El BCRA citó a Concordia Inversiones por otro sumario y presuntas irregularidades cambiarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) citó y emplazó a Concordia Inversiones SRL, ex agencia de cambio, y a cuatro personas vinculadas a la firma para que comparezcan en el marco de un nuevo sumario financiero en el que se investigan distintas presuntas irregularidades.

La convocatoria fue publicada este jueves 10 de septiembre en el Boletín Oficial de la Nación. Diario El Enfoque corroboró además los alcances del expediente en la resolución original del Banco Central. Se trata del Sumario Financiero Nº 1701, cuya apertura había sido dispuesta el pasado 21 de julio. 

El organismo citó al representante legal de Concordia Inversiones y a María Gabriela Vázquez, Daniel Gustavo Romano, Verónica Ester Calderón y Osvaldo David Galván. Todos tendrán un plazo de diez días hábiles bancarios para presentarse ante la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero, tomar vista de las actuaciones, presentar sus defensas y ofrecer pruebas.

La publicación establece además que, en caso de que los citados no comparezcan, el procedimiento podrá continuar con las constancias incorporadas al expediente hasta el dictado de una resolución final.

Qué investiga el Banco Central

Según el documento oficial, el BCRA considera que existen elementos suficientes para investigar, en primer término, la presunta realización de una operatoria que no estaba permitida para el tipo de entidad bajo el cual operaba Concordia Inversiones.

También se analiza la presentación tardía de distintos regímenes informativos, entre ellos información contable mensual, operaciones de cambio y datos correspondientes a tenencias de moneda extranjera de casas y agencias de cambio.

El expediente incluye además presuntos incumplimientos de las normas de atención y protección de usuarios de servicios financieros.

Pero uno de los puntos más relevantes de la resolución es que el Banco Central sostiene que también “se habría obstaculizado el procedimiento de inspección” llevado adelante por el organismo, circunstancia que incorporó como una de las posibles infracciones sujetas a investigación.

La resolución señala que la investigación alcanza tanto a la sociedad como a personas que, de acuerdo con los antecedentes reunidos por el organismo, habrían tenido funciones de decisión o control al momento de los hechos.

Es el segundo sumario financiero abierto contra la firma durante 2026

El registro público de aperturas sumariales del propio Banco Central muestra que Concordia Inversiones ya había sido incluida en otro procedimiento este mismo año.

El 18 de marzo, mediante la Resolución 78/2026, el organismo abrió el Sumario Financiero Nº 1691 contra la empresa y tres personas. En aquella investigación se analizaron presuntos incumplimientos relacionados con la difusión de estados contables y con la presentación tardía del Régimen Informativo Contable Semestral/Anual para casas y agencias de cambio. Ese expediente es distinto del Nº 1701 por el que ahora se publicó la citación.

Los registros históricos del Banco Central ubican además a Concordia Inversiones como agencia de cambio en Belgrano 1905, de la ciudad de Concordia. En la información correspondiente al segundo semestre de 2019 aparecen registradas operaciones en dólares estadounidenses y pesos uruguayos.

Una multa firme superior a los $60.000 millones

El 25 de noviembre de 2025, en otro expediente, el BCRA aplicó a Concordia Inversiones SRL una multa de $60.072.156.400, sanción que figura actualmente en los registros del organismo con estado procesal “firme”.

En aquella misma resolución, Daniel Gustavo Romano recibió una multa de $18.021.646.920 y una inhabilitación por 72 meses (seis años) para desempeñar determinadas funciones en entidades comprendidas por la legislación financiera. La sanción también consta como firme en el registro oficial del Banco Central.

La citación publicada este jueves corresponde, sin embargo, a un procedimiento diferente. El Sumario Nº 1701 deberá continuar ahora con la instancia de defensa de los involucrados antes de que el Banco Central determine si las irregularidades investigadas existieron y, eventualmente, si corresponde aplicar nuevas sanciones.