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Contratos truchos: “Lo próximo es la audiencia de remisión a juicio”, adelantó María Barbagelata
La jueza de Garantías se refirió a la complejidad de esta causa que tiene 32 imputados y desea que "las cosas se hagan como deben hacerse".
JUDICIALES 18 de marzo de 2024![El Enfoque](/static/img/usuario.jpg)
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La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, se refirió al reinicio del proceso que investiga los “contratos truchos” de la Legislatura luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispusiera devolver a la Justicia provincial la competencia en la causa. En la Semana de la Memoria, también reflexionó sobre su trabajo en defensa de las víctimas de la dictadura militar que logró multiples condenas.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Barbagelata recordó que “la causa estaba en la Corte porque desde el Juzgado Federal se había dado trámite a un recurso de inhibición y yo entendí la competencia era de los jueces ordinarios de la provincia, entonces fue a decisión de la Corte que resolvió el 5 de marzo, aunque la comunicación formal llegó el jueves pasado y con esa información se reanuda el trámite de la causa a nivel provincial, ya con la certeza de que la competencia es ordinaria”.
En cuanto a los pasos a seguir, explicitó que “la causa cuando se suspendió estaba en la instancia de que se había corrido a las defensas vista del requerimiento fiscal de elevación a juicio; la Fiscalía había clausurado la investigación y entendió que tenía elementos para solicitar la remisión de la causa a juicio lo cual implica que debe hacerse una audiencia en la que se valora, se controla la investigación, se hace un análisis de si efectivamente se cuenta con elementos suficientes o si eso no sucede, se analizan en esa instancia todos los planteos que puedan hacer las defensas, sobreseimientos que fueron instados por la propia Fiscalía. Pero antes de esa audiencia las defensas tienen un plazo para valorar ese requerimiento y hacer el propio ofrecimiento de las cuestiones a tratar en la audiencia y las medidas de prueba que intentan que sean admitidas para producirse en el juicio. Ese plazo estaba corriendo cuando se suspendió el trámite de la audiencia a raíz de este planteo en la Corte, con lo cual ahora está pendiente de agotarse el plazo que tienen las defensas y después se fijará esta audiencia que comentaba”.
Consultada por la posibilidad de que el juicio oral pueda efectuarse este año, la magistrada apuntó que “no cabe duda que se hará la audiencia, allí hay que valorar lo que plantea Fiscalía y lo que plantean las defensas, se van a analizar los sobreseimientos instados por Fiscalía, los planteos que hagan las partes y se dará tratamiento. Si al final de la audiencia se considera que hay elementos para remitir la causa a juicio este año seguramente sale el auto y se agota la instancia del Juzgado de Garantías, después el trámite –en caso de elevarse a juicio- depende de la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA)”.
“No puedo decir si este año se haría el juicio, deseo que las cosas se hagan como deben hacerse, con los tiempos que demande hacer un análisis adecuado de los planteos de Fiscalía y las defensas, y si como resultado de eso entendiera que la causa debe ser elevada a juicio –aun con la complejidad de esta causa que tiene 32 imputados y la audiencia a mi cargo va a demandar meses- la OGA debe fijar audiencia, establecer el tribunal y el tiempo que demandaría un juicio de esta envergadura”, especificó.
En comparación con las dificultades de la causa ATER que también estuvo en sus manos, Barbagelata sostuvo que “lo que fue muy complejo de la causa ATER era la enorme cantidad de imputados que tuvo más de 100; son complejidades distintas porque era una única maniobra desde adentro de ATER, los imputados tenían situaciones diferentes, y esto de los contratos tiene importancia en cuanto a los números, a cuánto ascendió el perjuicio para la provincia, hay mucha prueba de otro tipo y tiene la particularidad de ser una causa que atraviesa políticamente a las instituciones”.
