El profesional de la salud documentaba que realizaba guardias de 24 horas en lugares diferentes al mismo tiempo, la obra social descubrió esta anomalía y lo denunció a la Justicia. Hubo allanamientos y continúa la investigación.
JUDICIALES 08 de abril de 2024
El Enfoque
El presidente del directorio obrero del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, brindó detalles de la denuncia que efectuó por una presunta estafa producida por un enfermero de Concordia contra el organismo. La policía allanó la vivienda del hombre y una oficina de internación domiciliaria.
En declaraciones radiales, Cañete explicó que “esto surge porque el director de Programas específicos notó una acción constante de un enfermero que a través de recursos de amparo venía obteniendo la habilitación para ejercer este tipo de actividad con enfermería las 24 horas”.
“Encontramos que tuvimos seis afiliados que recibían la prestación de enfermería por 24 horas, que ejercía la misma persona, el mismo enfermero. Y a su vez había nueve afiliados que requerían cuidador domiciliario y es el mismo enfermero quien, por amparo, les brinda ese servicio. Esto llamó poderosamente la atención por lo cual se hizo una auditoria para recabar información y al visitar la casa de los afiliados no había ningún enfermero. Es más, se enviaron cuatro profesionales de manera simultánea para hacer las auditorias y encontramos que no había profesional interviniente sino que el afiliado se encontraba solo”, puntualizó.
Respecto del monto que pagaba la obra social, consignó que “por cada afiliado que tiene recurso de amparo de internación domiciliaria, aproximadamente un millón y medio de pesos por mes. Y los 9 afiliados, representan también un valor de casi 300.000 pesos cada uno, lo que totaliza aproximadamente 11 millones, 12 millones de pesos mensuales. Al año, proyectado, serían 140 millones de pesos”.
Explicitó que “a raíz de todo esto, yo instruí a la asesoría legal para que recabara toda la información, juntara toda la documentación y presentáramos la denuncia. La denuncia por esto que entendemos que es una estafa, y también por incumplimiento de la ley penal tributaria porque esta persona es monotributista”.
Asimismo, apuntó que se cree que esto venía sucediendo “aproximadamente durante más de dos años” y aclaró que “como son todas medidas que tenemos que cumplir mediante el recurso de amparo, muchas veces uno tiene alguna imposibilidad de poder avanzar en alguna medida. Ahora, como hicimos el tema de la auditoría, y encontramos con que 24 horas tiene que cumplir la obligación, las planillas de la enfermería donde supuestamente el enfermero tiene que dejar anotado, asentado, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, la hora que lo hace, todas están firmadas por esta misma persona, en cada uno de los afiliados. Esos son los elementos que hemos dado a conocer a la justicia para hacer la denuncia y poder avanzar en esto”.
“Queríamos ser contundentes porque nosotros hace unos años hicimos una denuncia sobre una directora de un establecimiento que, aparte de ser directora, de manera particular tenía 6 chicos como maestra orientadora y que cobraba por fuera, por supuesto, en horarios donde supuestamente tenía que trabajar como directora, y la verdad es que terminó en una probation y no tiene ningún tipo de incidencia. No se reprime, no se castiga un mal accionar de esta naturaleza. Por eso queríamos juntar toda la documentación como para que esto tenga un poco más de relevancia y que realmente tenga algún tipo de sanción”.
Ante la consulta de si existía una organización de varias personas para orquestar la estafa, Cañete advirtió: “No me quiero aventurar, pero es un enfermero, que es monotributista y que, con un asesor legal, presentaba recursos de amparo que salían a favor de él y hacía una facturación mensual –a valores de hoy- de 12 millones de pesos. Ofrecía un servicio de 24 horas, cosa que nos puede cumplir porque no puede estar 24 horas en 15 lugares distintos, porque son seis afiliados de internación domiciliaria y nueve afiliados de cuidador domiciliario”.
Ahondó que “son amparos presentados ante la justicia provincial, que es la competencia nuestra” y explicó que “los amparos que tiene el IOSPER pueden ser en los Juzgados de Paz, en los Juzgados de Trabajo, en los Juzgados Civiles, en los Juzgados de Garantía, y en este caso “los amparos son presentados en distintos fueros”. Advirtió no obstante que “llama la atención que en alguno de los amparos se habilita, el Juzgado le da la habilitación, a que este enfermero pueda tercerizar el trabajo, pero el que factura es él”.
Por otra parte, reconoció que “se cree que puede haber casos iguales en otros lugares de la provincia, pero también estamos investigando la duplicidad del servicio. Esto significa que aquellos afiliados que tienen dos obras sociales nos piden un servicio a nosotros y le piden el mismo servicio a una prepaga”
Concluyó que “acá lo que se pide son prestaciones que no corresponden y se acude a la justicia que los habilita, y bueno, ocurren este tipo de cosas. Por eso digo que ya nos pasó con una directora de un establecimiento educativo de Concordia pero terminamos en una, por eso queremos profundizar todo para que esto termine con una sanción más severa”.
El trabajador de la salud fue descubierto por dos colegas cuando cargaba medicamentos, también denunciaron que mostraba comportamientos extraños y dudosos. Ahora está al borde de la cesantía.
El Ministerio de Salud dispuso la cesantía de tres enfermeras de la Colonia de Salud Mental de la ciudad de Federal que en 2017 grabaron un video que viralizaron en redes sociales y en el que se veía a dos pacientes de ese centro asistencial manteniendo relaciones sexuales.
En la denuncia se señala a docentes, cocineros e inspectores. En la misma se adjuntaron pruebas sobre desvíos de fondos para compras familiares, préstamos personales e incluso cenas para fiestas de fin de año.
La decisión fue adoptada por Casación, que dictó sentencia definitiva en la causa que investigó el ataque a la mutual judía. En otro fallo paralelo, también revisó el expediente por las irregularidades en la investigación y modificó condenas.
Se trata del conductor del vehículo que chocó contra el rodado en el que viajaba la familia Telliz, compuesta por un hombre de 33 años, su esposa de 30 además de sus dos hijos de 6 y 5 años; todos ellos fallecidos como consecuencia del grave accidente.
