripto por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Germán Carlomagno, y el presidente del Consejo General de Educación, Carlos Cuenca, junto al director de Educación de Jóvenes y Adultos, Alfredo Blochinger, y el coordinador departamental Paraná de esa modalidad, Rodolfo Martín Álvarez.

Del acto también participaron el vicepresidente del STJ, Carlos Federico Tepsich; las vocales Susana Medina, Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage; además del juez en lo Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, Pablo Barbirotto.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y se renovará automáticamente, salvo que alguna de las partes manifieste expresamente su decisión de no hacerlo.