La Justicia Federal confirmó la cantidad de muertes por fentanilo contaminado y podría agravarse la situación de los imputados

La Justicia Federal confirmó que fueron 111 las personas fallecidas a causa de la inoculación de fentanilo contaminado, luego de remitir el listado completo de casos al Cuerpo Médico Forense, organismo que deberá analizar y ratificar la información oficial.

Según supo Diario El Enfoque, el relevamiento se realizó durante la Feria Judicial y abarcó 159 casos en total, de los cuales 48 pacientes lograron sobrevivir al opioide adulterado.

Desde el ámbito judicial se indicó que el Cuerpo Médico Forense será el encargado de estudiar las muestras remitidas y, en caso de confirmarse los datos, podría agravarse la situación procesal de los 14 imputados y detenidos en la causa. Entre ellos se encuentra Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

Una fuente vinculada al expediente señaló que “se trató de un trabajo de depuración muy grande que se llevó adelante durante el receso judicial”.

García Furfaro está acusado como coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales, en concurso real con la figura de adulteración peligrosa para la salud, imputación que inicialmente lo vincula con al menos 20 fallecimientos.

De acuerdo al expediente, al empresario se le atribuye haber intervenido junto a 16 integrantes del plantel de ambos laboratorios en la toma de decisiones vinculadas a la fabricación, distribución y comercialización del lote 31202 del fármaco, destinado al uso sanitario público, cuya orden de producción fue emitida el 16 de diciembre de 2024.

El escrito judicial sostiene que la adulteración del medicamento se produjo a partir de múltiples fallas en el proceso de fabricación, varias de ellas consideradas críticas, pese a la existencia de alertas previas que no habrían sido atendidas.

Reclamo de familiares

En paralelo al avance de la investigación, familiares de las víctimas continúan reclamando justicia y el esclarecimiento total de responsabilidades por lo que consideran la peor crisis sanitaria del país vinculada a la administración de un opioide contaminado con bacterias.

A más de seis meses del inicio de la causa, se realizaron tres movilizaciones en las ciudades de La Plata y Rosario, con el objetivo de mantener visible el reclamo y preservar la memoria de las víctimas.