Reforma previsional: especialistas alertaron en el Senado que una reforma podría generar una “catarata de juicios”

Representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Asociación de la Magistratura expusieron ante senadores provinciales y advirtieron sobre los riesgos de modificar derechos previsionales sin criterios de gradualidad y sustentabilidad.

La discusión sobre la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Entre Ríos sumó este miércoles nuevas voces técnicas en el Senado provincial. Durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, especialistas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Asociación de la Magistratura expresaron reparos sobre algunos puntos del proyecto y alertaron sobre el riesgo de una futura judicialización masiva.

Uno de los principales planteos estuvo vinculado a la necesidad de evitar cambios abruptos en los regímenes especiales y en la fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios, debido a las posibles consecuencias legales y financieras para la Provincia.

Advierten sobre el impacto de los litigios

El contador Lisandro Tomé sostuvo que cualquier modificación que reduzca la capacidad del haber jubilatorio para mantener las condiciones de vida del trabajador podría derivar en una ola de demandas judiciales.

“Si hacemos un cálculo inicial que no te mantiene las mismas condiciones de vida que venías teniendo en actividad, cada jubilado equivale a un juicio”, advirtió.

Durante su exposición también describió el desequilibrio que, según indicó, existe entre la Caja de Jubilaciones provincial y la ANSES en materia de reciprocidad previsional.

“Estamos cuatro a uno con Anses. Cada cuatro reconocimientos que vienen de la Nación para la Caja se va uno para otro sistema. No hay una transferencia efectiva de fondos en los últimos diez años”, señaló.

Piden gradualidad en los cambios al régimen docente

Por su parte, la contadora María Lorena Gerard puso el foco en el régimen previsional docente y planteó que cualquier modificación debe aplicarse de manera progresiva.

Respecto de la eliminación del beneficio conocido como “3x1”, consideró que la derogación podría ser razonable, aunque reclamó que se implemente de forma gradual.

“Así como las edades jubilatorias se incrementan progresivamente, también debería buscarse una transición para otros cambios”, sostuvo.

Además, propuso brindar mayor claridad a los mecanismos de prorrateo cuando los años de servicio frente a alumnos no sean exclusivamente docentes.

El temor a futuras declaraciones de inconstitucionalidad

Otro de los aspectos analizados fue la actualización de los haberes jubilatorios. El representante de la Asociación de la Magistratura, Alejandro Cánepa, consideró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sería el parámetro más sólido desde el punto de vista constitucional para evitar futuras impugnaciones judiciales.

Sin embargo, reconoció que la situación financiera de la Caja podría dificultar la aplicación de ese esquema y sugirió explorar mecanismos alternativos agrupando distintos sectores de la administración pública.

“Santa Fe y Córdoba están llenas de juicios”

Uno de los momentos más contundentes del debate se produjo cuando Cánepa fue consultado sobre las consecuencias de reformas previsionales implementadas en otras provincias.

El especialista mencionó los antecedentes de Santa Fe y Córdoba y sostuvo que los costos derivados de los litigios terminaron siendo más elevados que los beneficios económicos buscados inicialmente.

“Santa Fe está lleno de juicios; Córdoba igual. Las consecuencias o la forma de reparar políticamente ese desajuste fue muchísimo más caro”, afirmó.

Reclaman estudios actuariales

Durante la reunión también se planteó la necesidad de respaldar cualquier reforma con estudios actuariales propios que permitan evaluar su viabilidad a largo plazo.

En ese sentido, Gerard explicó que ese tipo de análisis debe ser realizado por especialistas en actuariado y remarcó la importancia de contar con proyecciones técnicas que permitan determinar si las modificaciones propuestas garantizan la sustentabilidad del sistema.

Los expositores coincidieron en que la reforma debe buscar el equilibrio entre la necesidad de sanear las cuentas previsionales y la obligación de respetar principios constitucionales, evitando generar nuevos conflictos judiciales que terminen incrementando los costos para el Estado.

Diario El Enfoque, con información de APF Digital