La ausencia de guardavidas en el lago expone un conflicto sin resolver entre el Municipio y CODESAL

Mientras el verano avanza y el lago se llena de gente, la ausencia de guardavidas en el perilago no responde a una omisión casual. Entre responsabilidades cruzadas, modelos de contratación y una interna que nadie admite en voz alta, la seguridad queda atrapada en una disputa que excede lo administrativo.

A pleno verano y con alta concurrencia de vecinos y turistas, las playas del Lago de Salto Grande, en la zona del perilago y Tortuga Alegre, continúan sin servicio de guardavidas. La situación, lejos de responder a una demora administrativa, expone un conflicto más profundo entre la Municipalidad de Concordia y la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), atravesado por responsabilidades legales, modalidades de contratación y, también, diferencias políticas que no se explicitan públicamente.

Por ley, es el Municipio quien debe garantizar la presencia de guardavidas en los espacios públicos y privados de acceso público. En ese marco, la gestión de Francisco Azcué avanzó con la contratación de personal para las playas donde tiene injerencia directa, como Nébel y Los Sauces, cumpliendo con el esquema habitual de contratos, aportes y control operativo.

Sin embargo, el escenario cambia en el Lago de Salto Grande, cuya administración corresponde a CODESAL, organismo que preside Eduardo Cristina. Allí, la discusión gira en torno a quién debe asumir la contratación y, sobre todo, bajo qué modalidad.

Dos modelos, un conflicto

Si la contratación recae en el Municipio, no solo implica el pago de salarios, sino también el despliegue completo del aparato estatal (recursos humanos, logística, controles y supervisión), aun cuando (en el mejor de los casos) luego puedan girarse fondos desde la Provincia mediante algún acuerdo. En un contexto de ajuste y reducción de personal, esa opción no aparece entre las prioridades del Ejecutivo local.

Del otro lado, la alternativa de que CODESAL contrate directamente tampoco resulta atractiva para los trabajadores. Históricamente, ese esquema se ha realizado bajo la modalidad de monotributo, con cobros tardíos, cargas a cargo de los propios guardavidas y dificultades operativas vinculadas a la distancia (el lago se encuentra a unos 20 kilómetros del casco urbano) y a extensas jornadas horarias que complican el control efectivo del servicio.

“Los guardavidas prefieren el contrato municipal porque es más estable, con aportes y pagos en término”, reconocen desde el sector.

Lo que no se dice

Más allá de las explicaciones formales, el trasfondo político también juega su papel. Cristina, actual titular de CODESAL, fue rival interno de Azcué en las últimas elecciones y mantiene aspiraciones futuras. En ese contexto, la gestión del perilago aparece como una vidriera política que ninguno desconoce.

Para el Municipio, asumir el costo operativo de ordenar la temporada en el lago implica desgaste, contradicción con la política de ajuste y ningún rédito político visible. Para CODESAL, en cambio, resolver el conflicto significaría mostrar capacidad de gestión en uno de los espacios turísticos más importantes de Concordia.

Mientras tanto, el lago espera

Con la temporada en marcha, el resultado es concreto: playas habilitadas, público presente y ausencia de guardavidas. Una situación que preocupa por la seguridad y que vuelve a poner en evidencia cómo las disputas institucionales y políticas terminan impactando en un servicio esencial.

Por ahora, no hay definiciones claras ni plazos anunciados. El lago sigue siendo escenario de una pulseada silenciosa, donde todos conocen las reglas, pero nadie parece dispuesto a ceder.