Ordenaron clausurar la planta de efluentes del Parque Industrial por contaminación en Gualeguaychú

La Justicia Federal ordenó la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), luego de más de un año de investigación y de una sucesión de pericias que detectaron irregularidades en los líquidos que eran volcados desde el complejo industrial.

La medida fue dispuesta por el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, a pedido del fiscal Pedro Rebollo. Según pudo reconstruir Diario El Enfoque a partir de la resolución judicial conocida esta semana y de las declaraciones posteriores del magistrado, la decisión se tomó luego de que nuevos análisis volvieran a encontrar parámetros contaminantes por encima de los valores permitidos.

La clausura es preventiva y no implica el cierre de las industrias instaladas en el parque. Lo que queda impedido es el funcionamiento de la planta común encargada de recibir y tratar sus efluentes. Mientras dure la medida, cada empresa deberá gestionar individualmente sus residuos industriales y cloacales mediante sistemas que garanticen su tratamiento y disposición adecuada.

La ejecución material de la clausura tampoco es inmediata. La resolución debe quedar firme y la administración del Parque Industrial tiene la posibilidad de recurrirla. Viri explicó que, si la decisión es apelada, deberá intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Pericias que volvieron a mostrar valores fuera de norma

La decisión judicial no se apoya en un único análisis. Durante la investigación se realizaron allanamientos, inspecciones y distintas tomas de muestras en la planta, en los efluentes industriales y cloacales, en sectores vinculados al río Gualeguaychú y en cursos de agua próximos al barrio Don Pedro.

Uno de los estudios realizados en noviembre de 2025 no encontró concentraciones significativas de metales pesados en las muestras líquidas examinadas, pero sí registró valores de Demanda Biológica de Oxígeno y coliformes termotolerantes por encima de los parámetros previstos por la normativa provincial. También se detectó Escherichia coli, microorganismo asociado principalmente a contaminación de origen fecal.

El expediente consideró que la presencia de esa bacteria podía otorgar al efluente características comprendidas dentro de las sustancias peligrosas contempladas por la Ley Nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Los controles continuaron y los resultados posteriores volvieron a encender las alarmas.

El propio Viri confirmó este martes que las últimas pericias continuaron arrojando resultados fuera de los límites legales y mencionó presencia de materia fecal, coliformes termotolerantes, Escherichia coli, plomo y otros metales en niveles superiores a los admitidos. Según el magistrado, el último estudio se realizó poco más de un mes antes de que resolviera la clausura.

Es decir, la resolución no se produjo inmediatamente después de la primera denuncia, sino luego de meses de controles, audiencias y compromisos para corregir el funcionamiento de la planta que, de acuerdo con el juez, no consiguieron revertir la situación.

Una planta que no alcanzaba a tratar el volumen recibido

Viri también describió un problema estructural detrás de la situación. La planta recibe los residuos generados por las industrias radicadas en el parque, realiza su tratamiento y posteriormente descarga los líquidos tratados. Sin embargo, según explicó el juez, el crecimiento del Parque Industrial hizo que el volumen recibido terminara superando la capacidad para la cual había sido diseñado el sistema. El resultado fue un funcionamiento insuficiente frente al caudal que debía procesar.

Durante más de un año hubo mesas de trabajo, audiencias y proyectos destinados a modificar y ampliar las instalaciones. Para el juez, sin embargo, el tiempo concedido fue suficiente, y sostuvo que los plazos solicitados por la administración del parque fueron superados ampliamente y que las soluciones comprometidas no llegaron a concretarse mientras los estudios continuaban mostrando resultados irregulares.

Ese punto resulta central para comprender la decisión judicial: la clausura no se dispuso ante una anomalía aislada sino después de un período durante el cual las autoridades judiciales permitieron avanzar con alternativas para normalizar el tratamiento de los efluentes.

El certificado ambiental estaba vencido desde 2021

A las deficiencias detectadas en el funcionamiento de la planta se sumó otra irregularidad administrativa. Viri confirmó que el certificado de aptitud ambiental se encuentra vencido desde 2021.

La habilitación había sido obtenida en 2019 y debía refrendarse dos años después, pero, según señaló el magistrado, la renovación nunca se concretó. El juez remarcó que se trata de un requisito legal para el funcionamiento de la instalación y atribuyó la obligación de mantenerlo vigente a quienes administran el Parque Industrial.

Así, la planta continuó operando durante varios años sin tener actualizado uno de los instrumentos ambientales requeridos para su actividad.

