Mientras cae el poder adquisitivo, el Municipio sale a buscar construcciones no declaradas para ampliar la recaudación

La Municipalidad de Concordia puso en marcha un proceso de regularización de inmuebles que, detrás del discurso de “ordenamiento urbano” y “equidad tributaria”, abre inevitablemente otro debate: si se trata de una política de planificación o de un nuevo mecanismo de presión fiscal en medio de una situación económica cada vez más delicada para los vecinos.

La gestión municipal anunció que detectó más de 1.000 inmuebles que figuran como baldíos pero poseen construcciones y mejoras no declaradas, lo que equivaldría a unos 250.000 metros cuadrados incorporados fuera del sistema formal de registro.

El dato no es menor. En términos concretos, significa que existe una importante cantidad de propiedades que hoy tributan menos de lo que correspondería según la superficie realmente edificada. Y allí aparece el verdadero corazón político y económico de la medida: ampliar la base tributaria sin necesidad de anunciar un aumento generalizado de tasas.

Aunque el comunicado oficial insiste en conceptos como “transparencia”, “equidad” y “planificación urbana”, el trasfondo también revela una necesidad fiscal evidente en un contexto donde los municipios atraviesan fuertes tensiones financieras, caída del consumo y menor circulación económica.

Más metros declarados, más recaudación

Desde la Municipalidad sostienen que contar con información precisa permitirá proyectar mejor redes de agua, cloacas, alumbrado y servicios públicos. Sin embargo, hacia afuera, el operativo también puede ser leído como un sinceramiento catastral con impacto directo en futuras boletas municipales y provinciales.

Y allí aparece el punto más sensible.

La medida llega en un escenario donde buena parte de los vecinos viene afrontando aumentos en servicios, inflación acumulada, caída del salario real y dificultades para sostener impuestos y tasas. En ese marco, cualquier actualización que derive en mayores cargas tributarias corre el riesgo de ser percibida más como una avanzada recaudatoria que como una política de modernización administrativa.

El propio texto oficial deja entrever el endurecimiento potencial del procedimiento cuando advierte que, en caso de incumplimiento, el Municipio podría avanzar con “determinaciones de oficio sobre base presunta”, es decir, estimaciones unilaterales para calcular superficies y tributos.

Ese párrafo, aunque redactado en lenguaje técnico, probablemente sea el que genere mayor inquietud entre contribuyentes.

La duda que ya circula entre vecinos: ¿grandes evasores o ampliaciones familiares?

La administración local intenta, además, blindar políticamente el operativo mediante la participación de colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra. La incorporación de relevadores externos busca otorgarle respaldo técnico y evitar que el proceso quede asociado exclusivamente a inspectores municipales o a un esquema de persecución fiscal.

No obstante, la discusión de fondo ya empezó a instalarse: si el Municipio está corrigiendo una histórica informalidad urbana o si, en realidad, salió a buscar recursos en propiedades particulares frente a la necesidad de fortalecer la recaudación.

Porque más allá del lenguaje institucional, la conclusión es inevitable: si esos 250.000 metros cuadrados pasan a tributar formalmente, el impacto económico para las arcas municipales será significativo.

Allí aparece uno de los puntos más delicados del operativo. Porque socialmente no tendrá el mismo impacto descubrir grandes propiedades con importantes metros sin declarar que avanzar sobre familias que, durante años, ampliaron sus viviendas de manera informal para resolver necesidades habitacionales sin poder afrontar costos técnicos, planos o trámites municipales.

Ese matiz puede terminar definiendo buena parte de la percepción social de la medida y también su eventual costo político.

La línea fina entre el ordenamiento y la presión tributaria

También queda por verse cómo se implementará el operativo en la práctica y sobre qué sectores recaerá con mayor fuerza. No es lo mismo detectar grandes construcciones sin declarar en sectores de alto poder adquisitivo que regularizar ampliaciones menores realizadas en barrios populares o sectores medios golpeados por la crisis.

Por ahora, la gestión municipal eligió presentar la iniciativa como una política de ordenamiento y responsabilidad ciudadana. Pero en la calle, donde el bolsillo pesa más que los discursos técnicos, la discusión probablemente pase por otra pregunta mucho más concreta: si esto apunta realmente a planificar la ciudad o simplemente a recaudar más en tiempos de crisis.

Qué informó oficialmente el Municipio

La Municipalidad indicó que el operativo comenzará con relevamientos territoriales a partir de la semana del 18 de mayo y que estará a cargo de profesionales designados por colegios de arquitectos, ingenieros y maestros mayores de obra.

Según se informó oficialmente, fueron detectados más de 1.000 inmuebles con mejoras no declaradas, equivalentes a unos 250.000 metros cuadrados incorporados fuera del padrón formal.

El Municipio sostuvo que el objetivo es “adecuar la información catastral y tributaria a la realidad edilicia de la ciudad” y advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse determinaciones de oficio previstas en el Código Tributario.