¿Quién asesora a Azcué? Cuando el discurso de orden choca con la realidad administrativa

Mientras la Municipalidad de Concordia habla de orden, austeridad y reestructuración del Estado, una situación administrativa dentro del propio gabinete empezó a generar un fuerte ruido político.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos notificó al municipio por posibles incompatibilidades previsionales que involucran a funcionarios de la gestión, quienes percibirían jubilaciones provinciales mientras al mismo tiempo reciben ingresos vinculados a su función dentro del gobierno local.

El dato no sería menor si no fuera por un detalle que comienza a quedar bajo la lupa: varios de esos funcionarios fueron designados formalmente “ad honorem”, pero luego comenzaron a percibir pagos a través de un mecanismo administrativo conocido como Código 600, sin que se registren aportes previsionales correspondientes.

La situación abre una pregunta política inevitable:

¿Quién asesoró al intendente Francisco Azcué para implementar este esquema administrativo?

El mecanismo que ahora observa la Caja

Tal como reveló el medio digital Diario Junio, al menos nueve funcionarios municipales fueron mencionados en una comunicación enviada por la Caja de Jubilaciones a la Municipalidad de Concordia: Luis Víctor Costa, Claudia Silvina Perillo (quien renunció al cargo en febrero pasado), Patricia Elena Jaluf, María de los Ángeles Méndez, Carlos Humberto Gatto, Nélida Elsa Amam, Arnoldo Federico Schattenhofer, María Carolina Pérez y María José Umedez, todos con distintos cargos políticos dentro de la administración local.

En esa notificación, el organismo previsional advierte sobre posibles casos de incompatibilidad activo–pasivo, es decir, situaciones en las que una persona cobra una jubilación provincial y al mismo tiempo percibe ingresos vinculados a funciones dentro del Estado.

Sin embargo, el punto que comenzó a llamar la atención no es solamente el cobro de jubilaciones.

El foco está puesto en cómo fueron designados y cómo se canalizan los pagos.

Cuando la forma no coincide con la realidad

En varios decretos de designación aparece la misma fórmula administrativa: los funcionarios son nombrados “ad honorem”, sin liquidación del cargo.

Pero posteriormente se les asigna el denominado Código 600, una partida presupuestaria que permite otorgar adicionales o gastos de representación.

Estos pagos se realizan mediante recibos administrativos, aunque sin generar aportes al sistema previsional.

En derecho administrativo existe un principio muy citado en este tipo de situaciones:

“Prima la realidad sobre la forma”.

Es decir, si una función pública genera ingresos periódicos, podría ser considerada remunerada en los hechos, independientemente de cómo haya sido redactado el decreto de designación.

Lo que podría reclamar la Caja

Si el organismo previsional interpreta que en realidad existía una relación remunerada, el problema deja de ser solamente administrativo.

Podrían surgir tres consecuencias:

• la falta de aportes previsionales correspondientes
• la incompatibilidad entre el cobro de jubilación y el ejercicio de funciones remuneradas
• eventuales reclamos de devolución de haberes jubilatorios

Precisamente por eso comenzaron a enviarse intimaciones para regularizar la situación o presentar descargos.

El contexto que vuelve explosivo el caso

El episodio adquiere mayor sensibilidad porque ocurre en un momento particularmente delicado.

La provincia discute una reforma previsional con el argumento del déficit de la Caja.

Al mismo tiempo, la gestión municipal ha avanzado en recortes y desvinculaciones de personal justificadas en la necesidad de ordenar las cuentas públicas.

En ese escenario, la aparición de funcionarios que podrían estar percibiendo jubilaciones y al mismo tiempo ingresos vinculados al Estado sin aportes previsionales instala una contradicción política difícil de explicar.

Una pregunta que empieza a circular

Más allá de cómo se resuelvan las intimaciones administrativas, el episodio deja planteado un interrogante dentro de la propia gestión.

Porque detrás de cada decreto de designación y cada estructura de pago dentro del Estado hay decisiones administrativas y asesoramiento técnico.

Y cuando esas decisiones terminan bajo observación de la Caja de Jubilaciones, la pregunta deja de ser solamente jurídica para convertirse en política:

¿Quién esta detrás de este esquema dentro del municipio?