Un amparo de 163 familias logró que la Justicia obligue al CGE a permitir elegir la jornada escolar

JUDICIALES19 de noviembre de 2026Redacción Diario El EnfoqueRedacción Diario El Enfoque

Juzgado-de-Aranguren - Diario El Enfoque

El juez de Paz de Aranguren hizo lugar a una acción de amparo colectivo y ordenó que la Escuela Primaria N.º 102 implemente, desde 2027, dos modalidades de cursado para los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. Las familias podrán optar entre la jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria y la continuidad de la jornada extendida NINA. También se garantizó la posibilidad de retirar a los chicos durante el almuerzo sin exigencias extraordinarias.

La Justicia entrerriana hizo lugar a una acción de amparo colectivo presentada por familias de la Escuela Primaria N.º 102 “17 de Agosto”, de Aranguren, y ordenó al Consejo General de Educación (CGE) y al Gobierno provincial garantizar dos alternativas de cursado para los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado a partir del ciclo lectivo 2027.

Según pudo constatar Diario El Enfoque a partir del acceso a la sentencia judicial, la resolución reconstruye un conflicto que comenzó en octubre de 2025 y que tuvo como protagonistas a 163 familias que reclamaban una alternativa a la obligatoriedad de la jornada extendida.

La resolución fue dictada por el juez subrogante del Juzgado de Paz de Aranguren, Pablo Sebastián Andino, quien dispuso que las familias puedan elegir entre la jornada curricular obligatoria de la Nueva Escuela Primaria (NEP) y la continuidad de la propuesta de jornada extendida NINA, con sus talleres y actividades complementarias.

El fallo no elimina la modalidad NINA ni dispone que la jornada extendida deje de funcionar. Por el contrario, establece que ambas alternativas deben convivir dentro de la institución y que la elección corresponda a cada familia.

Un reclamo que comenzó con 163 familias

El conflicto tuvo un recorrido administrativo que se extendió durante más de un año. Según reconstruye la sentencia, el 27 de octubre de 2025, un grupo de 163 padres y madres presentó un reclamo ante las autoridades educativas para revisar la obligatoriedad de la jornada extendida.

Entre los planteos expuestos figuraban el cansancio de los chicos, la falta de tiempo para realizar otras actividades y las dificultades que la permanencia durante ocho horas podía generar en la organización familiar.

Durante julio de 2026, las familias mantuvieron reuniones con autoridades del CGE y presentaron una propuesta para que pudieran coexistir las dos modalidades: una jornada curricular de 25 horas semanales y la continuidad de la extensión horaria NINA para quienes quisieran optar por ella.

Ante la falta de una respuesta administrativa que resolviera definitivamente el planteo, los reclamantes acudieron a la Justicia mediante una acción de amparo colectivo.

Qué tuvo en cuenta el juez para resolver

En los fundamentos de la sentencia, Andino consideró que la organización del sistema educativo debe contemplar no solamente el derecho a la educación, sino también otros derechos de los niños, como el descanso, el juego, la recreación y la convivencia familiar.

El magistrado también tomó en consideración que las familias habían realizado distintas presentaciones y participado de instancias de diálogo con las autoridades educativas sin conseguir una solución definitiva.

Otro aspecto considerado fue la propia organización de la escuela: según surge del fallo, el primer ciclo ya funcionaba bajo la modalidad de la Nueva Escuela Primaria, mientras que el segundo ciclo continuaba con la propuesta NINA.

Para el juez, esa convivencia de modalidades dentro de la institución constituía un elemento relevante al momento de evaluar la posibilidad de implementar las dos alternativas reclamadas.

La resolución también reconoce que no todas las familias tenían la misma posición: mientras algunas pretendían conservar la jornada extendida, otras buscaban una organización escolar que permitiera retirar a sus hijos una vez cumplida la carga horaria curricular.

El comedor no podrá ser una condición para permanecer en la escuela

Uno de los puntos particulares del fallo está relacionado con el servicio de comedor escolar y la posibilidad de retirar a los alumnos durante el horario del almuerzo.

El juez estableció que el comedor deberá continuar disponible para las familias que decidan utilizarlo, pero aclaró que ni su utilización ni la permanencia de los estudiantes durante ese horario podrán ser obligatorias.

Además, dispuso que las familias puedan retirar a sus hijos y posteriormente reintegrarlos a la institución mediante una autorización escrita y mecanismos razonables de identificación, registro y seguridad.

La escuela no podrá exigir certificados médicos ni justificaciones extraordinarias para autorizar esos retiros.

La sentencia también establece que la ausencia durante el intervalo del almuerzo no podrá computarse como inasistencia a la jornada curricular obligatoria.

Qué deberá hacer el Consejo General de Educación

El CGE deberá coordinar con la dirección de la escuela, la supervisión escolar, los equipos docentes y técnicos y los organismos correspondientes la elaboración y aprobación de un plan para el inicio del ciclo lectivo 2027.

Ese esquema deberá contemplar expresamente las dos alternativas de cursado:

  • La jornada curricular de la Nueva Escuela Primaria, con la carga horaria obligatoria prevista en la normativa vigente.

  • La continuidad de la jornada extendida NINA, con sus talleres y actividades complementarias.

La elección quedará en manos de cada familia y alcanzará tanto a los alumnos que actualmente cursan esos grados como a quienes se incorporen en el futuro, mientras se mantengan las condiciones institucionales consideradas en la sentencia.

El magistrado declaró abstracto el planteo respecto del ciclo lectivo 2026 debido a la proximidad de su finalización, por lo que la nueva organización deberá estar preparada para comenzar a funcionar en 2027.

El Estado provincial deberá afrontar las costas

La resolución hizo lugar al amparo colectivo e impuso las costas del proceso al Consejo General de Educación y al Estado provincial, conforme al principio de la derrota.

Asimismo, el juez reguló los honorarios profesionales del abogado de las familias en $2.945.202,90.

El fallo representa una resolución judicial sobre un conflicto concreto de organización escolar, pero sus fundamentos también abren una discusión sobre cómo deben implementarse las políticas educativas provinciales cuando existen diferencias entre las necesidades de las instituciones y las preferencias de las familias.


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