Imputaron a ex funcionaria y empresarios por presunto desvío millonario en comedores escolares

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a comedores escolares de Concordia sumó en las últimas horas nuevas imputaciones y dejó bajo la lupa un esquema que habría operado sobre compras para al menos 37 establecimientos educativos del departamento.

La ex coordinadora Departamental de Comedores Escolares, Silvina Murúa, fue imputada junto a familiares directos y empresarios locales en una investigación encabezada por la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning. La pesquisa apunta a una presunta maniobra de direccionamiento de compras y utilización irregular de fondos públicos que superaría los 103 millones de pesos.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, desde enero de 2024, cuando Murúa se desempeñaba al frente del área dependiente de la Secretaría de Gestión Social de Entre Ríos, habría coordinado junto a sus hermanos Adrián y Vanesa Murúa y su cuñado Esteban Godoy un sistema destinado a orientar las compras de los responsables de tarjetas alimentarias de los comedores hacia determinados proveedores de Concordia.

La acusación sostiene que esa operatoria se habría concretado mediante “maniobras de intimidación o persuasión” sobre quienes administraban las compras para los comedores escolares.

En ese contexto, los fiscales consideran que los principales beneficiados habrían sido los empresarios Iñaki Partarrié y Martín Ignacio Partarrié, vinculados a la firma “Ahora Voy SRL”, empresa que ya había quedado en el centro de la investigación tras una serie de allanamientos realizados durante el último año por orden del juez de Garantías Ives Bastian.

Fuentes judiciales indicaron que en los últimos días fueron formalmente imputados Silvina Murúa, Adrián Murúa, Guillermo Julián Quiroga e Iñaki y Martín Partarrié. En tanto, aún restaría avanzar con la imputación de Vanesa Murúa y Esteban Godoy.

Otro de los puntos que analiza la fiscalía es el supuesto rol de Guillermo Julián Quiroga, a quien se le atribuye haber actuado dentro de la estructura investigada sin ocupar formalmente un cargo público. Según la imputación, tenía acceso a la oficina de la Coordinación de Comedores y habría intervenido en el manejo de dinero y retiro de mercadería cuyo destino no pudo ser determinado.

De acuerdo a la teoría del caso planteada por el Ministerio Público Fiscal, mediante estas maniobras los involucrados “se apoderaron ilegítimamente de dinero destinado a la compra de alimentos” para los comedores escolares del departamento Concordia.

Las conductas investigadas fueron encuadradas provisoriamente en los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y asociación ilícita, todos en concurso real.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas judiciales.