Multitudinaria marcha en Concordia, Paraná y otras ciudades por la ley de financiamiento universitario

La quinta Marcha Federal Universitaria se realizó este jueves 15 de octubre con movilizaciones en distintas ciudades del país. En Entre Ríos, Concordia y Paraná fueron escenario de importantes concentraciones de estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, organizaciones gremiales y vecinos que reclamaron al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Las manifestaciones se desarrollaron en el marco de un conflicto que continúa abierto por los recursos destinados a la educación superior pública.

En Concordia, tal como había anticipado Diario El Enfoque, la concentración comenzó en Plaza Urquiza y alrededor de las 20 los manifestantes avanzaron por calle Urquiza hacia Plaza 25 de Mayo. La columna ocupó varias cuadras y reunió a representantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), sindicatos docentes y no docentes, organizaciones sociales y vecinos que acompañaron el reclamo.

La movilización culminó frente al gazebo de Plaza 25 de Mayo, donde se entonó el Himno Nacional Argentino y estudiantes y trabajadores universitarios participaron de la lectura de un documento conjunto. El mensaje principal fue la exigencia de aplicar la Ley 27.795, recomponer los salarios de docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades y la investigación científica.

El documento leído en Concordia retomó los planteos de la convocatoria nacional, pero también incorporó cuestionamientos a la situación educativa y salarial de Entre Ríos. Entre los reclamos provinciales se incluyeron las condiciones laborales de los docentes, el financiamiento de la UADER y las políticas del Gobierno entrerriano. La intervención vinculó así la defensa de las universidades nacionales con las dificultades que atraviesa el conjunto del sistema educativo público.

En Paraná, la movilización partió desde Plaza 1º de Mayo y recorrió las calles céntricas hasta Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno provincial. Participaron integrantes de distintas facultades de la UNER, la UADER y la UTN, junto a centros de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales. Allí también se leyó un documento que reclamó el cumplimiento de la legislación universitaria y mayores recursos para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.

La jornada también tuvo expresiones en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. A escala nacional, el reclamo se desarrolló bajo la consigna "Por la educación, la soberanía y la democracia", impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

¿Por qué volvieron a marchar las universidades?

Existe una ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso que el Gobierno nacional no aplicó efectivamente. La Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025, vetada por el presidente Javier Milei y posteriormente ratificada por ambas cámaras legislativas con las mayorías necesarias para rechazar ese veto. Sin embargo, el Poder Ejecutivo condicionó su implementación mediante el Decreto 759/2025, argumentando que no estaban garantizados los recursos presupuestarios para afrontar el gasto.

La norma establece la recomposición de los salarios docentes y no docentes según la inflación, actualización de las becas estudiantiles y de las partidas para funcionamiento, además de recursos destinados a investigación, extensión y hospitales universitarios. El pasado 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la suspensión dispuesta por el Ejecutivo y ordenó aplicar la ley. Se trata de una sentencia de primera instancia, en el marco de una controversia judicial que continúa.

A esto se suma la preocupación por el Presupuesto Nacional 2027. El Consejo Interuniversitario Nacional solicitó 11 billones de pesos para sostener el sistema universitario durante el próximo año, un monto superior al previsto por el Poder Ejecutivo. Desde las universidades advierten que la insuficiencia de recursos amenaza la continuidad de actividades, el sostenimiento de laboratorios, las tareas de investigación y las posibilidades de que miles de estudiantes permanezcan en sus carreras.

Así, el reclamo va más allá de una discusión salarial o a una demanda de mayores partidas presupuestarias. Lo que está en debate es el cumplimiento de una ley vigente y la capacidad de las universidades públicas para continuar ofreciendo educación gratuita, producir conocimiento y garantizar oportunidades de formación a quienes, de otro modo, tendrían mayores dificultades para acceder a un título universitario.