Desbaratan una red que captaba argentinos con falsas ofertas laborales para enviarlos a la guerra en Ucrania

Promesas de salarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales, contratos escritos en un idioma que las víctimas no comprendían, instrucciones para engañar a las autoridades migratorias y un destino final en plena zona de guerra. Esa era, según la Justicia Federal, la modalidad de una organización que captaba ciudadanos argentinos mediante falsas ofertas laborales para trasladarlos al extranjero y enviarlos a combatir en el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, supo Diario El Enfoque.

La investigación derivó en la detención de una mujer en la localidad bonaerense de Tigre, mientras que su pareja, también acusado de integrar la organización, permanece prófugo. Según la pesquisa, ambos serían los encargados de captar de manera engañosa y trasladar tanto a civiles como a exintegrantes de fuerzas de seguridad hacia zonas vinculadas al conflicto.

La causa es impulsada por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal general Sergio Néstor Mola, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), dirigida por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. La Justicia investiga el caso como un posible delito de trata de personas con fines de explotación.

Cómo funcionaba el reclutamiento

La organización captaba personas a través de redes sociales y plataformas digitales. Entre los perfiles buscados había civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad. La propuesta consistía en incorporarse al ejército ucraniano durante períodos aproximados de seis meses a tres años, a cambio de una remuneración cercana a los 3.000 dólares mensuales.

Sin embargo, las condiciones reales del supuesto empleo permanecían ocultas. Según la investigación, los reclutadores argumentaban que los detalles contractuales no podían ser revelados por razones de seguridad y entregaban documentos redactados en idioma ucraniano. Esos contratos contenían actividades ajenas al ámbito militar que, supuestamente, serían desarrolladas en el país extranjero.

Además, los investigadores determinaron que los captadores impartían instrucciones precisas sobre qué versión debían brindar las personas en el aeropuerto ante eventuales consultas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) o de las compañías aéreas. La indicación era afirmar que viajaban para trabajar en el área de construcción y ocultar el verdadero motivo del traslado.

Las primeras sospechas surgieron en Ezeiza

La investigación comenzó en marzo de este año, luego de que integrantes de la PSA detectaran inconsistencias en los relatos de cuatro hombres que se encontraban en la zona de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y tenían previsto viajar hacia Ucrania.

Según establecieron los investigadores, ninguno de ellos sabía quién había comprado los pasajes, quién los recibiría al llegar a Europa ni podía explicar cuáles serían las tareas que iban a desempeñar. Tampoco tenían pasajes de regreso ni dinero suficiente para afrontar la estadía.

Con el avance de la pesquisa se pudo reconstruir que los cuatro habían sido reclutados mediante plataformas web para "luchar" en el conflicto armado que atraviesa Ucrania, con la promesa de recibir un salario cercano a los 3.000 dólares mensuales. Sin embargo, nunca llegaron a firmar un contrato que estableciera formalmente esas condiciones.

A partir de tareas de inteligencia, análisis de comunicaciones y vigilancias discretas, los investigadores lograron identificar a los presuntos integrantes de la organización encargada del reclutamiento.

Un allanamiento, una detenida y un prófugo

Tras un pedido realizado por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la PROTEX, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora ordenó el allanamiento de una vivienda en la localidad bonaerense de Tigre. El operativo fue realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), que logró detener a la mujer investigada por formar parte de la organización.

En el procedimiento no pudo ser encontrada su pareja, también acusado de integrar la estructura criminal. Según pudieron determinar los investigadores, había salido del país con destino a Brasil pocos días antes del allanamiento y permanece prófugo.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez federal Luis Armella indagará a la mujer por el delito de trata de personas, mientras continúa el análisis del material secuestrado durante el procedimiento.

Por qué se investiga como un caso de trata de personas

Para los investigadores, el caso no se limita a una falsa oferta laboral, sino que los fiscales advirtieron que existían mecanismos destinados a generar dependencia y limitar la libertad de las víctimas, como obligaciones económicas vinculadas al traslado, el equipamiento o supuestas penalidades por una eventual rescisión contractual.

Según explicaron, esas condiciones podrían configurar situaciones de servidumbre por deudas o trabajo forzoso, contempladas por la normativa nacional e internacional sobre trata de personas.

Además, señalaron que la modalidad combinaba captación mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, promesas de retribuciones económicas, cobertura de gastos de traslado, incumplimiento de las condiciones ofrecidas por los reclutadores y la intervención activa de las víctimas en un conflicto armado.

Una preocupación que ya había sido advertida internacionalmente

En abril de este año, los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano informaron a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) sobre las posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia Ucrania para intervenir en el conflicto armado entre ese país y la Federación de Rusia.

Además, remarcaron la necesidad de adoptar medidas tempranas de detección, prevención y abordaje interinstitucional para favorecer el intercambio de información entre los organismos especializados.

En ese marco, señalaron que el fenómeno presentaba indicios de una organización estructurada y transnacional, con participación de reclutadores locales que seleccionaban perfiles (en muchos casos exmilitares o exintegrantes de fuerzas de seguridad), coordinaban contingentes grupales y gestionaban reservas de viaje bajo modalidad de solo ida hacia países cercanos a la zona del conflicto.

Los fiscales también advirtieron sobre la posible existencia de mecanismos de sujeción mediante obligaciones económicas relacionadas con el traslado, el equipamiento o la rescisión contractual, que podrían limitar la libertad real de desvinculación de las víctimas.

La alerta de INTERPOL

La preocupación no se limita a la Argentina. En julio de 2026, INTERPOL emitió una notificación morada, una herramienta utilizada para buscar o facilitar información sobre métodos de operación, objetos, dispositivos y formas de ocultamiento empleados por organizaciones criminales.

La alerta tomó como referencia una investigación del Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, Colombia, que detectó una modalidad de reclutamiento de hombres jóvenes exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante ofertas laborales engañosas para trasladarlos hacia zonas de conflicto armado en Europa.

Según esa investigación, las organizaciones generan confianza a través de empresas fachada, contratos aparentes y reuniones presenciales. Luego coordinan el traslado internacional de las víctimas y les indican cómo proporcionar información falsa a las autoridades migratorias para evitar controles.

Una vez en destino, las personas son sometidas a mecanismos de control como la confiscación de documentos, el aislamiento y la imposición de deudas ficticias. Bajo esas condiciones son obligadas a participar en actividades de combate dentro de conflictos armados.

Cualquier intento de oposición es reprimido mediante coerción, amenazas e intimidaciones, consolidando un esquema criminal transnacional de explotación laboral forzosa.

Diario El Enfoque con información del Ministerio Público Fiscal de la Nación