El Gobierno nacional busca avanzar con un proyecto que elimina las PASO, pero las diferencias dentro de La Libertad Avanza, las reservas de sus aliados y la falta de acuerdos con los gobernadores complican su tratamiento. La Justicia electoral reclama definiciones antes de 2027 para evitar cambios en pleno año electoral.

La reforma electoral volvió a instalarse entre las prioridades del presidente Javier Milei, quien la mencionó durante la última reunión de Gabinete. Sin embargo, la iniciativa todavía no consigue avances concretos y enfrenta obstáculos tanto políticos como institucionales.

Uno de los principales puntos de conflicto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el oficialismo pretende impulsar modificaciones al sistema electoral, parte de sus aliados y los gobernadores dialoguistas consideran que no es el momento de discutir nuevas reglas de juego. Algunos sectores, además, defienden la continuidad de las primarias.

Dos estrategias dentro del oficialismo

Las diferencias también atraviesan a La Libertad Avanza. Dentro del espacio conviven dos posturas sobre cómo conseguir que el proyecto avance en el Congreso.

Por un lado, el sector encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, considera que el Gobierno tiene margen para negociar desde una posición de fuerza y sin resignar artículos centrales de la propuesta.

En la vereda opuesta, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, apuesta a acelerar las conversaciones y aceptar concesiones para reunir los apoyos necesarios y llevar la iniciativa al recinto.

La diferencia no es menor: mientras una estrategia prioriza sostener el contenido original del proyecto, la otra pone el foco en alcanzar acuerdos que permitan avanzar legislativamente. Por ahora, ninguna de las dos posiciones logró destrabar la discusión.

La Justicia reclama definiciones antes de 2027

A las dificultades políticas se suma la preocupación de la Justicia electoral por los tiempos de la reforma.

El martes, el juez federal Alejo Ramos Padilla y el presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, instaron a los gobiernos nacional y provincial, junto con sus respectivos poderes legislativos, a definir las modificaciones electorales durante este año y no en 2027, cuando se celebrarán las elecciones presidenciales.

El planteo apunta a evitar que las reglas de una elección se modifiquen cuando el calendario electoral ya esté en marcha.

Ramos Padilla también defendió las PASO y el desdoblamiento de los comicios provinciales respecto de los nacionales. Sobre las primarias, destacó su función como mecanismo para ordenar la oferta electoral y facilitar la definición de candidaturas.

El magistrado resumió su postura con una advertencia sobre los plazos: “Lo ideal es que estas decisiones se tomen en años no electorales”.

La Cámara Electoral también expresó su preocupación

En la misma línea se pronunció la Cámara Nacional Electoral mediante la Acordada Extraordinaria N.º 155/26, en la que instó al Congreso a contemplar criterios de previsibilidad y oportunidad al analizar reformas electorales, de partidos políticos y de financiamiento de campañas.

El tribunal remarcó la importancia de establecer cambios con suficiente anticipación al inicio del año electoral. El objetivo es permitir que las autoridades puedan implementar las modificaciones y garantizar el normal desarrollo de los comicios.

La advertencia adquiere relevancia porque una reforma electoral no solo requiere aprobación legislativa: también demanda adecuaciones administrativas, organización logística y tiempo para que los partidos y los votantes conozcan las nuevas reglas.

La incertidumbre sobre cómo se votará

Otro de los puntos que genera inquietud en el ámbito electoral es la falta de definiciones sobre la posibilidad de realizar elecciones concurrentes, es decir, votar cargos nacionales y provinciales en una misma jornada, con sistemas de votación diferentes.

La experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en 2023 sigue siendo una referencia de las dificultades que puede generar la utilización de mecanismos distintos en un mismo proceso electoral.

Este escenario también explica la urgencia que Bullrich pretende imprimirle a las negociaciones. Una definición tardía podría complicar la organización de los comicios y sumar incertidumbre a un calendario que exige previsión.

Por ahora, el Gobierno enfrenta un doble desafío: conseguir los votos para aprobar la reforma y resolver las diferencias sobre su contenido y sus plazos. La eliminación de las PASO sigue entre sus objetivos, pero las resistencias políticas y las advertencias de la Justicia muestran que el camino legislativo todavía está abierto.