Nueva ley de discapacidad: el Gobierno endurece el acceso y recorta beneficios

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley que propone modificar de manera profunda el sistema de pensiones y prestaciones para personas con discapacidad. Aunque el texto se presenta como una herramienta para combatir el fraude, en los hechos implica un cambio de fondo: menos cobertura, más requisitos y mayor control estatal.

Un cambio de lógica

Hasta ahora, la política de discapacidad en Argentina se había movido (con limitaciones) hacia un modelo de ampliación de derechos. Es decir, más personas podían acceder a prestaciones bajo una mirada que no solo consideraba lo médico, sino también las condiciones sociales.

El nuevo proyecto rompe con ese enfoque.

La iniciativa vuelve a un esquema más restrictivo: redefine quién puede acceder, endurece los requisitos y pone el foco en verificar antes que en incluir. En otras palabras, el sistema deja de estar pensado para ampliar cobertura y pasa a estar diseñado para filtrar beneficiarios.

El trasfondo: el gasto público

Detrás de los cambios hay una clave central: el ajuste.

El reempadronamiento obligatorio, la posibilidad de suspender pensiones de forma preventiva y la eliminación de beneficios adicionales apuntan a un mismo objetivo: reducir el gasto del Estado.

En este sentido, el proyecto se alinea con la política general del Gobierno, que prioriza el equilibrio fiscal por sobre la expansión de políticas sociales.

Qué cambia en la práctica

Si la ley se aprueba, las personas con discapacidad enfrentarán varias modificaciones concretas:

Tendrán que reinscribirse obligatoriamente para no perder la pensión

Podrán sufrir suspensiones ante inconsistencias administrativas

Cobrarán un monto atado al 70% de la jubilación mínima

No podrán tener empleo formal y mantener el beneficio

Este último punto es uno de los más sensibles: quien consiga trabajo registrado perdería automáticamente la pensión.

Trabajo e inclusión: una contradicción

Uno de los objetivos históricos en materia de discapacidad es la inclusión laboral. Sin embargo, el nuevo esquema genera el efecto contrario.

Al hacer incompatible el empleo con la pensión, se crea un dilema:

o se trabaja

o se mantiene la ayuda estatal

Esto puede desalentar la inserción laboral y reforzar la dependencia del sistema, en lugar de promover autonomía.

Un sistema más desigual

El proyecto también modifica el funcionamiento de las prestaciones de salud.

Al eliminar el nomenclador (que fija valores de referencia) y permitir negociaciones individuales entre obras sociales y prestadores, el sistema se vuelve más flexible, pero también más desigual.

Esto podría traducirse en:

diferencias en la calidad de atención

menor previsibilidad para profesionales

más dificultades para acceder a ciertos tratamientos

Un debate que recién empieza

La iniciativa llega en un contexto político tenso y abre un debate de fondo:
¿la discapacidad debe abordarse como un derecho que el Estado garantiza o como un gasto que debe ser controlado?

El proyecto del oficialismo se inclina claramente por lo segundo.

Ahora será el Congreso el que tenga la última palabra, en una discusión que no solo es técnica, sino profundamente política: define qué tipo de protección social tendrá uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

En síntesis

Más allá del discurso contra el fraude, la propuesta implica un giro:

de inclusión a control

de derechos a requisitos

de cobertura amplia a sistema restringido

Y eso, en la práctica, puede cambiar la vida de miles de personas.