Tres allanamientos y un operativo con 22 muestras

La investigación judicial comenzó formalmente el 11 de julio de 2025, luego de una denuncia presentada por el abogado Ricardo Luciano a partir de cuestionamientos formulados por vecinos y organizaciones ambientales sobre el funcionamiento de la planta.

Desde entonces se realizaron al menos tres allanamientos en el Parque Industrial, además de audiencias y sucesivos estudios ambientales.

En uno de los operativos más importantes, realizado en mayo de este año por el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, se recolectaron 22 muestras y contramuestras de líquidos y suelo.

Durante esa inspección también se constató la existencia de dos sistemas de bypass que, según la información surgida del procedimiento, podrían haber permitido desviar efluentes del circuito habitual de tratamiento. Tres llaves de paso fueron clausuradas y se tomaron muestras en esos sectores para incorporarlas a la investigación.

El procedimiento formó parte de las medidas que luego fueron evaluadas por la Fiscalía y el Juzgado para determinar si los efluentes eran tratados correctamente antes de llegar al ambiente.

Vertidos investigados entre febrero de 2025 y junio de 2026

El requerimiento presentado por el fiscal federal Pedro Rebollo sostiene que la planta habría vertido residuos peligrosos sin tratamiento adecuado en una cantidad indeterminada de oportunidades entre febrero de 2025 y junio de 2026.

La investigación analiza descargas hacia el río Gualeguaychú y la Cañada de Melgar y busca determinar si esos hechos encuadran en una infracción a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

La eventual responsabilidad penal todavía no está resuelta.

Trece personas deberán declarar ante el juez

Junto con la clausura, Viri citó a declaración indagatoria a 13 personas que ocuparon u ocupan cargos dentro de la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y de la administración del Parque Industrial.

Los convocados son Sergio Ramírez, Ernesto Ferrari, Pedro Delfino, Federico Laderach, Javier Tibault, Juan Benedetti, Rafael Núñez, George Tomás Fogg, Baltazar Fernández, Ana Josefina Maya, Rafael Vela, Jorgelina Griselda Farquharson y Mariano Rodríguez.

Las audiencias comenzarán el 16 de septiembre y se extenderán hasta abril de 2027. El primer grupo fue convocado para distintas fechas entre septiembre y diciembre de este año, mientras que las restantes declaraciones se realizarán entre febrero y abril del próximo.

La citación a indagatoria significa que existen elementos suficientes para que esas personas sean formalmente escuchadas en relación con los hechos investigados, pero no equivale a una condena ni a un procesamiento.

Una vez tomadas las declaraciones y analizada la prueba, el juez deberá resolver individualmente si corresponde procesarlas, dictar falta de mérito o sobreseerlas.

Según explicó Viri, uno de los aspectos que deberá determinar la causa es qué responsabilidades concretas tuvo cada integrante de las administraciones investigadas. Las empresas instaladas en el Parque Industrial pagan un canon destinado, entre otras cuestiones, al mantenimiento del predio y al funcionamiento de la planta de tratamiento.

La Justicia había dado tiempo para realizar las obras

El expediente muestra además que antes de la clausura existieron instancias destinadas a encontrar una solución sin llegar al cierre de la planta.

El 23 de abril se realizó una audiencia en la que participaron especialistas, representantes del Parque Industrial, funcionarios municipales, vecinos del barrio Don Pedro y el fiscal Rebollo. Allí se expusieron proyectos y avances previstos para refaccionar el sistema de tratamiento y reforzar los controles sobre las industrias y los cursos de agua.

Sin embargo, cuatro meses después, la Justicia concluyó que la situación no había sido corregida.

Al fundamentar la medida, Viri recurrió a los principios preventivo y precautorio de la legislación ambiental y sostuvo que correspondía intervenir para evitar que el daño continuara o pudiera transformarse en irreversible.

La clausura permanecerá vigente hasta que la planta pueda demostrar que se encuentra en condiciones de funcionar correctamente. No tiene, por lo tanto, una fecha predeterminada de finalización.

Mientras tanto, la resolución ordena realizar controles periódicos sobre la situación ambiental y obliga a las industrias a hacerse cargo individualmente del destino de sus efluentes.

El caso entra ahora en una nueva etapa. Por un lado, deberá resolverse si la clausura queda firme o es revisada por la Cámara Federal. Por otro, desde septiembre comenzarán las indagatorias destinadas a establecer las eventuales responsabilidades de quienes tuvieron a su cargo la administración del complejo durante el período investigado.

Diario El Enfoque, con información de R2820, ERA Verde y declaraciones públicas del juez federal Hernán Viri.