Fallo judicial frena las bajas de pensiones por discapacidad y tensiona al Gobierno nacional, que deberá restituir más de 100 mil

El Gobierno nacional debió restituir miles de pensiones por discapacidad laboral que habían sido suspendidas en los últimos meses, tras una orden del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca. La medida, dictada por el juez Guillermo Díaz Martínez, obliga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a reactivar los beneficios y a abstenerse de aplicar nuevas bajas mientras esté vigente la resolución judicial.

La causa fue impulsada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones de personas con discapacidad, que denunciaron suspensiones masivas sin previo aviso ni evaluaciones adecuadas. Según el fallo, los afectados fueron víctimas de un “hecho continuado y homogéneo”, es decir, una misma práctica administrativa que lesionó derechos de manera colectiva.

El interventor de ANDIS, Alejandro Alberto Vilches, firmó la resolución 12621/2025, mediante la cual se instruyó a restablecer los pagos y a detener cualquier tipo de auditoría o revisión que pudiera afectar a los beneficiarios. La medida alcanza inicialmente a la provincia de Catamarca, donde se restituyeron unas 3.600 pensiones, pero podría tener impacto nacional si se confirma la extensión solicitada por el juez.

El Gobierno de Javier Milei apeló esa parte del fallo, que busca que la restitución se aplique en todo el país. Sin embargo, la justicia federal advirtió que hasta que se dicte una sentencia definitiva, no se podrán realizar nuevas suspensiones ni auditorías sobre los beneficiarios alcanzados.

Las organizaciones sociales celebraron el fallo y remarcaron que las suspensiones habían dejado sin ingresos a personas con severas limitaciones físicas o mentales, en muchos casos sin ninguna otra fuente de sustento. Además, recordaron que desde hace meses reclaman la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que aún no fue implementada por el Ejecutivo.

El conflicto se originó tras la aplicación del decreto 843/2024, que modificó los criterios para acceder a las pensiones por invalidez, elevando al 66 % el grado de incapacidad laboral requerido y ampliando las causales de suspensión. Esa medida provocó la baja de miles de beneficios en todo el país y una ola de reclamos judiciales.

Aunque el Gobierno sostiene que las auditorías buscan “ordenar y transparentar” el sistema, la justicia consideró que se afectaron derechos básicos de personas en situación de vulnerabilidad. El fallo representa un importante precedente en defensa de las pensiones por discapacidad y podría abrir el camino a nuevas restituciones en otras provincias.