La Corte Suprema respaldó el reclamo de una madre entrerriana que lucha por la educación inclusiva de su hija

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que había rechazado el reclamo de una madre de Rosario del Tala para garantizar la educación inclusiva de su hija adolescente con discapacidad. La decisión, conocida este jueves 12 de noviembre, ordena que la Justicia provincial vuelva a pronunciarse sobre el caso con carácter urgente.

El conflicto comenzó cuando las autoridades educativas propusieron que la adolescente continuara sus estudios en una escuela de educación especial o que asistiera únicamente a cuatro materias: Música, Artes Visuales, Educación Física y Tecnología. Esta última alternativa contemplaba aproximadamente una hora diaria de clases, cuatro días por semana, dejando fuera otras asignaturas fundamentales de su formación secundaria.

Según pudo reconstruir Diario El Enfoque, la madre rechazó ambas propuestas porque consideró que no garantizaban una educación integral ni respondían adecuadamente a las necesidades particulares de su hija. La situación derivó en la interrupción de la asistencia escolar de la adolescente, mientras la familia continuaba reclamando una alternativa que permitiera sostener su trayectoria educativa.

Ante la falta de una solución, la mujer presentó una acción de amparo contra el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos. Solicitó que se elaborara un Proyecto Pedagógico Individual (PPI), una planificación adaptada a las necesidades de la estudiante que permitiera garantizar su escolarización completa, en igualdad de condiciones y conforme a la normativa vigente.

En primera instancia, la Justicia hizo lugar al reclamo y ordenó al CGE elaborar ese proyecto en un plazo de 20 días corridos. El magistrado consideró que las alternativas ofrecidas no constituían una propuesta educativa integral y tuvo especialmente en cuenta que la adolescente se encontraba sin escolarización efectiva.

Sin embargo, el Estado provincial apeló la resolución y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos la revocó. Para rechazar el amparo, sostuvo que ya existía un procedimiento administrativo en el que se analizaba la situación de la estudiante y consideró que la madre había optado por esa vía, por lo que no correspondía recurrir a la Justicia mediante una acción de amparo.

Ese argumento fue uno de los principales cuestionamientos de la Corte Suprema. El expediente administrativo había sido iniciado por las propias autoridades escolares y no por la madre. Además, el CGE ya había dejado constancia de que se habían presentado las distintas alternativas educativas disponibles en Rosario del Tala, por lo que el máximo tribunal advirtió que ese procedimiento podía considerarse concluido o, al menos, insuficiente para ofrecer una solución efectiva al conflicto.

Los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que el Superior Tribunal entrerriano había incurrido en un exceso ritual manifiesto, al priorizar cuestiones formales que terminaron obstaculizando el acceso a la Justicia. Señalaron que no bastaba con mencionar la existencia de un trámite administrativo sin comprobar si realmente podía proteger los derechos de la adolescente. En ese sentido, recordaron que el artículo 43 de la Constitución Nacional reconoce el amparo como una herramienta judicial rápida para la protección de derechos cuando no existe otra vía judicial más adecuada.

Por su parte, Ricardo Lorenzetti, quien acompañó la decisión mediante un voto propio, profundizó en las obligaciones del Estado para garantizar la educación inclusiva. Recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el acceso a la educación en igualdad de oportunidades. También hizo referencia a la Ley de Educación Nacional y a la Constitución de Entre Ríos, que contemplan garantías específicas para las personas con discapacidad. El magistrado remarcó que estos derechos no pueden quedar reducidos a declaraciones escritas, sino que deben traducirse en medidas concretas que permitan ejercerlos efectivamente.