
El Gobierno nacional prorrogó los vouchers educativos para colegios públicos de gestión privada hasta fin de año
EDUCACIÓN 29 de julio de 2024

A través de la resolución 488/2024 publicada este lunes 29 de julio en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció la prórroga del programa “Vouchers Educativos” para escuelas privadas hasta diciembre de este año, con el objetivo de “fortalecer el acompañamiento a las familias” que acceden mensualmente al beneficio.
Con 833.211 estudiantes del nivel inicial, primario y secundario asistidos por el programa durante el mes de julio, la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, consideró necesario extender la cobertura hasta fin de año.
“Prorrogar el período de cobertura del PROGRAMA DE ASISTENCIA “VOUCHERS EDUCATIVOS” establecido en la Resolución de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN N° 90/24 hasta el mes de diciembre de 2024 para todos aquellos que hayan resultado adjudicatarios del Programa”, precisa el artículo N° 1 de la resolución.
Asimismo, el área conducida por el secretario Carlos Horacio Torrendell decidió modificar el Artículo 17 del ANEXO I del reglamento general del programa “Vouchers Educativos”, a partir del cual quedó estipulado que la liquidación de la prestación y su pago “estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”.
En marzo pasado, el Ministerio de Capital Humano lanzó el programa de asistencia “Vouchers Educativos” para asistir a familias cuyos hijos concurren a instituciones de educación privada que reciben aporte estatal, con la finalidad de garantizar la permanencia de los alumnos en dichas instituciones.
La ayuda consta de una asistencia económica para acompañar la educación de niños y jóvenes. Está destinada a las familias de clase media y su fin es colaborar con aquellos a los que se les dificulte pagar la cuota de una escuela privada.
En rigor, este programa refiere a una prestación temporaria a favor de las familias cuyos hijos de hasta 18 años de edad asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos 75% de aporte estatal y cuyo ingreso familiar no supere los siete salarios mínimos, vitales y móviles ($1.419.600), consignó LN.


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