La Corte Suprema le dio un nuevo revés al Gobierno por el financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a cumplir parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795), al rechazar un recurso presentado por el Poder Ejecutivo por considerar que no existía una sentencia definitiva que habilitara su revisión.

De esta manera, el máximo tribunal mantuvo vigente la resolución judicial que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, referidos a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y a la recomposición de distintos programas destinados al estudiantado.

La decisión fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y representa un nuevo revés judicial para el Gobierno Nacional en el conflicto por el financiamiento del sistema universitario.

Un fallo con efecto institucional

Si bien la resolución no genera un impacto económico inmediato, debido a que el Gobierno ya había suscripto el pasado 10 de junio un acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios universitarios para recomponer salarios y aumentar partidas presupuestarias, el pronunciamiento de la Corte es interpretado como un respaldo a la aplicación de la ley mientras continúa la discusión de fondo.

A través de ese acuerdo, el Ejecutivo se comprometió a otorgar una recomposición del 24,33% sobre la masa salarial, incrementar en un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades y elevar hasta 50.000 millones de pesos las partidas destinadas a hospitales universitarios.

Cómo comenzó el conflicto

La causa se originó a partir de un amparo colectivo promovido por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades públicas, quienes cuestionaron la constitucionalidad del Decreto 759/2025.

Mediante ese decreto, el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la previa determinación de las fuentes específicas de financiamiento.

En primera instancia, y luego ratificada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la Justicia ordenó como medida cautelar que el Estado aplicara inmediatamente los artículos vinculados a la actualización salarial y a la recomposición de programas estudiantiles.

Los jueces entendieron que el Gobierno no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades y advirtieron que el incumplimiento podía provocar un deterioro salarial con consecuencias directas sobre el derecho a enseñar y aprender.

La causa sigue abierta

Antes de esta resolución, el Gobierno también había intentado apartar a los jueces que intervinieron en el expediente e incluso pidió la excusación de los integrantes de la Corte Suprema argumentando que ejercen la docencia universitaria. Todos esos planteos fueron rechazados.

Con la decisión conocida este jueves, la Corte únicamente resolvió sobre la cautelar y dejó firme la obligación del Estado de cumplir esos dos artículos de la ley mientras continúa el trámite principal del expediente, donde aún deberá definirse la constitucionalidad del Decreto 759/2025 y el alcance definitivo de la Ley de Financiamiento Universitario.