Alquileres sin freno: el índice de aumentos para renovaciones de mayo tendrá un porcentaje récord

Duele el bolsillo alquilar en Argentina y además es una travesía encontrar una vivienda por la gran escasez existente. Son dos problemas que se agravaron desde que entró en vigencia la polémica normativa sancionada en 2020.

Supuestamente, era una ley pensada en beneficiar a los inquilinos, pero en un país con una inflación que galopa a pasos agigantados la de marzo se ubicó en 7,7%, lo que implicó que la suba de precios alcanzara el 104,3% interanual.

Este piso impacta severamente en el Índice de Contratos de Locación (ICL) que estipula el Banco Central y que rige sobre los precios los alquileres. Al principio de mes los contratos se ajustaron en 92,53%, pero a esta altura, desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) informaron la estimación correspondiente al incremento que tendrán los alquileres en mayo. El dato del Observatorio Estadístico del Sector Inmobiliario de la entidad arroja que, al 1 de mayo, el aumento del valor superará el 95 por ciento (95,43%).

La estimación se realizó en base a la evolución del ICL y las previsiones respecto de los datos en los que éste se basa (inflación y remuneración promedio).

Este número demuestra la dura realidad que vive el mercado de alquileres en todo el país a raíz de la crítica situación económica. La ley generó una retirada masiva de propiedades llegando a una oferta prácticamente nula de inmuebles en la mayoría de las ciudades de todo el país.

“Se reafirma, así, la imperiosa necesidad de que desde el Estado se avance en una modificación de la Ley que subsane los puntos más nocivos de la misma (el plazo de los contratos y el propio ICL), a la vez que se pongan en práctica políticas de corte fiscal e impositivo que tiendan a recuperar el stock de unidades para alquilar. De no avanzarse en este sentido, el mercado (y, por tanto, los miles de familias argentinas que de él dependen para tener un techo) seguirán sufriendo una situación que no hará más que agravarse mes a mes, sobre todo, con la crisis que estamos viviendo”, explicó a Infobae Marta Liotto, presidenta del CPI.

El aumento por el ICL sería récord en mayo. Aunque según consultoras y plataformas especializadas los valores superan el 120% en la mayoría de los casos y en CABA hay monoambientes por los que ya se llegan a pedir $95.000 y dos ambientes por más de $100.000 mensuales.

Liotto, amplió que “la gente termina alquilando lo que puede. Y paga a valores que son muy costosos. Esto debe cambiar pronto porque sino no habrá quien pueda afrontar los números para acceder a una vivienda en locación”.

Al margen de los valores, la problemática es federal porque la falta de viviendas se advierte con notoriedad en todo el territorio. En CABA actualmente se calculan entre 1.800 viviendas en alquiler entre departamentos, casas y PH. Algo sin precedentes. Y en Córdoba desde que entró en vigencia la polémica ley poco a poco los propietarios fueron quitando unidades que antes las ofrecían en alquiler y ahora están en venta.

Virginia Manzotti, titular de la inmobiliaria homónima y vicepresidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios del País (Cofeci), comentó a que “desde mayo 2021 hasta marzo 2023 la caída de la oferta fue del 32,2%; una reducción que jamás sucedió en el segmento residencial. Esta situación trajo aparejado un desorden entre la oferta y la demanda que ocasiona que hoy no haya departamentos para alquilar y los que hay su valor es muy alto de acuerdo a los ingresos de los inquilinos”.

Más calma

Como otras voces del Gobierno nacional hacen deslizar que la ley no se suspendería (la propia portavoz de presidencia de la Nación, Gabriela Cerutti se pronunció la semana pasada) hay más calma en el segmento y a menos que sea el Congreso nacional que la derogue, suspenda o reformule, por ahora todo sigue igual y los contratos son a 3 años con ajustes interanuales de acuerdo con el ICL.

Mariano Lomónaco, experto del Real Estate con operaciones entre Villa Pueyrredón y Villa Urquiza, dijo a Infobae, que “el mercado no está parado, y como por ahora nada cambió en lo concreto, las operaciones siguen avanzando igual. Notamos que los propietarios están más tranquilos y siguen convalidando los acuerdos según la ley vigente”.

Inquilinos y propietarios

En la práctica hay mucho desorden y según trascendió hay acuerdos informales o prórrogas por fuera de la ley. En las provincias, sobre todo, hay contratos que se hacen a dos años y ajustes semestrales como era antes de julio de 2020.

Ricardo Botana, de la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), aconsejó a quienes buscan un alquiler o están por acordar que se asesoren y que sea bajo la actual normativa. “Tienen que firmar por 3 años, aunque hay mucha desesperación y hay gente que tarda hasta 5 meses en conseguir, por eso termina accediendo incluso a inmuebles en mal estado. También les aconsejo que lean bien el contrato y que saquen foto a la propiedad el día que entren para constatar como funcionan canillas, termotanques, calefones, cocinas, entre otros artefactos y áreas de la casa”, alertó.

Si se alquila un inmueble siempre es vital hacer el contrato escrito porque es más sencillo probar que el acuerdo existe. Y, en cambio, si no se tiene un contrato escrito, el alquiler es válido igual, pero es más difícil comprobarlo.

Otra opción que tiene el inquilino para estar protegido es que realicen un inventario al momento de ingresar a la vivienda y que lo presenten ante la inmobiliaria y/o el locador para que lo firmen.

Por su lado, Pablo Til, integrante y comunicador del grupo Propietarios Unidos Argentinos, dijo que “la ley sólo beneficia a los inquilinos ya sea desde reparaciones, roturas, hasta no poder cancelar el contrato. Entendemos que para que la gente vuelva a poner sus propiedades en el mercado de alquileres habrá que derogarla y hacer una nueva con acuerdos de libre pacto entre propietarios e inquilinos cada 6 meses”.

Otra cuestión en la que varias agrupaciones de propietarios hacen hincapié en el desalojo exprés si el inquilino deja de pagar dos o tres meses. Los juicios por desalojo tardan entre dos y tres años, y además sostienen que deben pagar también por esta cuestión y todo esto hace desalentar que una persona ponga en riesgo el departamento o casa que pudiera haber comprado o recibido por herencia.

“No grupos de propietarios que alquilan más de 10 viviendas como algunas agrupaciones de inquilinos quieren divulgar con mala intención. Mucha gente arriesga su propiedad porque pudo ahorrar y comprarla, o porque la recibió de algún familiar fallecido o la construyó pensando en reforzar el ingreso en el caso de muchos jubilados. Si las cosas se hicieran bien y hubiera equilibrio para ambas partes por igual la oferta volvería a crecer en un mediano plazo”, concluyó Til.