Entre Ríos duele: recortan sueldos y la gente roba comida. La desesperación se hace delito

Los hechos se imponen y empiezan a marcar un camino. Preocupante, por cierto.

Desde hace unas semanas, las redes sociales se nutren de videos caseros que retratan una situación que (según algunos) no se vio ni siquiera durante el gobierno de Sergio Montiel. Empleados de distintas reparticiones salen a los pasillos y al patio interior de la Casa de Gobierno para protestar por un recorte salarial, producto de la eliminación de las horas extras. Este mecanismo, mediante el cual los trabajadores mejoraban sus ingresos sin impacto en el sistema previsional, contó en muchos casos con la anuencia de los sindicatos. Lo que sucedió durante años, en resumen, fue la estandarización de una actualización salarial basada en extras.

Las jornadas de protesta de este miércoles estuvieron cargadas de tensión: se cerró la puerta principal y se impuso un control estricto sobre quienes pretendían ingresar.

Al caer la tarde, se conoció un decreto por el cual se congela cualquier aumento salarial a funcionarios y personal fuera del escalafón. Una medida que impacta más en la opinión pública que en las arcas del Estado. En cambio, el recorte de las horas extras deja a muchos trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Esta medida sí impacta en las cuentas públicas, representando un 10 por ciento del gasto en ese ítem. Se anticipa un festival de demandas judiciales, en unos tribunales donde el decreto (que también invita a los jueces a sumarse al congelamiento) cayó como un trago amargo.

La urgencia de “ordenar”, como lo enuncia el mandatario, no es más que la urgencia de juntar recursos de donde sea, ante una situación desesperante del Estado provincial. La estrepitosa baja en la coparticipación federal y la caída de la recaudación local son una bomba con la mecha encendida.

Estas medidas se conectan con el reclamo de los gobernadores sobre el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos. Actualmente, ese dinero se distribuye entre el Tesoro Nacional, el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), el Sistema Único de Seguridad Social, el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y la Compensación al Transporte Público. Los mandatarios provinciales reclaman que esos fondos vayan directamente a rentas generales y no a organismos específicos. Garantizar el pago de sueldos se ha convertido en un objetivo político prioritario.

El Gobierno provincial también debe afrontar el pago del crédito tomado por Gustavo Bordet en 2018. El endeudamiento fue aprobado por la entonces oposición, Juntos por el Cambio, que puso como condición la coparticipación del 18 % para los municipios. Rogelio Frigerio era entonces ministro del Interior en la gestión de Mauricio Macri, que contrajo una deuda histórica con el FMI por 44 mil millones de dólares. Esa operación fue posible gracias al desendeudamiento logrado durante los gobiernos kirchneristas, según reconoció Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda y compañero de gabinete de Frigerio. En aquellos años, tomar deuda era la regla.

En el sector privado, la situación no es mejor. En Entre Ríos, el modelo nacional es reconocido únicamente por su superávit fiscal, sin considerar los factores ni las consecuencias que lo explican.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC determinó que la tasa de desempleo en Argentina durante el primer trimestre de 2025 fue del 7,9 %. En los conglomerados de Entre Ríos, Concordia registró un aumento del 3,4 % respecto al mismo trimestre de 2024, y en el Gran Paraná también se incrementó, aunque levemente: del 4,2 % al 4,5 % (+0,3 %).

El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Szczech, advirtió en una entrevista con Dos Florines que Entre Ríos llegó a tener 12.000 empleos directos en el sector y hoy apenas alcanza los 4.500. Se perdieron, entonces, 8.000 puestos de trabajo.

Para el empresario entrerriano, titular del Grupo Szczech y uno de los referentes del sector, las políticas de ajuste fiscal impactan en una caída del 30 % promedio de actividad, lo que impide que la inversión privada compense la desinversión estatal.

A continuación, una postal que completa el cuadro. Se trata de una gacetilla policial, cada vez más habitual en las redacciones:

“Durante recorridas de rutina, personal de Comisaría Decimotercera identificó a un masculino que transitaba a pie con una bolsa de arpillera amarilla, la cual contenía mercadería. Durante el procedimiento, el supermercado Día, ubicado en avenida Ramírez, confirmó que el individuo había sustraído artículos de su establecimiento, siendo identificado por las cámaras de seguridad. Tras esto, se contactó a la fiscal de turno, quien ordenó la aprehensión del masculino por el delito de hurto. El aprehendido, de 31 años, fue alojado en la Alcaidía de Tribunales y se remitieron los elementos secuestrados a la jurisdicción correspondiente.”

El joven, como se observa en la imagen que difundió la Policía, fue detenido a plena luz del día. Lo sustraído no fue más que alimentos de primera necesidad. Ni siquiera había carne. El treintañero tal vez sea un albañil desocupado.

La calamidad financiera que atraviesa Entre Ríos es consecuencia de una motosierra desenfrenada y del impacto de un modelo que tiene a su autor, el Presidente de la Nación, prometiendo más ajuste.

Mientras tanto, el gobernador entrerriano parece dispuesto a empoderar la fuerza de Javier Milei en el Congreso, en una alianza electoral con La Libertad Avanza. El objetivo de ese acuerdo: no quedar del lado de los perdedores el domingo de la elección. (Fuente: Página Política)