Entre Ríos autorizó menos del 7% para bibliotecas populares y una de Concordia quedó excluida

El Gobierno de Entre Ríos autorizó un aporte de $81.584.000 para 61 bibliotecas populares durante 2026, una cifra que representa apenas el 6,85% de los $1.190 millones solicitados para sostener su funcionamiento durante el año. La diferencia surge del Decreto 3100/2026, publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial, según verificó Diario El Enfoque. Entre las instituciones que quedaron fuera del aporte se encuentra una biblioteca popular de Concordia.

A su vez, la comparación de los decretos de 2025 y 2026 muestra una reducción en la proporción de fondos autorizados: mientras el año pasado se aprobó el 25% del total solicitado, este año el porcentaje cayó por debajo del 7%, montos que contrastan con lo establecido por la Ley Provincial 8092 (modificada por la Ley 9094) que contempla un subsidio mensual para sostener los gastos de estas instituciones culturales.

Un año de subsidios que no alcanza a cubrir ni un mes

De acuerdo con el expediente provincial, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares solicitó fondos para 62 instituciones entrerrianas, por un importe anual de $19.206.196,56 para cada una.

El monto mensual solicitado, de $1.600.516,38 por biblioteca, fue calculado a partir de un informe de la Dirección de Ajustes y Liquidaciones del Consejo General de Educación, tomando como referencia los haberes de un maestro de grado sin antigüedad, conforme a la legislación vigente.

Sin embargo, el Gobierno provincial resolvió autorizar un aporte de apenas $1.337.442,62 por biblioteca para todo 2026. La Secretaría de Cultura fundamentó el pago parcial en la insuficiencia de recursos presupuestarios, aunque la legislación vigente contempla mecanismos para adecuar las partidas y garantizar los subsidios correspondientes.

Esto significa que el dinero aprobado para cubrir los doce meses del año es inferior al subsidio correspondiente a un solo mes, según el cálculo incorporado al expediente oficial. En total, de los $1.190.784.186,72 solicitados inicialmente, se autorizaron $81.584.000. La diferencia supera los $1.109 millones.

El decreto, firmado el 18 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio, reconoce expresamente que se atenderá un pago parcial debido al presupuesto disponible.

Qué cambió entre 2025 y 2026

Durante 2025, mediante el Decreto 2964/2025, la Provincia recibió una solicitud de $324 millones para 64 bibliotecas populares, pero finalmente autorizó $81 millones para 60 instituciones, equivalentes al 25% del monto solicitado.

En 2026, la solicitud ascendió a más de $1.190 millones para 62 bibliotecas, de las cuales 61 fueron incluidas en el decreto. Pese al incremento de los importes calculados conforme a la ley, la disponibilidad presupuestaria informada por la Secretaría de Cultura se mantuvo en $81.584.000, exactamente la misma cifra que en 2025.

Incluso el aporte individual autorizado disminuyó, en el que pasó de aproximadamente $1.350.568 en 2025 a $1.337.442 en 2026.

Una biblioteca de Concordia quedó fuera del aporte

La Biblioteca Popular Amelia Podestá de Gorostiaga integraba inicialmente la nómina de 62 instituciones contempladas para recibir el subsidio. Sin embargo, durante la tramitación, la Dirección de la Biblioteca Provincial informó que no reunía las condiciones documentales necesarias para formar parte del procedimiento, aunque el documento oficial no detalla cuáles fueron las observaciones que impidieron su incorporación.

En consecuencia, la nómina definitiva quedó conformada por 61 bibliotecas populares y la institución concordiense no fue incluida entre las beneficiarias.

Qué establece la Ley 8092 y por qué reclaman su cumplimiento

La Ley Provincial 8092, sancionada en 1988 y modificada por la Ley 9094 en 1997, declaró de interés público la creación y el funcionamiento de las bibliotecas populares de Entre Ríos.

Su artículo 4 establece un subsidio mensual equivalente al doble del sueldo básico inicial de un maestro de grado provincial, destinado a afrontar gastos de personal, mantenimiento y adquisición de material bibliográfico.

Además, el artículo 22 de la Ley 8092 dispone que el Poder Ejecutivo debe incluir en el proyecto de presupuesto los fondos necesarios para su cumplimiento. Por su parte, la Ley 9094 establece expresamente que la Dirección de Presupuesto debe realizar las adecuaciones que permitan a las bibliotecas debidamente reconocidas recibir mensualmente los importes correspondientes.

En julio de este año, las bibliotecas populares entrerrianas difundieron un reclamo conjunto para exigir la regularización del subsidio provincial. Advirtieron entonces que la falta de financiamiento afecta tanto el funcionamiento de las instituciones como el acceso comunitario a la educación, la lectura y las actividades culturales.

La diferencia entre lo previsto por la ley y lo autorizado por el Gobierno provincial plantea así una cuestión que excede la disponibilidad presupuestaria, esto es,  la normativa establece un subsidio mensual y obliga a prever los recursos necesarios para garantizarlo, mientras que los decretos de los últimos dos años contemplan aportes anuales considerablemente inferiores a los montos calculados conforme a esa misma legislación.