¿Por qué quieren cambiar una ley recién sancionada? Buscan modificar la ley de concesiones y crece el debate sobre salud, educación y seguridad

Menos de dos semanas después de que el gobernador Rogelio Frigerio promulgara la Ley N.º 11.280, que regula el nuevo régimen de concesiones de Entre Ríos, el mismo oficialismo impulsa modificar uno de sus artículos más sensibles. La iniciativa reabrió el debate sobre los límites de la participación privada en áreas vinculadas a la salud, la educación, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario.

La polémica gira en torno al artículo 5° de la norma, uno de los puntos más sensibles del texto aprobado por la Legislatura. En su redacción vigente, ese artículo excluye expresamente de cualquier modalidad de concesión, delegación, privatización o transferencia a terceros a la educación pública, la salud pública, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario.

Sin embargo, el proyecto presentado recientemente propone reemplazar esa prohibición por una fórmula distinta: permitir concesiones de actividades y funciones esenciales, manteniendo para el Estado la titularidad, la potestad regulatoria y las facultades de fiscalización.

La diferencia parece técnica, pero para sus críticos modifica el espíritu mismo de la ley.

Una pregunta que incomoda

Más allá de la discusión jurídica, la principal pregunta que comenzó a instalarse en el debate público es otra:

¿Por qué modificar una ley que fue sancionada y promulgada hace apenas unos días?

El interrogante atraviesa tanto los cuestionamientos de la oposición como los análisis de especialistas que observaron el cambio de criterio legislativo.

Durante el tratamiento original de la ley, el oficialismo defendió el texto finalmente aprobado. Ahora, parte de esos mismos sectores impulsan una modificación sobre uno de los artículos centrales de la norma.

La situación alimenta dudas respecto de cuál fue el verdadero alcance del debate parlamentario que precedió a la sanción de la ley y qué razones concretas justifican un cambio tan rápido.

La advertencia de quienes rechazan la reforma

Los sectores que se oponen a la modificación sostienen que el nuevo texto elimina una barrera legal que hoy impide cualquier intento de concesionar áreas consideradas estratégicas.

Según esta postura, mientras el artículo vigente establece una prohibición expresa, la nueva redacción habilita la posibilidad de transferir la gestión de determinadas actividades a terceros, aun cuando el Estado conserve formalmente la titularidad y el control.

Desde esta mirada, la diferencia entre titularidad y gestión resulta fundamental.

Quienes cuestionan el proyecto señalan que administrar un hospital, dirigir una escuela, gestionar una cárcel o intervenir en procesos vinculados a la seguridad implica tomar decisiones concretas que afectan derechos fundamentales de la población.

Por eso sostienen que determinadas funciones no pueden ser tratadas como simples servicios concesionables.

La defensa que podría plantear el oficialismo

Desde el otro lado del debate, el argumento central es que la reforma no implica privatizar servicios públicos esenciales, sino dotar al Estado de herramientas más flexibles para gestionar determinadas actividades.

La posición oficialista podría resumirse en una idea: una cosa es la titularidad de una función pública y otra distinta es la prestación de determinados servicios vinculados a ella.

Bajo esa lógica, el Estado seguiría definiendo políticas, regulando, controlando y fiscalizando, mientras que determinadas tareas podrían ejecutarse mediante esquemas de concesión o participación privada.

Los defensores de este criterio suelen sostener que la modernización administrativa exige modelos más dinámicos, especialmente en áreas donde los costos operativos son elevados y la estructura estatal enfrenta dificultades de gestión.

El verdadero debate

La discusión de fondo no parece limitarse a una cuestión jurídica.

Lo que está en juego es una definición sobre el papel que debe ocupar el Estado.

¿Debe gestionar directamente todos los servicios vinculados a derechos esenciales?

¿O puede reservarse la conducción y el control, permitiendo que determinadas actividades sean desarrolladas por terceros?

Las respuestas dividen a especialistas, dirigentes políticos y sectores de la sociedad.

Lo que resulta indiscutible es que la modificación propuesta cambia el criterio adoptado por la propia Legislatura hace apenas semanas y reabre un debate que parecía cerrado.

Más allá de las mayorías legislativas

La iniciativa también vuelve a poner sobre la mesa una discusión más amplia sobre el funcionamiento institucional.

Las mayorías legislativas tienen la facultad de aprobar leyes y modificarlas. Sin embargo, cuando una norma recién sancionada es revisada casi de inmediato, surgen preguntas legítimas sobre las razones políticas, administrativas o económicas que impulsan ese cambio.

En ese contexto, el debate excede los tecnicismos legales y se traslada a una cuestión central para la ciudadanía: conocer qué funciones del Estado podrían quedar alcanzadas por futuras concesiones y cuáles son los límites que el sistema democrático está dispuesto a establecer.

Porque si algo dejó en evidencia esta polémica es que la discusión ya no gira solamente alrededor de una ley.

La pregunta que comenzó a instalarse es mucho más profunda: ¿hasta dónde debe llegar el Estado y hasta dónde pueden llegar los privados en la prestación de servicios esenciales?