Denuncian que Elsztain, Macri y Caputo desmontaron 126.500 hectáreas de bosques nativos

«La ley ómnibus tiene nombre y apellido». Las palabras pertenecen a Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA). Las expuso durante la semana en la participación de la sociedad civil en el Congreso de la Nación, donde también aseveró que el proyecto de ley y el DNU 70 «son manifiestamente inconstitucionales, afectan el Estado de derecho y el sistema republicano de gobierno. Violan el Acuerdo de Escazú, que no permite la regresión ambiental. Ambos son un claro ejemplo de regresión ambiental». Pero además dio nombres de los que son (y serían) beneficiados con medidas como la modificación en la ley de bosques. Y son tres conocidos: Elsztain, Macri y Caputo.

«Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX», se lamentó Viale.

Entonces dio cifras: Eduardo Elsztain, el dueño del hotel donde estuvo alojado el presidente Javier Milei, es también dueño de Cresud. «Es el mayor terrateniente de Argentina –lo definió–, tiene casi un millón de hectáreas. ¿Saben cuánto desmontó ya Elsztain en Salta? 120.000 hectáreas. El equivalente a seis veces la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la ley de bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale la ley, las va a destrozar».

Otro beneficiado: Mauricio Macri. Según aseguró Viale, a través de la Finca Yuto, el expresidente ya desmontó 6000 hectáreas. «Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar».

Otro beneficiado: Luis Caputo, actual ministro de Economía: «Ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar».
Con la ley de glaciares ocurre lo mismo. Los glaciares son “fábricas de agua”, allí nacen muchos de los ríos de nuestro país que van dando vida y trabajo a su paso. «Con esta reforma pretenden avanzar sobre estos ecosistemas, a pedido de Barrick Gold. Las modificaciones fueron escritas por sus abogados», denunció.

Presupuestos y deforestación

El texto original de la Ley Ómnibus elimina presupuestos mínimos de las normas de glaciares y bosques, flexibiliza controles (y que los propietarios no necesiten informar sus acciones) y quita la obligatoriedad de las comunidades en el acceso a la información. Todo en un contexto signado por el aumento global de la temperatura y los eventos climáticos extremos.

Entre todos los cambios propuestos a la ley, parte de la oposición «dialoguista» incluyó que se mantengan los «Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos» de la actual norma. El gobierno aún lo estudia.

Esta semana, Greenpeace presentó su informe anual de deforestación en la Argentina. Resalta que durante 2023 en el norte de Argentina se quitaron 126.149 hectáreas (Chaco, la peor, con casi la mitad). Si bien desde el 2014 se mantiene cierta tendencia de disminución de los desmontes (cercana al 40%), la deforestación de 2023 fue superior a la del año anterior.

Y la ley está lejos de cumplirse en su totalidad, con provincias como Salta, Chaco y Corrientes que encararon modificaciones irregulares en sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos permitiendo deforestar en zonas antes prohibidas: «más de la mitad de los desmontes se realizan donde no está permitido. Además, en los últimos 4 años aumentaron los incendios forestales», alertan.

Socialismo ambiental

En medio de las discusiones del Congreso, Milei se presentó en Davos y despotricó contra el socialismo que pone en peligro a Occidente, y nombró dos enemigos: el feminismo y el ambientalismo.

«Esto es muy peligroso –enfatiza Viale a Tiempo–, sobre todo en América Latina, que es el lugar donde más defensores y defensoras ambientales asesinan. Y por ahora Argentina está bastante afuera de ese récord que ostentan países como Brasil, México, Colombia, o Centroamérica. En estas regiones asesinan un defensor o defensora cada dos días. Además de su error conceptual, abre un peligro muy grande para quienes defienden los territorios en nuestro país».

(Tiempo Argentino)