Rechazaron el amparo de un jubilado contra la reforma previsional, pero no resolvieron si la ley es constitucional

La Justicia entrerriana rechazó una acción de amparo presentada por un jubilado del ex Banco de Entre Ríos que cuestionaba el nuevo mecanismo de actualización de haberes establecido por la reforma previsional. La sentencia fue dictada este jueves 12 de noviembre por el juez Juan Francisco Malvasio, quien declaró inadmisible la presentación y dispuso que las costas del proceso quedaran a cargo del demandante.

Según pudo reconstruir Diario El Enfoque, el reclamo fue impulsado por Orlando Alberto Jorge, un abogado de 82 años que se jubiló en 1995. El hombre solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley 11.302 y de disposiciones reglamentarias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, al considerar que modificaban el sistema con el que se actualizaban sus ingresos desde hacía tres décadas.

La reforma previsional aprobada en julio de este año reemplazó el criterio de movilidad vinculado a los aumentos salariales del sector al que pertenecía cada jubilado. El nuevo mecanismo toma como referencia los incrementos acordados con el escalafón que reúne la mayor cantidad de aportantes del Estado provincial, actualmente correspondiente al personal del Consejo General de Educación (CGE).

Jorge sostuvo que el cambio afectaba derechos adquiridos y reclamó que su jubilación continuara actualizándose según los acuerdos salariales bancarios. También solicitó el pago de diferencias correspondientes a aumentos anteriores a la entrada en vigencia de la reforma, que consideraba pendientes.

Por su parte, la Caja de Jubilaciones aseguró que el beneficiario había recibido todos los incrementos bancarios correspondientes hasta el 22 de agosto. Además, informó que en septiembre obtuvo una actualización del 3,5%, mientras que los salarios bancarios aumentaron un 1,9% durante ese mismo período. El organismo utilizó esos datos para rechazar la existencia de diferencias adeudadas.

Al analizar el caso, el juez Malvasio coincidió con el dictamen de la fiscal Natalia Beatriz Taffarel y consideró que las diferencias entre los argumentos del jubilado y los organismos provinciales requerían un debate más amplio y la producción de pruebas. Por ese motivo, entendió que el reclamo debía tramitarse mediante otra vía judicial, como un proceso contencioso-administrativo o una acción de inconstitucionalidad.