CAME reclamó una reforma fiscal y puso en la mira a Ingresos Brutos y las tasas municipales

CAME difundió un duro documento contra las recomendaciones tributarias del FMI y reclamó una reforma estructural del sistema impositivo argentino. La entidad empresaria puso el foco en Ingresos Brutos, los regímenes de retenciones provinciales y las tasas municipales, a los que considera una de las principales trabas para la producción y la inversión.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) volvió a poner sobre la mesa uno de los reclamos históricos del sector productivo: la necesidad de reformar los impuestos provinciales y municipales que gravan la actividad económica. La entidad cuestionó las recientes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Argentina y sostuvo que una verdadera reforma tributaria debería enfocarse en reducir las distorsiones que generan tributos como Ingresos Brutos y diversas tasas locales.

Según señaló la organización empresaria, las propuestas difundidas por el FMI apuntan a ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores, extender el alcance del IVA y modificar el régimen del Monotributo. Para CAME, estas medidas implican una mayor carga sobre asalariados, pequeños contribuyentes y consumidores, sin resolver los problemas estructurales que enfrentan las empresas para producir e invertir.

Diario El Enfoque pudo constatar que el planteo de la entidad pone el foco en la denominada presión tributaria subnacional, integrada por impuestos provinciales y tasas municipales que, de acuerdo con el sector pyme, generan sobrecostos permanentes para la actividad económica.

Ingresos Brutos, en el centro de las críticas

En su documento, CAME identificó al Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) como uno de los principales factores que afectan la competitividad empresarial. La entidad sostiene que se trata de un tributo que se aplica en cada etapa de la cadena productiva y comercial, provocando un efecto acumulativo que termina encareciendo bienes y servicios.

Además, cuestionó los regímenes de retenciones y percepciones implementados por las provincias, al considerar que generan saldos a favor que muchas empresas no logran recuperar en tiempos razonables.

Desde la perspectiva de la organización, estos mecanismos terminan funcionando como una inmovilización de capital de trabajo que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas.

El cuestionamiento a las tasas municipales

Otro de los aspectos señalados por la entidad es el peso creciente de las tasas municipales vinculadas a la actividad comercial.

CAME afirmó que en numerosos municipios del país existen gravámenes que se calculan sobre la facturación de los contribuyentes y que, en muchos casos, no guardan una relación directa con los servicios efectivamente prestados por los gobiernos locales.

La entidad advirtió que la diversidad de criterios aplicados por más de dos mil municipios genera complejidad administrativa, incrementa costos y desalienta nuevas inversiones, particularmente en ciudades del interior.

Un nuevo consenso fiscal

Frente a este escenario, la organización empresaria propuso avanzar en un nuevo consenso fiscal entre Nación, provincias y municipios.

La iniciativa apunta a establecer reglas comunes para la determinación de bases imponibles, sistemas de retención y devolución de saldos a favor, además de una progresiva reforma de Ingresos Brutos para reducir su impacto sobre las distintas etapas de producción.

Según CAME, el objetivo no debería ser aumentar la carga tributaria sobre trabajadores y consumidores, sino corregir aquellos impuestos que, a su criterio, representan un freno para la actividad económica y la generación de empleo formal.

Un debate que también alcanza a los municipios

El planteo de la entidad reabre una discusión que atraviesa a numerosas ciudades del país, donde comerciantes, industriales y prestadores de servicios suelen cuestionar el peso de las tasas locales y provinciales sobre la actividad privada.

En ese contexto, el reclamo de CAME vuelve a instalar el debate sobre cómo financiar a provincias y municipios sin afectar la competitividad de las empresas, una discusión que promete ocupar un lugar central en la agenda económica de los próximos meses.