Recorte en educación: escuelas de Concordia sin inicio de clases

Movilización en la Secundaria N° 23

Docentes, estudiantes y tutores de la Escuela Secundaria N° 23 "República Oriental del Uruguay" de Concordia se manifestaron por la falta de continuidad de una orientación educativa y proyectos institucionales. Presentaron un petitorio al director departamental de Escuelas, Julio Barrios, exigiendo respuestas.

El documento solicita la continuidad de los cursos de 4º, 5º y 6º "B", que aún no fueron autorizados, lo que impide a los estudiantes avanzar en su trayectoria educativa y pone en riesgo la orientación en Ciencias Sociales y Humanidades. También advierten que, en caso de fusionar cursos, los alumnos deberán rendir equivalencias para incorporarse a la división "A" de Economía y Administración.

Proyectos extracurriculares en riesgo

La comunidad educativa también exige la continuidad de proyectos extracurriculares, como el taller de huerta en el ciclo básico y los espacios de cooperativismo y emprendedurismo en el orientado. Consideran que estas iniciativas, enmarcadas en el programa Acontecer, son herramientas pedagógicas clave para la inclusión y el aprendizaje.

Asimismo, reclaman la incorporación de un nuevo personal de ordenanza, ya que la escuela cuenta con un solo trabajador para el mantenimiento del edificio, lo que resulta insuficiente debido a la cantidad de estudiantes y la extensión de las instalaciones.

Impacto en una población vulnerable

Desde la comunidad educativa señalan que los cursos de la división "B" y los proyectos extracurriculares llevan más de diez años funcionando, formando parte de la identidad institucional. Destacan que la escuela atiende a una población altamente vulnerable, con estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, problemas de consumo y situaciones de guarda institucional bajo el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).

Entre las iniciativas destacadas está la Cooperativa Escolar "Coopetrapo", con más de una década de trayectoria reconocida a nivel local, regional e internacional. Además, subrayan la participación en ferias educativas y ambientales, así como en exposiciones de emprendedores.

Un problema que afecta a varias escuelas

El conflicto no es exclusivo de la Secundaria N° 23. Otras instituciones también enfrentan dificultades similares, entre ellas las escuelas N° 22 "Mariano Moreno", N° 7 "Gobernador General López Jordán", N° 8 "Don Augusto Niez" y N° 33 "Justa Gayoso". En el caso de "Mariano Moreno", una publicación viralizada en redes sociales permitió la restitución de las horas docentes, evitando que los estudiantes rindieran equivalencias. En las demás instituciones, la situación sigue sin resolverse.

Denuncian ajuste en educación

Estudiantes de la Secundaria N° 23 expresaron en redes sociales su descontento, afirmando que "no son solo un número" y exigiendo explicaciones al gobierno provincial sobre el ajuste en las escuelas más vulnerables.

Desde el gremio docente Agmer también cuestionaron la situación, denunciando que "los estudiantes no pueden acceder a su derecho a la educación y los docentes de esos cursos no pueden ser registrados en el sistema, por lo que no percibirán sus haberes". Consideran que la decisión de cerrar cursos responde a una política de ajuste alineada con el gobierno nacional.

Pedido de informes en la Legislatura

Diputados del bloque PJ en la Cámara de Diputados de la provincia presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique la falta de inicio del ciclo lectivo en las cinco escuelas afectadas. El documento, impulsado por la diputada Silvia Ávila y respaldado por otros legisladores, plantea interrogantes sobre la planificación educativa y la asignación de recursos.

Entre los puntos destacados, se cuestiona si se consideró la inscripción previa de los alumnos para definir la apertura de cursos y qué estrategias se implementarán para recuperar el tiempo perdido. Además, se solicita información sobre las medidas adoptadas para garantizar los 190 días de clases y el acceso a servicios esenciales como los equipos de orientación escolar y la copa de leche.

La comunidad educativa sigue en espera de una solución que garantice la continuidad de la oferta académica y el derecho a la educación de los estudiantes afectados.