La mora en los créditos tomados por familias argentinas continúa creciendo y ya alcanza niveles que generan preocupación entre analistas y entidades financieras. Según el último Informe sobre Bancos difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 12,1% de las financiaciones otorgadas a hogares se encontraba en situación irregular durante abril de 2026.

El dato refleja un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo y de 8,4 puntos en comparación con el mismo mes del año pasado, consolidando una tendencia de deterioro que viene observándose desde hace varios meses.

El informe oficial revela además que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto alcanzó el 7,3%, mientras que la morosidad entre las empresas se ubicó en el 3,3%. La situación de las familias, por lo tanto, aparece como el segmento más comprometido dentro de la cartera crediticia del sistema financiero.

Más familias con dificultades para pagar

La mora bancaria es uno de los indicadores más observados por economistas y entidades financieras porque permite medir cuántos deudores presentan atrasos o incumplimientos en sus obligaciones.

Aunque el Banco Central señala que en los últimos meses comenzó a registrarse una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la cartera irregular, el nivel actual continúa siendo elevado y refleja las dificultades que enfrentan numerosos hogares para sostener el pago de préstamos personales, financiaciones y consumos financiados.

La situación cobra especial relevancia en un contexto en el que muchas familias aún intentan recomponer ingresos luego de varios años de inflación elevada, caída del poder adquisitivo y encarecimiento del crédito.

El propio informe destaca que la cartera irregular de los hogares sigue creciendo, aunque a una velocidad menor que la observada meses atrás.

Bancos sólidos frente a familias más endeudadas

Uno de los aspectos más llamativos del informe es que el incremento de la morosidad convive con un sistema financiero que mantiene elevados niveles de liquidez, capitalización y solvencia.

El Banco Central sostuvo que las entidades financieras continúan exhibiendo "holgadas coberturas de liquidez, previsiones y capital", mientras que los indicadores de solvencia permanecen ampliamente por encima de las exigencias regulatorias.

En abril, la integración de capital del sistema financiero alcanzó el 31,1% de los activos ponderados por riesgo, mientras que el exceso de capital sobre el mínimo requerido llegó al 286,1%.

A esto se suma que la rentabilidad de los bancos mostró una mejora respecto de los meses previos, con resultados positivos equivalentes al 1,3% anualizado sobre el total de activos.

El crédito dejó de crecer

Otro dato relevante del informe es que el crédito al sector privado prácticamente se estancó durante abril.

Mientras los préstamos en pesos registraron una caída real del 0,9%, el financiamiento en moneda extranjera continuó creciendo. Como resultado, el saldo total de crédito al sector privado mostró una variación prácticamente nula respecto de marzo.

El comportamiento refleja una mayor cautela tanto por parte de las entidades financieras como de los propios tomadores de crédito, en un escenario donde la capacidad de pago se ha convertido en una de las principales variables de seguimiento para el sistema bancario.

Una alerta para la economía real

Más allá de la solidez que muestran los bancos, el aumento de la morosidad entre las familias constituye una señal de alerta para la economía.

El indicador no solo refleja problemas de pago individuales, sino que también funciona como un termómetro de la situación financiera de los hogares. Cuando más personas tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias, suele evidenciarse una presión creciente sobre los ingresos disponibles y sobre el consumo.

Por ahora, el Banco Central destaca que el sistema financiero mantiene capacidad suficiente para absorber estos riesgos. Sin embargo, la evolución de la mora seguirá siendo uno de los datos más observados en los próximos meses para determinar si las familias logran recuperar capacidad de pago o si las dificultades financieras continúan profundizándose.