Una voz judicial, contra el veto que desfinancia las universidades

Con la venia del Papa, magistrados y magistradas de todo el país se expresaron ante los resuelto por el gobierno libertario y macrista. Quiénes integran la naciente organización. 

Luego de que los diputados nacionales de La Libertad Avanza y el PRO -en una especie de gobierno y cogobierno- alcanzaran sumar un tercio de los integrantes del cuerpo para dejar firme el veto que desfinancia a las universidades públicas, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) emitió un comunicado. Allí reiteró su “preocupación y malestar ante la conducta política y social de las/os diputadas/os nacionales que con su voto negativo, con su abstención o con la no concurrencia al recinto legislativo convalidaron la amenaza de desfinanciamiento de la educación universitaria estatal”. 

La Copaju es una organización creada por impulso del Papa Francisco y se formalizó según Acta Constitutiva el 4 de junio de 2019 en la Ciudad del Vaticano y reúne a magistrados de distintos países del mundo, en donde la Argentina, obviamente, no es la excepción. 

La versión local, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se oficializó a principios de año y el acto contó con la invitación de todo el espectro político, gremial y judicial del país. El consejo directivo lo integra un entrerriano: el jefe del Ministerio Público de la Defensa, Maximiliano Benítez. 

“Nos comprometimos, y lo haremos, a abordar temas como la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca); un sistema judicial juvenil conforme a estándares convencionales internacionales; la lucha contra la compraventa de bebés, niñas y niños; los derechos de los pueblos originarios; los derechos atinentes al goce de un medio ambiente sano y saludable, en un todo de acuerdo con las encíclicas papales”, sostuvo el día de cambios de autoridades, César Raúl Jiménez, quien oficia de coordinador de la organización. Aquí los objetivos que se propuso el espacio. Click copaju.org/

Este viernes, los representantes de todo el país reunidos en el Capítulo Argentina de Copaju advirtieron que la “catástrofe educativa” –una figura empleada por el Sumo Pontífice– que podría causar la falta de recursos para la educación universitaria, “tendrá consecuencias directas sobre el nivel educativo, y sobre estudiantes, docentes y no docentes, además de impactar negativamente en la movilidad social ascendente, que ha sido una de las características esenciales del acceso a la universidad estatal en nuestro país”. 

De esta forma, los integrantes de la organización ratificaron la postura que habían manifestado en su declaración del pasado 2 de octubre, cuando pidieron al presidente de la Nación que promulgara esta ley y exhortaron al Congreso a no convalidar un veto. 

“Asistimos a la vulneración de un derecho social esencial como lo es la educación, mediante conductas de representantes legislativos electos”, lamentaron desde el Capítulo Argentina de Copaju en el documento. Y concluyeron que “se priorizó la visión economicista del gasto público, relegando la inversión presupuestaria en el sistema educativo universitario, lo que traerá consecuencias perjudiciales en un contexto social económicamente incierto, con índices desfavorables de pobreza”.

El espacio argentino, dentro del Comité, está encabezado por César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas (Misiones). Lo acompañan el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario es Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y las y los vocales María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Mariana Beatriz Pucciarello, defensora ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA; Rómulo Rubén Abregú, asesor de incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA. (Página Política)