Rechazaron el sobreseimiento de Cresto: la causa seguros suma un nuevo capítulo y profundiza la controversia política

El juez de Garantías desestimó los planteos de nulidad y sobreseimiento formulados por la defensa del exintendente. Mientras la investigación sigue adelante, la defensa insiste en denunciar un supuesto direccionamiento político de la causa y apelará la resolución.

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros durante la anterior gestión municipal sumó un nuevo capítulo procesal. El juez de Garantías de Concordia, Mauricio Guerrero, rechazó los planteos de nulidad de la imputación y de sobreseimiento formulados por la defensa del exintendente Enrique Cresto, por lo que la investigación continuará en la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Fuentes judiciales vinculadas al caso confirmaron a Diario El Enfoque que el magistrado consideró que la imputación impulsada por la Fiscalía cumple con los requisitos legales exigidos para esta instancia procesal, al contener una descripción de los hechos investigados, las conductas atribuidas y la calificación legal provisoria.

En consecuencia, resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento al entender que existen elementos suficientes para que la pesquisa continúe avanzando y se profundice la producción de pruebas.

Qué investiga la Fiscalía

La investigación está vinculada a una resolución firmada durante la gestión municipal anterior mediante la cual fueron designados Ignacio Caprarulo y la firma CETW Brokers S.A. como productores de seguros de la Municipalidad de Concordia.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, la intervención de productores privados habría resultado innecesaria debido a que el municipio contrataba las coberturas a través del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).

La causa se formalizó en diciembre de 2025, cuando los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning imputaron a Enrique Cresto, al exsecretario de Gobierno Aldo Álvarez, a Fernando Barboza y a otros involucrados vinculados a la operatoria investigada.

Según la acusación, los imputados serían considerados partícipes necesarios de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública, aunque la responsabilidad penal de cada uno deberá determinarse a medida que avance el proceso.

Los argumentos de la defensa

La defensa de Cresto, ejercida por la abogada María de los Ángeles Petit, cuestionó la validez de la imputación y sostuvo que la acusación carece de precisión suficiente respecto del período en que habrían ocurrido los hechos investigados.

Entre los principales argumentos, señaló que el exintendente no ejerció el cargo entre enero de 2020 y septiembre de 2022, período en el que se desempeñó como titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), situación que fue acreditada en el expediente mediante la documentación correspondiente.

Asimismo, la letrada sostuvo que la investigación presenta inconsistencias y advirtió sobre un eventual trasfondo político en el desarrollo de la causa, postura que ya había sido planteada en distintas instancias judiciales.

No obstante, el juez entendió que tales cuestionamientos deberán ser analizados en el marco de la investigación en curso y rechazó los pedidos formulados en esta etapa inicial del proceso.

La causa sigue abierta

La resolución de Garantías no implica una definición sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados, sino que ratifica la continuidad de la investigación penal para determinar si existieron o no conductas delictivas vinculadas a la contratación de seguros durante la gestión municipal anterior.

Tras el rechazo de los planteos, la defensa confirmó que apelará la decisión ante instancias superiores, por lo que el expediente continuará su recorrido judicial.