Asimismo, dijo que no puede dar precisiones “en cuanto a los plazos” en que se realizará la audiencia de remisión a juicio pero explicó que “el artículo que regula el tiempo que tienen las defensas para hacer su trabajo les concede cinco días pero a raíz de la complejidad de esta causa y porque además la provincia está constituida como actor civil en la causa y las defensas tenían que contestar esa demanda o prepararse para todo lo que implica la demanda civil, ese plazo fue ampliado a 45 días. Por eso cuando se suspendió estaba todavía pendiente ese plazo, no faltaba mucho pero hay que sacar las cuentas y vencido ese plazo, la OGA fija la audiencia teniendo en cuenta todo el calendario de audiencias que ya está fijado y también las audiencias que ya tienen fijadas los abogados de las partes”.
En cuanto a la importancia de la investigación y las presiones que puede haber, evaluó que “la notoriedad de la causa la entiendo como ciudadana, es una causa que atraviesa lo institucional y por eso tiene una relevancia tal, porque es de importancia ciudadana lo que pasa en esta causa cualquiera sea la decisión que se tome; mi mirada es estrictamente técnica y jurídica entendiendo la relevancia institucional que tiene y que a eso se le suman las dificultades propias de la cantidad de imputados. La presión que siento es estar totalmente alerta en dar la respuesta que esta causa merece, con la atención que cada uno de los imputados merece en su propia situación y que esto no entre en una cuestión institucional donde todo es una misma bolsa. La presión que siento es estar a la altura de dar la respuesta que cada una de las situaciones se merece; mi función es controlar que las cosas se hagan como deben hacerse y así se van a ser en lo que es mi poder jurisdiccional y estoy en condiciones de garantizar”.
Consultada por si pueden surgir planteos de las defensas en contra de cuestiones que surjan de la audiencia de remisión a juicio o contra la decisión final de remisión a juicio, explicó que “el proceso penal se va construyendo mediante las tensiones que se generan entre los requerimientos de la Fiscalía y la posición de la defensa frente a eso, y depende de lo que se plantee –que es imposible de anticipar- hay decisiones que pueden ser revisadas en apelación y en Casación. Muchas decisiones pueden tomarse que puedan ser revisadas, cuestiones incluso que pueden tener que ver con distintas instancias, primero se van a tratar los sobreseimientos, luego el planteo de Fiscalía, las defensas puede oponerse a los planteos; hay planteos que sí merecen la revisión por los órganos jurisdiccionales de alzada y otras que no, donde mi decisión es definitiva y no revisable”.
“Es una causa compleja, pero no necesariamente esos planteos o recursos que se interpongan van a tener incidencia en la continuidad o suspensión de la audiencia. Las partes pueden solicitar que un tribunal superior revise lo que yo decido sin que eso suspenda el trámite de la audiencia”, sentenció.
Reflexión en la Semana de la Memoria
Consultada por cuánto la marcó en su vida personal y profesional el haber trabajado junto a tantas víctimas de la última dictadura militar y haber logrado tantas condenas, Barbagelata afirmó: “Me marcó profundamente. Es difícil explicar, es complicado explicar los sentimientos encontrados porque me marcó profundamente y por otro lado agradecí la oportunidad de poder hacer mi aporte en lo que para mí es darle solidez a las instituciones, dejando en claro cuál es mi posición respecto de lo que sucedió durante la dictadura, cuál es el lugar que tuvieron las víctimas, cuál es el lugar que tuvo el Estado y participar en estas causas, que para mí son causas históricas, más allá de lo que es, volviendo a hacer la diferencia entre lo que es institucional y lo que es personal, más allá de las terribles experiencias personales de las personas a las que representábamos con el doctor (Marcelo) Baridón y el doctor (Álvaro) Piérola, institucionalmente para mí son causas históricas”.
“Son causas históricas sobre todo porque mandan un mensaje a la ciudadanía y mandan un mensaje a las personas que ejercen el poder para comunicar que cualquier tránsito excepcional de impunidad no significa una impunidad para siempre, que los vientos cambian y hay que responder, no importa el tiempo que ha pasado. Y me parece que eso le da gran solidez a la madurez democrática y republicana de nuestro país. Y haber sido partícipe de eso fue una de las cosas más importantes en términos profesionales y personales”, concluyó.
(Análisis Digital)
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