Un año después del veto de Milei, el Senado aprobó por unanimidad la ley de discapacidad

SOCIEDAD20 de noviembre de 2026Redacción Diario El EnfoqueRedacción Diario El Enfoque

Un año después del veto de Milei, el Senado aprobó por unanimidad la ley de discapacidad - Diario El Enfoque

El Senado de la Nación convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto que establece un régimen permanente de discapacidad y mantiene prácticamente todos los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno de Javier Milei había vetado en 2025 y cuya vigencia finaliza en diciembre.

La iniciativa fue aprobada por los 71 senadores presentes. De esta manera, el oficialismo aceptó avanzar con un esquema que conserva las principales prestaciones y derechos de la normativa de emergencia, aunque elimina su carácter transitorio y establece un marco permanente.

El cambio se produjo un año después del rechazo del Gobierno a la ley de emergencia y en medio de los reclamos de las organizaciones y colectivos de discapacidad. También ocurrió luego del respaldo del papa León XIV a esos reclamos.

Una sesión con otros temas en agenda

La sesión comenzó pasadas las 11 y contempló el tratamiento de distintos proyectos, entre ellos la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, modificaciones vinculadas con la Ley de Tierras y la denominada Ley Joaquín.

Antes de iniciar la discusión del dictamen sobre discapacidad, ingresaron formalmente varios pliegos para cubrir cargos en la Justicia.

También se aprobó el ascenso al grado inmediato superior del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, titular de la Casa Militar. El pliego obtuvo 59 votos afirmativos, tres negativos y una abstención. La medida tiene vigencia desde el 31 de diciembre de 2025.

Además, se aprobaron distintas mociones para dar tratamiento preferencial a una serie de proyectos en la última sesión del período, prevista para el 26 de noviembre. Entre ellos figura una prórroga del Estatuto del Periodista.

Los argumentos del oficialismo y la oposición

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el senador libertario Agustín Monteverde, defendió la decisión del oficialismo de impulsar una ley permanente en lugar de prorrogar la emergencia por otro año, como reclamaban las organizaciones de discapacidad.

«La única forma de salir de la emergencia en discapacidad es con reglas estables, generando previsibilidad. Este proyecto crea un régimen que asegura la continuidad de las prestaciones, pensiones, coberturas y su compatibilidad con el trabajo», sostuvo.

Desde la oposición, la exgobernadora y senadora peronista Alicia Kirchner advirtió que «ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida».

«Hoy estamos dando una respuesta muy importante, pero no definitiva», expresó.

Por su parte, la senadora peronista catamarqueña Lucía Corpacci cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y afirmó que al mandatario «no le interesan los discapacitados y así lo demostró con las políticas que ha instrumentado».

La legisladora sostuvo que la aprobación de la norma fue consecuencia de la movilización social: «Esta ley existe porque la ciudadanía en su conjunto, encabezada por el colectivo de discapacidad, salió a la calle».

Aunque reconoció que la iniciativa tiene aspectos por mejorar, consideró que al menos permite mantener los derechos vigentes. Sin embargo, advirtió que «si no modificamos el presupuesto, nada de esto va a valer la pena».

También señaló que la ley permitirá garantizar que la emergencia no caiga y que las personas con discapacidad no queden completamente desprotegidas, aunque reconoció que muchas ya atraviesan situaciones de desprotección.

La senadora de Provincias Unidas Alejandra Vigo planteó la necesidad de «optimizar recursos y acompañar a las provincias», al considerar que ese respaldo permite garantizar los servicios a las familias con integrantes con discapacidad.

En ese sentido, remarcó que las garantías de esos servicios se traducen en derechos adquiridos para las personas con discapacidad.

El presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, sostuvo que «la dignidad de una persona con discapacidad y la tranquilidad de sus familias no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre».

«Hoy tenemos la oportunidad de darles previsibilidad y respeto», agregó.

En la misma línea, el senador radical Maximiliano Abad consideró fundamental dejar atrás las respuestas de emergencia y avanzar hacia políticas públicas sostenidas que protejan los derechos de las personas con discapacidad.

Durante el debate, recordó las dificultades que atravesaron los prestadores y las familias en los últimos años: «Vimos profesionales con aranceles congelados, demoras de meses en los pagos, instituciones en crisis y familias que vivieron con la incertidumbre de no saber si podían sostener los tratamientos».

Bullrich defendió el nuevo régimen permanente

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, definió la iniciativa como «un acuerdo social y un acuerdo político».

También afirmó que las prestaciones contempladas en la nueva norma son más adecuadas que las que se habían establecido mediante las leyes de emergencia y sus sucesivos parches.

Bullrich reconoció las situaciones difíciles atravesadas durante los últimos dos años, las falencias en las auditorías y la incertidumbre generada por las sucesivas prórrogas.

En ese marco, sostuvo que la nueva ley reconoce esa realidad y establece un marco de mayor certeza.

«Estamos planteando salir de una emergencia, para generar transparencia, previsibilidad y estabilidad para las familias que estuvieron en una situación de disputa», manifestó.

Finalmente, marcó una diferencia con el régimen anterior: aseguró que la nueva norma establece de dónde saldrán los fondos para solventar las prestaciones.

Qué establece la nueva ley de discapacidad

El proyecto, denominado «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», reproduce prácticamente todo el esquema de beneficios establecido en la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

El objetivo es convertir esas disposiciones en una normativa permanente y de orden público, con efectos que trasciendan a los gobiernos de turno.

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

  • Compatibilidad entre pensión y trabajo: permite mantener el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y desempeñar un empleo formal o estar inscripto en el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

  • Nomenclador único: conserva el principio de un nomenclador común para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

  • Actualización de aranceles: ratifica la actualización automática y periódica de los valores de las prestaciones de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

  • Cobertura médica: garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión por discapacidad.

  • Financiamiento: establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.

  • Auditorías periódicas: crea un sistema de controles que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Estos procedimientos deberán respetar el principio del debido proceso inclusivo.

Compensaciones adeudadas y reglamentación

La ley incorpora una cláusula transitoria que establece un cronograma para el pago de las compensaciones que se adeudan a los prestadores de servicios para personas con discapacidad.

Además, fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la normativa.

Con la aprobación del Senado, el sistema de discapacidad deja atrás el esquema de emergencia y pasa a contar con un marco legal permanente. La aplicación efectiva de sus disposiciones, el financiamiento y la regularización de las deudas con los prestadores serán aspectos centrales para determinar su impacto.


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