¿Tiene la Justicia de Concordia recursos suficientes para afrontar la creciente demanda penal?

Mientras Concordia continúa encabezando indicadores vinculados a la conflictividad penal en Entre Ríos, nuevas estadísticas oficiales vuelven a poner el foco sobre una pregunta que comienza a ganar relevancia institucional: ¿cuenta la Justicia local con los recursos suficientes para responder a una demanda cada vez mayor?

Días atrás, Diario El Enfoque publicó que Concordia lidera ampliamente las causas por narcomenudeo en la provincia durante 2025. Ahora, un análisis periodístico basado en datos oficiales del período comprendido entre febrero de 2025 y febrero de 2026, elaborado por el periodista Osvaldo Bodean, muestra otro fenómeno que merece atención: la ciudad registra niveles de actividad judicial similares a los de Paraná, aunque con una estructura significativamente menor.

Concordia lidera las causas por narcomenudeo en Entre Ríos: en 2025 se iniciaron 261 expedientes, la mitad del total provincial

Los números reflejan que en ese período se iniciaron 2.798 causas penales en los Juzgados de Garantías de Concordia, frente a 2.761 en Paraná. Sin embargo, mientras la capital provincial cuenta con ocho jueces de Garantías, Concordia dispone de apenas cuatro.

La diferencia se vuelve más evidente al analizar la carga individual de trabajo. Cada juez concordiense debió intervenir en promedio en 699 causas durante el año, mientras que cada magistrado de Paraná afrontó alrededor de 345.

Más causas por funcionario

La situación también se observa en otros indicadores relevantes del sistema penal.

Según los datos oficiales, Concordia registró más actos conclusivos, más intervenciones vinculadas a suspensiones de juicio a prueba (probation) y más audiencias de remisión a juicio por magistrado que Paraná.

En una de las etapas más importantes del proceso penal, las audiencias de apertura o remisión a juicio, cada juez de Concordia participó en promedio en casi 48 audiencias durante el período analizado, mientras que en Paraná el promedio fue de aproximadamente 17.

La realidad también alcanza al Ministerio Público Fiscal.

Durante el mismo período ingresaron 14.436 legajos fiscales en la jurisdicción Concordia. Con una planta de 15 fiscales, cada funcionario debió atender en promedio 962 legajos al año. En Paraná, con una estructura de 37 fiscales, el promedio fue de 780 legajos por fiscal.

Una señal de alerta

Las estadísticas no permiten afirmar que exista una situación de colapso en el sistema judicial. Sin embargo, sí exponen una realidad que plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta futura si la demanda continúa creciendo sin un fortalecimiento proporcional de la estructura judicial.

El dato adquiere especial relevancia si se observa que Concordia no solo presenta una elevada cantidad de legajos fiscales, sino también una tasa de judicialización considerablemente superior a la de Paraná. Mientras en la capital provincial cerca del 10% de los legajos derivan en causas judiciales concretas, en Concordia ese porcentaje ronda el 19%.

Traducido en términos prácticos, una mayor cantidad de investigaciones termina requiriendo intervención de jueces, audiencias y recursos judiciales.

El desafío pendiente

La creación de un quinto Juzgado de Garantías para Concordia ya obtuvo aprobación en el Senado provincial y aguarda tratamiento en la Cámara de Diputados. No obstante, los propios números oficiales muestran que la discusión excede la incorporación de un solo magistrado y abre un debate más amplio sobre la distribución de recursos dentro del sistema judicial entrerriano.

Más allá de las cifras, el desafío de fondo es garantizar que el crecimiento de la actividad penal no termine impactando en los tiempos de respuesta y en la calidad del servicio de Justicia que reciben los ciudadanos.

Las estadísticas oficiales muestran una realidad difícil de ignorar: Concordia tramita prácticamente la misma cantidad de causas penales que Paraná, pero lo hace con una estructura considerablemente más reducida. La pregunta, entonces, deja de ser estadística y pasa a ser institucional: ¿está preparada la Justicia local para afrontar una demanda que sigue creciendo?