Fuerte crítica de la Magistratura a la reforma jubilatoria: advierten retrocesos y riesgo judicial

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos (Amfjer) cuestionó aspectos centrales de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio y advirtió que su implementación podría derivar en planteos de inconstitucionalidad y en una eventual judicialización masiva del sistema.

A través de notas dirigidas al gobernador y al presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, la entidad (que representa a jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales) fijó su posición en base a los “vectores” de la reforma difundidos por el Ejecutivo. El análisis, al que accedió Diario El Enfoque, combina avales puntuales con cuestionamientos de fondo sobre el alcance de los cambios propuestos.

En ese marco, los magistrados consideraron “acertado” mantener el cálculo del haber inicial en el 82% del salario bruto, al entender que se ajusta a los principios de proporcionalidad y sustitutividad. Sin embargo, las coincidencias se detienen allí.

Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta a la intención de calcular el haber jubilatorio en base a los últimos 30 años de aportes. Según señalaron, se trata de un criterio “inédito en el país y en Latinoamérica”, que se aparta de los estándares vigentes (en general, los últimos 10 años) y que implicaría un retroceso significativo en materia de derechos previsionales.

El punto más crítico aparece en relación a la fórmula de movilidad. La Amfjer advirtió que el esquema propuesto (similar al de la ley nacional 27.609) ya fue declarado inconstitucional por distintas cámaras federales del país, al considerarlo regresivo y confiscatorio. Según detallaron, su aplicación provocó pérdidas del poder adquisitivo de hasta un 57% en un plazo de tres años.

En esa línea, remarcaron que la movilidad jubilatoria “no puede transformarse en un mecanismo de ajuste fiscal”, sino que debe garantizar una relación razonable con los salarios en actividad. De avanzar en ese sentido, alertaron que podrían multiplicarse los reclamos judiciales contra el Estado provincial y la Caja de Jubilaciones, en contraste con la baja litigiosidad actual.

También cuestionaron otros aspectos de la reforma, como el aumento de los años de aportes de 30 a 35 (sin antecedentes en el país), la reducción de las pensiones por fallecimiento del 75% al 70%, y el impacto que tendrían los cambios sobre los regímenes especiales, cuyos beneficiarios podrían percibir haberes significativamente menores en el futuro.

A ello se suma la advertencia sobre la continuidad de aportes en regímenes especiales más allá de la edad jubilatoria, lo que (según indicaron) afectaría directamente la proporcionalidad entre ingresos en actividad y pasividad.

Por otra parte, los magistrados plantearon la necesidad de avanzar en medidas que refuercen el financiamiento del sistema, como la incorporación de conceptos salariales actualmente no remunerativos al cálculo previsional y la ampliación de la responsabilidad del Estado provincial y los municipios en el sostenimiento de la Caja.

Asimismo, consideraron “imperioso” que el gobierno retome el reclamo judicial contra la Anses por la deuda histórica vinculada al financiamiento del sistema previsional entrerriano.

En conjunto, las observaciones de la Magistratura no solo introducen cuestionamientos técnicos al proyecto oficial, sino que delinean un escenario de potencial conflicto jurídico si la reforma avanza en los términos planteados.