El Defensor General de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, rechazó la baja de la edad de punibilidad y pidió un abordaje no penal

El defensor general de Entre Ríos, Maximiliano Benítez, expresó su rechazo a la modificación de la Ley Penal Juvenil en los términos que propone el Poder Ejecutivo Nacional en el Congreso de la Nación y advirtió que una eventual baja de la edad de punibilidad sería inconstitucional, ineficaz y contraria a los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional.

En declaraciones públicas, Benítez sostuvo que Argentina no solo no necesita reducir la edad de punibilidad, sino que avanzar en ese sentido implicaría un retroceso en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. “La baja de la edad es inútil, innecesaria y perjudicial. Además, es inconstitucional”, enfatizó.

El titular del Ministerio Público de la Defensa recordó que no es la primera vez que se impulsa una reforma de estas características y remarcó que, históricamente, la posición de los organismos internacionales ha sido clara. “Siempre hemos seguido las enseñanzas de los organismos internacionales y de las cuestiones fácticas que vemos todos los días en todas las provincias argentinas”, señaló.

En ese marco, explicó que si bien el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda modificar la Ley Penal Juvenil, también establece límites precisos. “Estamos de acuerdo en que la ley 22.278 debe ser modificada porque proviene de la última dictadura militar, pero el propio Comité dice que no se deben incrementar las penas ni bajar la edad de punibilidad, que es justamente lo que se pretende hacer con este proyecto”, afirmó.

Datos y estadísticas

Benítez respaldó su postura con datos estadísticos y subrayó que la participación de menores de edad en delitos es mínima y viene disminuyendo desde hace años. “Estamos en un momento muy especial en Argentina, donde los delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes vienen bajando desde hace muchísimo tiempo”, indicó.

En ese sentido, detalló que la tasa de homicidios en el país pasó de entre 9 y 10 cada 100.000 habitantes en los años 2001 y 2002, a 3,7 en la actualidad. En Entre Ríos, la cifra es aún menor, con 2,33 homicidios cada 100.000 habitantes. “Es ínfimo el número de delitos cometidos por menores de 18 años y más insignificante aún los cometidos por menores de 16”, remarcó.

El defensor general también comparó la situación argentina con otros países de la región. “Es cierto que hay países con una edad de punibilidad menor, como Paraguay, Uruguay o Brasil, pero todos tienen índices de delitos mucho mayores que los nuestros y no han logrado reducir la participación de niños y adolescentes en hechos delictivos”, sostuvo.

Como ejemplo, precisó que Uruguay, con una edad de punibilidad de 13 años, registra más de 10 homicidios cada 100.000 habitantes; Brasil y México, con 12 años, tienen tasas de 23 y 22 respectivamente, mientras que Paraguay, con una edad de 14, alcanza los 6,2. “Estos casos demuestran que la privación de la libertad no hace más que profundizar la violencia”, afirmó.

Respuestas alternativas del Estado

Al referirse al rol que debe asumir el Estado frente a los delitos cometidos por jóvenes, Benítez aclaró que la no punibilidad no implica ausencia de intervención. “Que una persona sea no punible no quiere decir que se vaya a la casa y no pase más nada. Hay que analizar las causas por las cuales ese niño cometió el hecho, acompañar a las víctimas, pero también no desproteger al autor”, explicó.

En esa línea, planteó la necesidad de abordajes integrales y específicos. “Si el delito está relacionado con el consumo de estupefacientes, debe tratarse esa problemática, incluso en un espacio de recuperación si es necesario. No es ninguna solución que vaya a la cárcel, eso empeora las cosas”, subrayó.

Además, alertó sobre la grave situación del sistema penitenciario argentino. “Hoy tenemos una crisis carcelaria seria, con el mayor índice de prisionalización desde que se toman estas mediciones. Incorporar niños y adolescentes agravaría aún más este escenario”, advirtió.

Desarrollo y derechos

Finalmente, Benítez recordó que diversos estudios científicos demuestran que el lóbulo frontal del cerebro no se desarrolla completamente hasta alrededor de los 20 años, lo que impacta en el autocontrol, la toma de decisiones y la anticipación de consecuencias. Estas consideraciones, señaló, fueron tenidas en cuenta tanto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como por la Corte Suprema de los Estados Unidos en fallos emblemáticos como “Roper”, “Miller” y “Graham”.

“Los niños están en una etapa de desarrollo. Si los ponemos en una cárcel, no vamos a lograr otra cosa que mayor violencia, más reincidencia y la imposibilidad de una resocialización y un desarrollo sano”, concluyó.

En un cierre con fuerte contenido testimonial, el defensor general recordó su experiencia de más de 30 años en la defensa pública: “Vi lo que era el pabellón Clemente XI en la cárcel de Victoria. La mayoría de los niños que estuvieron ahí privados de su libertad hoy están muertos o cumplen penas altísimas”.