El Senado aprobó un nuevo régimen para los biocombustibles que aumenta progresivamente la cantidad de biodiésel y bioetanol que deberá mezclarse con gasoil y nafta. Para Entre Ríos, detrás de una discusión que parece técnica aparece una pregunta mucho más concreta: ¿el cambio puede generar más producción y trabajo en la provincia o terminará concentrando el negocio en los grandes grupos agroindustriales?

El proyecto obtuvo 41 votos a favor y 25 en contra y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. Entre otras modificaciones, establece que el corte obligatorio de biodiésel con el gasoil será inicialmente del 7,5% y llegará al 10% después del primer año de vigencia.

En el caso de las naftas, el corte obligatorio de bioetanol será del 12% inicialmente y subirá al 15% luego de doce meses. La composición inicial contempla un 6% de bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar y otro 6% proveniente del maíz.

Dicho en términos sencillos: si la ley avanza, durante los próximos años las petroleras deberán incorporar una mayor cantidad de combustibles producidos a partir de materias primas agrícolas.

Y ahí aparece el verdadero trasfondo de la discusión.

Primero: ¿qué son los biocombustibles?

Son combustibles que se producen a partir de materias primas de origen vegetal, principalmente productos del campo.

Hay dos que aparecen en esta discusión.

Biodiésel: se fabrica principalmente a partir de aceites vegetales, como el aceite de soja, y se mezcla con el gasoil.

Bioetanol: se obtiene principalmente de la caña de azúcar y del maíz, y se mezcla con la nafta.

Por eso, cuando se habla de aumentar el "corte" de biocombustibles, no significa que se vaya a reemplazar de golpe la nafta o el gasoil. Significa que una parte cada vez mayor del combustible que cargamos en una estación de servicio estará compuesta por un producto elaborado a partir de materias primas agrícolas.

Un negocio que crecerá, pero ¿para quién?

Los defensores del proyecto sostienen que aumentar los cortes permitirá generar inversiones, agregar valor a la producción agropecuaria y fortalecer las economías regionales.

La lógica es sencilla: en lugar de vender solamente maíz, soja u otras materias primas, se busca transformarlas en combustible dentro del país y generar más actividad industrial.

Pero desde varias provincias, entre ellas Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Buenos Aires, surgieron fuertes cuestionamientos.

La preocupación planteada por los sectores críticos es que el crecimiento del mercado no necesariamente termine beneficiando a las pequeñas y medianas plantas del interior, sino que pueda quedar concentrado en empresas de mayor escala, particularmente vinculadas al complejo agroindustrial de Santa Fe y Córdoba.

En otras palabras, la discusión no es solamente cuánto biodiésel o bioetanol se utilizará.

La discusión es quién lo va a producir, quién lo va a vender y quién se quedará con el negocio que se genere.

El proyecto pone límites a las grandes empresas. ¿Realmente lo hace?

Para intentar evitar una concentración excesiva, el proyecto incorpora una cláusula que limita al 10% la participación que una empresa elaboradora o grupo económico puede adjudicarse del biodiésel comercializado anualmente, con un techo máximo de 50.000 toneladas por firma.

También diferencia entre empresas integradas a grandes cadenas agroindustriales y aquellas que no pertenecen a esos conglomerados.

Los impulsores de la iniciativa sostienen que estas herramientas permitirán preservar la competencia y darle previsibilidad al sector.

Los críticos, en cambio, advierten que las grandes compañías igualmente podrían contar con ventajas por su escala, capacidad financiera y estructura industrial.

¿Qué cambia para el ciudadano?

No significa que la nafta vaya a bajar automáticamente ni que el precio del combustible vaya a aumentar por este solo motivo.

El cambio pasa fundamentalmente por las reglas de producción y comercialización de los combustibles renovables.

Pero el impacto puede llegar al ciudadano de manera indirecta: más actividad industrial, empleo y demanda de materias primas en las provincias productoras, pero también una eventual concentración del negocio si las empresas más grandes terminan capturando una parte mayor del mercado.

Además, el proyecto establece un tratamiento impositivo particular para los biocombustibles y prevé que los impuestos específicos sobre combustibles alcancen al componente fósil de la mezcla.

La pregunta que queda para Entre Ríos

Entre Ríos es una provincia productora de granos y cuenta con actividad vinculada a los biocombustibles. Por eso, el aumento obligatorio de los cortes podría representar una oportunidad para agregar valor a la producción local.

Pero también aparece el interrogante que atraviesa toda la discusión:

¿el nuevo régimen permitirá que una mayor parte de ese negocio quede en las provincias productoras como Entre Ríos o terminará fortaleciendo principalmente a los grandes polos agroindustriales de Santa Fe y Córdoba?

La respuesta dependerá de cómo quede finalmente la ley, de las reglas que establezca la autoridad de aplicación y de cómo se distribuya el mercado entre las grandes empresas y las plantas pequeñas y medianas.

Por ahora, lo que aprobó el Senado es un nuevo escenario: habrá más biocombustibles obligatoriamente incorporados a los combustibles tradicionales y, con ello, un negocio que crecerá. La discusión para Entre Ríos es quién tendrá la posibilidad de quedarse con una parte de ese crecimiento.