El Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos refuerza acciones para prevenir la tortura y la violencia institucional

El Ministerio Público de la Defensa (MPD) de Entre Ríos avanzará en nuevas medidas para fortalecer la prevención de la tortura y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia personas privadas o con restricción de su libertad en la provincia.

En ese marco, el defensor general Maximiliano Benítez firmó convenios con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y con el Comité Provincial, durante una reunión realizada días pasados en Paraná.

Uno de los acuerdos alcanzados con el CNPT permitirá que la Defensoría General incorpore el Sistema Informático de Prevención de la Tortura (SIPRET), una herramienta que facilitará la aplicación del Registro de Casos de Violencia Institucional, creado en el marco del “Protocolo de Actuación para Defensores Públicos ante casos de Violencia Institucional” (Resolución 042/2019). El organismo nacional brindará asistencia técnica para la puesta en marcha del sistema y la capacitación en el uso de la metodología de registro.

En paralelo, Benítez y el presidente del Comité Provincial, el senador Juan Pablo Cosso, firmaron otro convenio de colaboración destinado a establecer acciones conjuntas de prevención y monitoreo. El trabajo se enmarca en la legislación nacional e internacional vigente, como la Convención de la ONU contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, y la normativa provincial en la materia.

Desde el MPD destacaron que estos acuerdos buscan garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, mediante tareas de supervisión, investigación, capacitación y cooperación técnica.

Vale recordar que en 2019 el organismo aprobó el Protocolo de Actuación para Defensores Públicos ante casos de violencia institucional, estableciendo pautas claras para la intervención y registro de denuncias. Asimismo, en 2024 el MPD y otros organismos provinciales consensuaron un protocolo específico para la intervención policial ante situaciones de crisis vinculadas a la salud mental o consumos problemáticos en el espacio público.

De la reunión participaron también el defensor de Coordinación, Gaspar Reca Ríos, y Lucía Tejera, responsable del Registro de Casos de Violencia Institucional. Por el Comité Nacional asistieron las comisionadas Rocío Alconada Alfonsín y Natalia Gabellini, junto al comisionado Kevin Nielsen; mientras que por el Comité Provincial lo hicieron Sofía Stamatti, Ignacio Journé y Juan Pablo Cosso.